Argentina

Volver al Estado constitucional de derecho

“El nombramiento de los jueces involucra un proceso complejo que busca asegurar su idoneidad y transparencia"

Juan Martín Mena, secretario de Justicia (Adrián Escandar)
Juan Martín Mena, secretario de Justicia (Adrián Escandar)

En nuestra arquitectura constitucional, el lugar del Poder Judicial es especialmente sensible. Primero, porque, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, sus miembros no son escogidos a través de la elección popular. Segundo, porque es el que tiene la última palabra sobre la ley y la facultad de decidir sobre su aplicación en casos concretos. Esta combinación de situaciones lo convierten en un cuerpo de enorme poder, y es por eso que la Constitución busca rodearlo de una serie de disposiciones que garanticen su imparcialidad y buen desempeño, e impidan tanto que se vuelva un órgano tiránico y ajeno al pueblo como que se torne en una mera herramienta sujeta a la merced del poder de turno.

Por este motivo, el nombramiento de los jueces involucra un proceso complejo que busca asegurar su idoneidad y transparencia. El primer paso es un concurso público que involucra antecedentes y evaluación de conocimientos. El concurso tiene lugar en el Consejo de la Magistratura, organismo conformado por miembros de los tres Poderes, por representantes de los abogados y por un académico. Este cuerpo elabora una terna con los mejores candidatos y la eleva al Poder Ejecutivo Nacional, que selecciona a uno de sus miembros, y lo remite el Senado que decide si presta el acuerdo correspondiente para que, finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional efectúe la designación. En suma, se trata de un mecanismo complejo que tiene como meta garantizar que la selección de quienes deciden sobre la ley responda a una confluencia de voluntades y no a la decisión de una sola persona o grupo.

Si la elección de jueces dependiese, únicamente, del Poder Ejecutivo, las bases de nuestra Constitución se resquebrajarían, y, con ellas, nuestra democracia. El acceso a la magistratura ya no dependería de la sapiencia, sino del favor político. De este modo, el Poder Judicial se convertiría en un instrumento del Gobierno de turno. Con el nombramiento de jueces afines en lugares claves, la Presidencia se aseguraría que la interpretación de la ley siempre le sea favorable. Pero el daño sería aún mayor: a través de la manipulación y de la designación de “amigos” en el fuero Criminal y Correccional Federal, el Gobierno podría propiciar una cacería de opositores que le despejase cualquier inconveniente político.

Esto supondría un doble golpe al orden constitucional. Primero, la Presidencia se apartaría de sus facultades constitucionales para, a través de la subyugación de la Justicia, perseguir sus intereses de modo ilegal. Segundo, la persecución, el encarcelamiento y la difamación de cualquier líder político no funcional al Poder Ejecutivo impediría el diálogo democrático, ya que toda disidencia estaría cercenada, y una gran cantidad de personas —aquellas que no se identifiquen con el Gobierno— carecerían de representación.

En los últimos cuatro años, esta situación dejó el plano hipotético para signar la realidad judicial de nuestro país. A la vez de influir como nunca antes en la labor judicial y remover con métodos mafiosos a magistrados que no eran de su agrado, la avanzada de la gestión anterior sobre la justicia se intentó concretar, por un lado, a través de la transformación de tribunales de competencia ordinaria en tribunales federales y, por otro, mediante el traslado de jueces federales desde sus lugares de origen hacia cargos de mayor influencia política, aun cuando no se ocuparan de la misma materia y jurisdicción.

La conversión de tribunales ordinarios en federales buscó llevarse a cabo a través de la ley 27.307. Esta norma permitía transformar seis Tribunales Orales en lo Criminal Nacional en Tribunales en lo Criminal Oral Federal con mayoría simple del Consejo de la Magistratura y sin acuerdo del Senado. Así, la normativa le permitía al Ejecutivo seleccionar, de entre treinta tribunales ordinarios, los seis que más le convencieran y transformarlos en federales; es decir, en quienes juzgarían a sus opositores políticos.

El intento fue neutralizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en la acordada 4/2018 expresó que transformar tribunales ordinarios suponía una designación encubierta de jueces federales, cuyo proceso de nombramiento está indicado en la Constitución. La Corte afirmó que los nombramientos son para cargos en específico, que los “traslados” constituyen “nuevos nombramientos” y que “solamente al reunirse la voluntad del Senado y del Presidente pueden perfeccionarse los nombramientos de los magistrados judiciales”.

Sin embargo, el núcleo de la cooptación macrista de la Justicia se llevó a cabo a través de traslados no de tribunales, sino de jueces. Magistrados que habían sido designados para realizar tareas específicas en lugares determinados fueron asignados en roles y jurisdicciones diferentes con la mera mayoría simple del Consejo de la Magistratura y un decreto del Presidente. Es decir, por voluntad pura e irrefrenable del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, tras la acordada 4, el ex Ministro Garavano consultó a la Corte por la situación de los traslados individuales. La respuesta se dio en la acordada 7/2018, en la que la Corte expresó que los traslados eran válidos siempre que se tratara de jueces de la misma jurisdicción, de similar competencia material y con la misma función y jerarquía. Si no se cumplía con alguno de estos requisitos, el traslado requería el acuerdo del Senado.

El Consejo de la Magistratura de la Nación, revisó todos los traslados a la luz de la Constitución y de las acordadas 4 y 7 del 2018. De los treinta y ocho traslados, diez habían sido realizados sin los requisitos legales impuestos por la Corte y sin acuerdo del Senado de la Nación. De acuerdo a la letra de la ley, el Ejecutivo envió los diez casos al Senado, para que se expida sobre su convalidación o rechazo. Los diez jueces fueron convocados a audiencias públicas ante el Poder Legislativo para el tratamiento de sus casos. Tres no se presentaron. Sus nombres ocupan, desde hace días, las tapas de nuestros diarios: Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Senado, en pleno uso de sus atribuciones constitucionales, y sin alternativa frente a la negativa personal de los nombrados de reconocer al poder constitucional, decidió rechazar sus traslados.

Bruglia y Bertuzzi eran jueces del Tribunal Oral Federal IV, órgano que se encarga de realizar debates orales, y fueron nombrados en la Cámara de Apelaciones Federal, que es una instancia que opera en la etapa anterior del proceso —la instrucción— y que tiene un rol de revisión de decisiones de primera instancia, no de juicio. Es decir, la competencia, la función y la jerarquía son totalmente distintas. Castelli era juez en un Tribunal Oral Federal de San Martín y fue trasladado al Tribunal Oral VII de Capital Federal, una jurisdicción territorial completamente distinta.

De este modo, lo que la Corte debe resolver al tratar estos traslados es muy simple: si el Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar, arbitrariamente, a jueces de su gusto para que ocupen los lugares centrales de la Justicia, aun cuando sus destinos impliquen tratar temáticas distintas de aquellas para las que fueron seleccionados o intervenir en lugares lejanos a aquellos en los que se los eligió para ejercer su función. Se decide, también, si la palabra del Senado tiene el valor que le asigna la Constitución Nacional o si los designios de la Presidencia son incuestionables, por más que contradigan la ley y las disposiciones de los otros dos Poderes. La ratificación de los traslados de los magistrados dejaría sin efecto todo el andamiaje constitucional, y el Poder Judicial pasaría a ser un apéndice del Ejecutivo.

A esta altura, es necesario ocuparnos de dos argumentos falaces. En primer lugar, algunas voces afirman que Bruglia y Bertuzzi tienen “rango de Juez de Cámara”, por lo que podrían ocupar sus nuevos lugares. La realidad es que dicho rango se trata de una mera equiparación en términos salariales y cuasi protocolares, pero, como vimos, sus competencias son totalmente distintas. En segundo lugar, hay quienes exponen que, al haberse convalidado sus traslados, los jueces tienen un “derecho adquirido” a su cargo, sin importar la legalidad del trámite. El único derecho que está en juego en esta situación es el de los ciudadanos de ser juzgados por personas constitucionalmente designadas para hacerlo.

En los últimos días, ciertos medios de comunicación han buscado instalar que el objetivo de este Gobierno es crear una Justicia maleable y pervertible. Con lo explicado aquí, el cinismo de esta línea argumental es notorio. Es que si el objetivo del Gobierno fuese manipular a la magistratura, el camino más fácil sería convalidar el andamiaje montado por la gestión anterior y trasladar jueces “a dedo” y sin acuerdo del Senado a los cargos de mayor influencia. A modo de ejemplo, las dos salas de la Cámara Federal porteña y varios juzgados federales de primera instancia tienen lugares vacantes. Nada sería más fácil que ocuparlos a través de simples traslados que, como los de Bruglia y Bertuzzi, no cumplan con ningún requisito. Bastaría seleccionar jueces con rango de juez de Cámara y de primera instancia que más convencieran a la Presidencia y enviarlos a Comodoro Py 2002. Con el tiempo, cada vez quedarían más plazas vacías, y solo habría que llenarlas con más personas afines. Tras algunos años, el Ejecutivo podría tener una Justicia tan servil como la que tuvo Mauricio Macri.

Sin embargo, ese no es el objetivo de esta gestión. Por el contrario, entendemos que nuestro mandato es respetar la Constitución y sus mecanismos institucionales. No queremos una justicia a nuestro servicio, queremos una justicia al servicio de todos y todas. Queremos Poderes independientes y libres, que puedan ejercer sus funciones de freno y contrapeso, de modo que su juego armónico dé lugar a una democracia plena. Queremos que, cuando una persona se siente ante un juez, sepa que ese juez ocupa su lugar por idoneidad y experticia, y porque así lo decidieron, en conjunto, todos los actores que deben intervenir en su proceso de selección.

Detrás del debate por tres traslados, se esconde la cuestión de fondo, que es el rechazo de ciertos sectores de la oposición a la democracia y sus mecanismos. Si el accionar macrista se convalidara, el Senado, cuerpo federal y representativo por excelencia, vería menguar definitivamente su voz. Su lugar lo ocuparían las estridencias de grupos de poder que buscan preservar sus intereses sin importar los costos. Lo que se decide es, entonces, si nuestro sistema jurídico es realmente nuestro, de todos y todas, de acuerdo a la organización que decidimos darnos en nuestra Constitución Nacional, o si es una mera ficción normativa sin poder de resistencia frente a la permanente presión de elites económica y sus representaciones políticas.

Por Juan Martín Mena

Secretario de Justicia de la Nación

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