Argentina

Los militares, la defensa y la seguridad: no confundir los roles específicos

En el debate producido recientemente por la presentación de un nucleamiento de militares y policias retirados, más allá de las controversias políticas suscitadas hay aspectos de fondo a los que queremos dedicar estas líneas. En primer lugar, a propósito de la noción de “seguridad integral”, que desdibuja los límites entre la defensa nacional y la seguridad pública.

El concepto de “Seguridad Integral” no es, en realidad, propio de los “países más avanzados en materia de defensa”, como se sostiene. Es un concepto en vigencia en determinados países latinoamericanos, fundamentalmente los países andinos, México y Centroamérica, en los cuales se tiende a involucrar de modo permanente a las Fuerzas Armadas en seguridad pública, fundamentalmente en la lucha contra el delito organizado.

Como consecuencia, entre otros antecedentes más remotos, de la Guerra Fría, la mayoría de los países latinoamericanos se caracteriza por poseer Fuerzas Armadas con misiones muy amplias: además de la defensa nacional, participan en diversos grados en la seguridad pública, así como “en el desarrollo del país”, gestionando empresas, y dirigen los sistemas de inteligencia militar y también civil.

En materia de amplitud de la misión militar, pero fundamentalmente de gestión de la seguridad pública, se destacan México, Colombia -con un prolongado conflicto interno hoy disminuido por el acuerdo de paz con las FARC-EP- Honduras, El Salvador (no en la normativa, pero sí en la práctica), Guatemala, Bolivia, Venezuela, Perú y Paraguay.

De las nombradas, México, Colombia, Honduras y El Salvador se han destacado por la intensidad del aludido empleo, y han sido y son objeto regular de críticas por su situación en derechos humanos por las organizaciones internacionales en la materia.

En cambio, Argentina y Chile son los países con menor amplitud de la misión militar y menor intervención militar en la seguridad pública.

El empleo permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad pública se ha traducido invariablemente en un incremento de la violencia. Los cuatro países aludidos se encuentran entre los primeros puestos en la estadística de homicidios (Insight Crime, 2019). No casualmente, Argentina y Chile son los países con menor índice.

Argentina y Chile son también los países latinoamericanos en los cuales el control civil de las Fuerzas Armadas ha alcanzado mayor desarrollo.

En el caso argentino, a partir de las Leyes Nª 23.554 de Defensa Nacional y Nº 24.059 de Seguridad Interior, y en Chile, a partir de las reformas constitucionales que desmontaron la estructura heredada del gobierno militar y de la Ley Nº 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa, que fortaleció el aludido control. En ambos casos, no poseen funciones significativas en seguridad pública.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas controlan la seguridad pública y la actividad de inteligencia, constituyendo “factores de poder” con cuya aquiescencia es preciso contar. Mientras en algunos países esa influencia es ejercida con prudencia, en otros -Bolivia, Honduras, el propio Brasil- se hace más que evidente.

Pero la “seguridad integral” ¿produce resultados positivos en seguridad pública? México es un caso de análisis, donde el control civil es inexistente -carece de ministerio de Defensa, contando con ministerios militares- empleando integralmente a sus Fuerzas Armadas, incluyendo sus organismos de inteligencia, en la lucha contra el delito organizado. Su fuerza de seguridad federal, es la Guardia Nacional, bajo conducción y supervisión militar.

La creciente militarización de la seguridad pública, lejos de concluir con el delito, lo mantiene plenamente vigente, pero la violencia continúa en espiral: asesinatos, saqueos, violaciones, desapariciones, etc. Hechos atribuidos habitualmente al delito organizado, investigaciones encaradas por organismos de derechos humanos (Open Society Initiative, 2016, WOLA, 2017, Amnesty International, 2018, entre muchos otros) pusieron de manifiesto que además, e incluso en mayor grado, tales hechos provenían de personal militar.

No se trata aquí de demonizar a nadie. Las Fuerzas Armadas han sido y son concebidas fundamentalmente para la guerra, no para la seguridad pública. En Estados Unidos continúa vigente la Posse Comitatus Act, que desde 1878 veda el empleo de las Fuerzas Armadas en función policial en territorio estadounidense. Ningún “país avanzado” emplea de modo permanente a las Fuerzas Armadas en función policial en su territorio.

Argentina ha logrado con mucho esfuerzo relaciones civiles-militares adecuadas, ha superado el pasado, mira el futuro. Sólo necesita reconstruir las capacidades de sus Fuerzas Armadas. No necesita, por cierto, retroceder.

José Manuel Ugarte es Doctor en Derecho y profesor de la UBA. Corredactor de las Leyes Nº 23.554 de Defensa Nacional y Nº 24.059 de Seguridad Interior

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