Argentina

Quita de fondos a la Ciudad: ahora el Gobierno mira a la Corte Suprema y espera un aval

"La Corte (Suprema de Justicia) quiere que esto lo resuelva la política". La sentencia, de un estrecho colaborador de Alberto Fernández, explica en buena medida la estrategia que desplegó el Gobierno en torno al proyecto que se aprobó este lunes en Diputados para fijar los fondos que le corresponden a la Ciudad por el traspaso de la Policía porteña dispuesto por Mauricio Macri en 2016. Y también revela la confianza que hay en el oficialismo de que, de mínima, el Alto Tribunal no fallará contra los intereses de la Casa Rosada ante la demanda que interpuso Horacio Rodríguez Larreta a partir de la quita de la coparticipación que decidió el Presidente.

Al igual que ante el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y de Germán Castelli, en el Gobierno hay optimismo respecto a las señales que, según especulan, habría dado la Corte. "A más de dos meses de que Larreta presentara no hubo ni una cautelar ni una definición de fondo, cuando supuestamente es un tema de tanta gravedad institucional. Eso es todo un dato, ¿no?", interpela una de las espadas judiciales en las que Alberto F. más confía.

En efecto, según cálculos que hacen en ambos distritos, el recorte de 1,18 por ciento dispuesto por Alberto F. representa una pérdida diaria para la Ciudad de unos 150 millones de pesos.

Pese a esto, y a que el alcalde porteño se presentó ante la Justicia el 18 de septiembre para pedir la inconstitucionalidad del decreto, el reclamo todavía está pendiente de definición. Fue tiempo suficiente para que, en forma complementaria al decreto de Fernández, el Gobierno nacional enviara un proyecto al Congreso para recortar todavía más los fondos y, de paso, para rodear la medida de consenso político para enviar una señal a los cortesanos. 

Es que, como contó Clarín, desde el Gobierno nacional aseguraron desde un primer momento que incluso la quita de 1,18 (de 3,5 a 2,32% de coparticipación) dispuesta por Fernández era menor a la que correspondía para compensar el aumento de 2,1% dispuesto por Macri cuando le transfirió a la Ciudad el manejo de la Policía Federal que opera en el área. 

Las cuentas que hacen en Nación, que se apoyan en un informe técnico que realizó el equipo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sostienen que el actual 0,92% de coparticipación (que se suma al 1,4% que la Ciudad tenía originalmente) representa una cifra superior a la correspondiente. Y plantea que los gastos por la policía porteña representaron en 2019 apenas un 0,58% de coparticipación. De ahí que en Nación insisten en señalar que en los últimos cuatro años el Estado nacional le transfirió más de 100 mil millones de pesos de más a Ciudad por este concepto.

Desde la administración porteña niegan enfáticamente estos cálculos, refrendan que "no se recibió ni un peso de más" y como muestra de ello presentan las rendiciones de gastos que se hicieron en los últimos cuatro años ante la Comisión Federal de Impuestos, que muestran que el gasto en Seguridad fue superior a los fondos recibidos por Nación.

Más allá de que interpretan como una "señal" que la Corte no haya acelerado el trámite de la demanda, en el Gobierno admiten que el fallo podría incluir una concesión para la Ciudad, incluso cuando probablemente salga una vez que ya esté aprobada la ley que establece una suma fija en lugar de un porcentaje de coparticipación. 

En ese sentido, entienden en la Casa Rosada que el Alto Tribunal podría objetar que la quita se haya hecho a mitad de año, cuando había un Presupuesto vigente acordado, no sólo a nivel nacional sino también en el ámbito porteño. En ese caso, Nación debería restituir unos 13 mil millones de pesos.

Si, como sugiere el Gobierno, la Corte quiere que el tema lo resuelva la política, la aprobación con cambios del proyecto en Diputados estira un poco más la definición. La cifra que figuraba en el texto original -$24.500 millones- fue eliminada y se rediscutirá durante 60 días en el marco de una comisión. Siempre, claro, que el Senado confirme las modificaciones y la tropa que responde a Cristina Kirchner no insista con el proyecto que ya validó días atrás.

La Ciudad observa con escepticismo los cambios. En principio, porque si bien sube a las autoridades porteñas a una mesa de negociación formal, el texto no contempla con qué herramientas podrá afrontar esa negociación. Luego, también, por el dilema que podría implicar si avala con su presencia en esa discusión la validez de una ley que ya se preparaba para impugnar. 

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