Argentina

Análisis. Generalizaciones y visiones distorsionadas que entrañan riesgos

En una imagen algo distorsionada, el Gobierno presenta la nueva versión del cepo exportador como el fruto de un acuerdo con la actividad. Si bien la industria frigorífica exportadora, en términos institucionales se acomodará al nuevo escenario, la producción sigue ubicándose por fuera de ese cuadro.

El presidente Alberto Fernández logra sumar puntos frente a los accionistas mayoritarios de la coalición oficialista al exhibirse con gestos y acciones duras frente a una actividad que tiene poco peso electoral. En las últimas semanas se está alejando cada vez más de aquel candidato que en 2019 proponía dejar atrás la página del conflicto con el campo. En diferentes apariciones públicas habló de la existencia de “agrotóxicos” y que no podía haber “tierras improductivas”. Pocos días después de esta declaración se sucedieron dos hechos de usurpación, uno en Santa Fe, que fue desactivado, y otro en el Chaco, que sigue en discusión.

Si hay “tierras improductivas” lo es más por quienes dejan de producir porque pierden plata: es tan simple como eso. Lo están advirtiendo en la Federación Agraria Argentina que esto sucede en las economías regionales que enfrentan costos de producción crecientes y precios inadecuados. También lo están notando las inmobiliarias rurales que advierten un nuevo movimiento en el mercado de campos por quienes ponen sus establecimientos en venta porque deciden irse del país (ver página 3). En otras palabras, no es por una cuestión especulativa que, eventualmente, haya tierras sin producir. Además, la Constitución consagra el derecho de propiedad privada.

Por otra parte, si hay algo que ha demostrado un dinamismo notable en la producción agropecuaria es el mercado de arrendamiento de campos. En el caso de la agricultura extensiva se calcula que más del 50% se realiza en tierras alquiladas.

Respecto del uso del término “agrotóxicos”, en vez de fitosanitarios, el Presidente parece haber olvidado que dentro del estado nacional existe el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) encargado de aprobar el registro de productos de síntesis química, determinar su grado de toxicidad y establecer las reglas de comercialización, aplicación y uso. Aunque en la industria no le respondieron públicamente, los productores, otra vez, alertaron sobre la gravedad de los dichos presidenciales.

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, dijo a LA NACION que la frase presidencial significa “desconocer el proceso técnico que hay detrás de la fabricación y aplicación de los fitosanitarios, sumado al control de los organismos estatales. Es decirle a los productores ustedes hacen todo mal”. Y destacó: “quiere minar todavía más en la opinión pública sobre el campo”.

Este vuelco del Presidente hacia las posiciones extremas va ganando espacio en los organismos del Estado. Con motivo de celebrarse el día mundial en contra del trabajo infantil, establecido por las Naciones Unidas, el 12 del actual, en la cuenta oficial del INTA, en la red social Twitter, se escribió que “tres cuartas partes del trabajo infantil sucede en el sector agropecuario o en actividades rurales. Hay cierta tolerancia social que lo enmascara como actividad familiar”. Sin embargo, según datos de 2017 del “Proyecto Offside” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que trabaja para erradicar el trabajo infantil en la Argentina de los 760.000 niños afectados, un tercio corresponde al sector agropecuario. Como sea, cualquier número es preocupante y grave. Pero la generalización poco contribuye para erradicar este flagelo. Instituciones como la Uatre y la OIT y cadenas productivas como las de arándanos, el tabaco, el azúcar y el algodón, entre otras, están haciendo cosas concretas para terminar con el trabajo infantil.

Por supuesto, hay mucho más por hacer. Pero en el que se supone que debe ser el organismo principal para la promoción de la tecnología agropecuaria están decididos a tomar un camino ideológico en vez de apuntar a las soluciones concretas. Y más allá del ruido de las redes sociales, en la OIT hay información precisa sobre qué se considera y qué no se considera trabajo infantil. Fundamentalmente se busca que no resten ni un minuto de su tiempo a la escolaridad y al esparcimiento ni realicen nada que los ponga en riesgo.

El riesgo de las generalizaciones y distorsiones puede presentarse en términos económicos en un mundo donde el proteccionismo apela a los argumentos ambientales para fijar barreras al comercio.

La próxima cumbre sobre sistemas alimentarios que se va a llevar adelante en el marco de las Naciones Unidas puede ir en esa dirección si prevalece la mirada sesgada de algunas ONG y gobiernos europeos. La propia Cancillería y el Ministerio de Agricultura están llevando adelante talleres con el sector privado para mostrar en los foros internacionales las características de la producción argentina. Como el resto de los países del Mercosur y gran parte de América Latina y el Caribe aporta más a la biodiversidad de lo que en diversos foros se quiere presentar.

La Argentina es líder en las prácticas de agricultura conservacionista con la siembra directa como paradigma central. Y, al mismo tiempo, las transformaciones de la agricultura digital están llevando, cada vez más, a un reducido uso de los insumos.

La posibilidad de establecer medidas para arancelarias con el pretexto ambiental es concreta. Con parámetros claros e información objetiva, lejos de las imágenes distorsionadas, esta tendencia se aleja. El agro tiene mucho para mostrar

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