La Justicia de Río Cuarto ordenó al gobierno de San Luis a levantar las restricciones para la circulación de productores y transportistas
La Justicia de Río Cuarto ordenó al gobierno de San Luis a levantar las restricciones para la circulación de productores y transportistas

Tras la presentación de un recurso de amparo por parte de la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, y la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero Nº 158 de Achiras, por las restricciones que existen para ingresar a la provincia de San Luis en medio de la cuarentena, el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, dio curso a la medida cautelar y ordenó al gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá para que arbitre los medios necesarios para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional Nro. 8, Ruta Provincial Nro. 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la Provincia de Córdoba y San Luis.

En la resolución, se aclara que las personas que circulen por dicha zona, lo deberán realizar con el certificado único habilitante, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 576/20. Además se aclara en la decisión judicial: “Ante la ausencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus, deberá abstenerse la autoridad local de restringir el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos –de los departamentos en los que el suscripto posee jurisdicción y que provengan de las denominadas zonas “blancas”- que acrediten condición para circular en el marco de la norma nacional vigente y en tanto demuestren puntos de conexión con la vecina localidad referidos a propiedades, razones laborales, relaciones familiares, y/o actividades exceptuadas que requieran de su circulación hacia la vecina Provincia de San Luis”.

Otro de los caminos cortados para ingresar a San Luis
Otro de los caminos cortados para ingresar a San Luis

Hay que recordar que la actividad agropecuaria se encuentra exceptuada de la cuarentena, pero desde el inicio del aislamiento obligatorio se habían generado varias situaciones complicadas en algunas provincias por decisiones de gobernadores e intendentes de restringir la circulación de productores, trabajadores rurales y transportistas. En esta nueva etapa de la cuarentena, los conflictos para circular están centrados en Santiago del Estero, Chaco, y la mencionada San Luis.

Javier Quiroga, uno de los abogados que patrocina a las entidades rurales y transportistas, comentó que el fallo judicial, “es ejemplar”, y además señaló: “Ahora la decisión judicial debe ser notificada y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que ofrecer una fianza personal los letrados que hemos patrocinado la acción de amparo, y una vez que presentemos la fianza el Juez nos libra el oficio y hay que hacerla llegar de manera oficial al gobierno de San Luis para que inmediatamente levante las restricciones”.

Los productores y transportistas, ante la Justicia, denunciaron que hay en San Luis “medidas arbitrarias” que los obliga a recorrer 120 kilómetros desde la localidad de La Punilla hasta Santa Rosa del Conlara o Villa Mercedes, para realizar una desinfección exterior de sus vehículos, de dudosa efectividad, con costos exorbitantes en relación a las tarifas de sus fletes y esfuerzos injustificados que producen perjuicios económicos y enorme consumo de tiempo.

También alegaron una contradicción entre la palabra escrita en los protocolos y los requerimientos de entrada en los puestos policiales, cuyas exigencias, requisitos y formularios dependen pura y exclusivamente de la voluntad o criterio del agente de turno al momento del control.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis (@alberto_rsaa)
Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis (@alberto_rsaa)

En la decisión judicial, se expresa: “Un esquema claro de análisis consiste en enfocar el tema traído a decisión judicial, desde la perspectiva más clara en jerarquía normativa, conforme el sistema jurídico argentino y el Estado Federal de Derecho para restaurar la convivencia institucional, que aún la emergencia por pandemia no puede ni debe desconocer, tal como reiteradamente el Poder Ejecutivo Nacional ha señalado en aras de abordar las medidas necesarias con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.

Y agrega: “En consecuencia las restricciones que se ocasionan unilateralmente por la Autoridad Provincial interviniente, en contradicción con las normas nacionales dictadas en el marco de esta emergencia sanitaria, estarían en condiciones de producir un daño concreto a los derechos de los ciudadanos representados por los amparistas, importando un presunto exceso de parte del poder de policía local”.

Fallo de la Justicia de San Luis

Horas después del fallo de la Justicia Federal de Río Cuarto, el Juzgado Federal de la Provincia de San Luis dictó una cautelar mediante la cual sostiene que “son válidas” las medidas que está implementando el gobierno de Alberto Rodríguez Saá. A partir de ahora, la Cámara Federal deberá resolver esta situación.

La resolución judicial de San Luis, sostiene: “Se están realizando controles que están relacionados a la demanda, y dictada en concordancia con lo dispuesto por el Estado Nacional, en el marco de los procedimientos de fiscalización requeridos a las jurisdicciones provinciales. Resulta conjetural el perjuicio que se derivaría por el incumplimiento de las medidas de prevención y protocolos para el ingreso, egreso y circulación en la Provincia, que regulan las normas locales para evitar la propagación del virus en el territorio local”.

Además, el magistrado expresó: “El objetivo es garantizar el derecho a la salud. Hay que preservar la salud pública evitando la propagación del virus, y orientadas las medidas al mantenimiento del actual estatus sanitario epidemiológico que mantiene la Provincia en la comparación con vecinas y restantes provincias del país, pudiendo advertirse, asimismo, que la normativa no impide el ingreso y/o egreso de la Provincia, sino que regula el mismo y la circulación territorial con el requerimiento de protocolos y medidas de prevención”.

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