Bolivia

Definen unificar amparos de procesados por Misicuni

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de Chuquisaca definió ayer unificar  los dos amparos presentados por la defensa de los procesados por el caso Misicuni para que sean resueltos por la Sala Constitucional de Trinidad en el Beni, informó el área legal de la empresa que administra la represa.

Los vocales de la Sala Constitucional del Tribunal de Chuquisaca determinaron que la acción de amparo presentada por la abogada defensora  Agnetha Miranda de Raúl Magnioni, Francisco Senis, Martín Rovira, Raúl Nemtala y Eduardo Gómez se junte con la interpuesta por la defensa de Julio Espinel.

La decisión se dictó para dar prioridad a la primera sala que admitió el recurso de amparo en este caso la Sala Constitucional de Trinidad el pasado 28 de octubre. También, se quiere evitar fallos que perjudiquen el proceso que ya cuenta con sentencia ejecutoriada.

Las acciones de amparo buscan revertir el fallo de Auto de Vista No. 876 de 2019 que confirma la sentencia contra los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), porque considera que va contra su derecho a la defensa.

En la audiencia de ayer también participó como abogado de la Embajada de Italia, el exministro Walker San Miguel,  debido a que dos de los procesados son ciudadanos italianos.

En su defensa, los abogados de los representantes del CHM alegan que durante el proceso de vulneraron derechos como el debido proceso y el derecho a la defensa. Misicuni responde que los procesados se fugaron del país, por lo que, tuvieron que ser notificados por edictos.

El proceso contra el consorcio se inició en 2013 tras la resolución del contrato con la Empresa Misicuni, debido a que las constructoras no tenían la solvencia económica para encarar la fase crítica de la obra.

Luego, se conoció un contradocumento en la que los ejecutivos se repartían las utilidades y le entregaban un monto a la empresa italiana Grandi Lavori por prestar su currículo para ganar la licitación internacional por 89 millones de dólares.

La obra fue concluida en 2017 pero por la empresa china Camce y se estima que los perjuicios por la resolución del contrato con CHM llegan a 24 millones de dólares.

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