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El Senado de EEUU ratificó a la elegida de Trump para la Corte Suprema

La nueva jueza conservadora sucede al ícono progresista y feminista Bader Ginsburg.

La nueva jueza conservadora sucede al cono progresista y feminista Bader Ginsburg.


El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, confirmó este lunes el nombramiento de la candidata del presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, como nueva integrante de la Corte Suprema en el lugar dejado vacante por el reciente fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

La designación fue formalizada con 52 votos a favor y 48 en contra, y de ese modo quedó despejado el camino para que Barrett jurara el cargo esta misma noche en la Casa Blanca, informaron la televisora CNN en Español y la agencia de noticias AFP.

Detrás de su rival Joe Biden en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo, el mandatario republicano había designado a Barrett, una ferviente católica conservadora de 48 años, para suceder al ícono progresista y feminista Bader Ginsburg.

Trump contaba con la confirmación de Barrett para satisfacer a su base electoral. Será el tercer juez conservador que eleva durante su mandato a la máxima instancia judicial y fuente de jurisprudencia de Estados Unidos.

Los demócratas denunciaron la voluntad del presidente de llevar adelante una nominación tan fundamental -los jueces son nombrados de por vida-, tan cerca de la votación del 3 de noviembre, pero no tenían herramientas para frenarla.

Los republicanos tienen mayoría en el Senado, al menos hasta los comicios de noviembre, donde además del presidente, los estadounidenses renovarán también parte del Congreso.

En una inusual sesión de fin de semana, los senadores barrieron, con 51 votos contra 48, un último obstáculo en el procedimiento para limitar la duración de los debates.

Ello abrió la vía a un voto solemne en el plenario de esta noche para la candidatura de Barrett, ya aprobada en la comisión encargada.

"Tendremos una nueva miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos", dijo anoche el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, acabando con los llamados de los demócratas de esperar los resultados de la elección general.

Los republicanos "supervisan el proceso más partidista, más hipócrita, menos legítimo en la historia de las nominaciones a la Corte Suprema", dijo por su parte el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Schumer recordó que el mismo McConnell se había negado en 2016 a permitir las audiencias de un juez nombrado por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, con el pretexto de que las elecciones estaban muy cerca.

El campo oficialista se aglutinó detrás de la elegida por Trump.

Aunque dos senadoras republicanas manifestaron su oposición a la velocidad con que se lleva el proceso de nominación de Barrett, una de ellas, Lisa Murkowski, anticipó el fin de semana que eso no impediría votar a favor de la magistrada.

"Perdí la batalla de procedimientos", pero "no tengo nada en contra de ella como persona", dijo.

El ascenso de la jueza Barrett modificará considerablemente el equilibrio del alto tribunal, que ahora tiene una mayoría conservadora de seis magistrados contra tres más progresistas.

Esta madre de siete niños opuesta al aborto podrá, salvo un imprevisto, participar de su primera audiencia desde el 2 de noviembre, la víspera de la elección presidencial.

Por lo tanto teóricamente podría tener que pronunciarse si la corte llegara a evaluar eventuales recursos contra los resultados del escrutinio en unos comicios que definen el futuro político del mandatario que la designó en el puesto.

Los demócratas advirtieron que Barrett terminaría votando para desarticular la ley de salud conocida como Obamacare, que ayudó a millones de estadounidenses a obtener un seguro médico, y tal vez contribuiría a anular la ley del caso Roe contra Wade, que representa la histórica decisión aprobada en 1973 para protege el derecho al aborto.

La Corte Suprema debe de hecho examinar el 10 de noviembre un recurso contra esa ley emblemática del expresidente demócrata, sobre la cual la jueza expresó sus reservas en el pasado.

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