Bolivia

ALP recomienda juicio contra Añez y su primer gabinete

Yolanda Mamani Cayo  / La Paz 

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) saliente  aprobó  anoche, por dos tercios, el informe final de la Comisión Especial Mixta que investigó los hechos de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), y recomendó iniciar juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez, procesos ordinarios contra los ministros de su primer gabinete y contra jefes y exjefes de las Fuerzas Armadas y la Policía. 

La ALP recomendó  el proceso contra Añez por la suscripción del Decreto Supremo 4078, que eximía a los militares de responsabilidad penal y por la presunta comisión de los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, por las muertes de Senkata y Sacaba.  

“La comisión recomienda juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes (…), por haber emitido el Decreto Supremo 4078 contrario a la Constitución Política del Estado (CPE)”, establece parte del informe, que fue leído ayer en el pleno de la ALP.  

En torno a la suscripción del decreto 4078, el Legislativo  también recomendó un  juicio ordinario en contra de los ministros Karen Longaric de Relaciones Exteriores, Yerko Núñez de la Presidencia, Arturo Murillo de Gobierno, Fernando López de Defensa, Álvaro Coímbra de Justicia,  Rodrigo Guzmán de Energías y María Pinckert  de Medioambiente y Agua.

De igual forma, la ALP recomendó  proceso penal en contra de los exministros Jerjes Justiniano (Presidencia), José Luis Parada (Economía), Roxana Lizárraga (Comunicación) y Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural), quienes  también suscribieron ese decreto. 

La Asamblea también sugirió un juicio ordinario para el excomandante  de las FFAA  Williams Kaliman,  para el excomandante departamental de la Policía de Cochabamba  Jaime Zurita, entre otros exjefes de las fuerzas de seguridad.

Además, planteó  proceso penal  para el comandante general de la Policía  Rodolfo Montero, para el comandante de las FFAA  Sergio Orellana, para el comandante de Acción Conjunta  Franko Suárez y para el comandante de la guarnición militar de Cochabamba  Alfredo Cuéllar.

Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta, explicó que la ALP remitirá el informe a la Fiscalía General del Estado, entidad que debe dar inicio a la investigación. “Si encuentra suficientes indicios, tiene que solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para el juzgamiento que tiene que ser aprobado por dos tercios de voto”, explicó Borda. 

La presidenta del Senado  Eva Copa manifestó que será la  ALP entrante la que tome la decisión de autorizar o no el proceso contra Añez. “Se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no”, sostuvo la legisladora. 

No obstante, el MAS en la nueva ALP no cuenta con los dos tercios requeridos por la Constitución,  para autorizar el juicio de responsabilidades, por lo que una eventual aprobación requerirá del concurso de alguna de las dos fuerzas opositoras en el Legislativo: Comunidad Ciudadana o Creemos. 

Del total de 166 asambleístas (entre senadores y diputados), el MAS tiene 96, CC 50 y Creemos 20.  Para contar con dos tercios en el pleno de la ALP se requiere el voto de 110 asambleístas.

El informe y sus  conclusiones

El primer punto del informe establece que las convulsiones sociales se dieron después de las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019. Las revueltas -dice el documento-  concluyeron en una “ruptura del orden democrático constitucional y una renuncia del Presidente y Vicepresidente constitucionales”.

Sobre los sucesos de Cochabamba, el informe da cuenta que el 15 de noviembre de 2019 “una marcha pacífica de los cocaleros” que se dirigían    a la federación del Chapare llegó hasta el puente Huayllani (Sacaba), donde la Policía disparó gases lacrimógenos,  “obstruyendo la visibilidad de los movilizados,  mientras que francotiradores dispararon detrás de las tanquetas ocasionando la muerte de nueve personas y (dejando) 121 heridos”. 

Sobre los sucesos en Senkata (El Alto), el informe da cuenta que el 19 de noviembre de 2019 se activó un plan “instruido por la Presidenta transitoria, ministros de Gobierno y Justicia, Comandante de la Policía y las FFAA” para el traslado de cisternas de hidrocarburos desde la planta de Senkata hasta la ciudad de La Paz.

“Para tal efecto intervinieron militares francotiradores del Regimiento Ingavi de El Alto, además de efectivos policiales de manera desproporcional. Sin embargo, las fuerzas conjuntas empiezan a disparar ocasionando que varias personas, vecinos de ese sector, salgan a protestar ocasionando el fallecimiento de 10 personas, más de 90 heridos y 65 detenidos”, se lee en el informe.

Además se agrega que “se ha demostrado que los disparos desde helicópteros a la población civil que se encontraba  desarmada  fueron dirigidos hacia órganos vitales de las víctimas, demostrando que han existido francotiradores violando los derechos y las garantías constitucionales”.

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