Bolivia

Médicos y mercaderes de la salud en tiempos de Covid-19

¿Cuál es el límite entre un servicio médico y hacer negocios con la salud de la gente? ¿Cuánto queda del apostolado que supuestamente significa ser médico y cuánto se honra el juramento hipocrático? ¿Se cumplen los principios éticos normados modernamente para la medicina?

Probablemente, de un gran examen para responder positivamente a ese tipo de cuestionarios resulten escenarios como la actual pandemia. Claro que si de crisis sanitarias se habla, Bolivia ya arrastra una enfermedad crónica agravada desde hace décadas. Esa que segmenta la atención en tres marcadamente desiguales ofertas de servicios: los públicos, los seguros sociales y el sistema privado. De los dos primeros, lo que más se recuerda son las notables colas de personas que pugnan por una ficha de atención cotidianamente. En el primer caso, además se han hecho evidentes, con frecuentes escenas de escándalo y tragedia, las precarias condiciones de atención. 

“Por eso, decidimos internar a mi madre en una clínica privada -relata Benjamín López (nombre ficticio)-. En febrero, tras una peregrinación por cinco especialistas, cada cual con su propio diagnóstico y tratamiento fallido, le diagnosticaron un tumor benigno y quistes en el útero. Las molestias eran cada vez más fuertes y el ginecólogo recomendó actuar cuanto antes. Ahí empezaron las otras peregrinaciones, mejor dicho, calvarios, por los costos”.

Primero, debieron buscar los servicios de laboratorio y imagenología que en años recientes proliferaron dadas las limitaciones que hay en los seguros sociales y el servicio público. Según un estudio de Mercado y Servicios Médicos realizado por Fundempresa en 2015, en el eje central del país un 70 por ciento de las clínicas privadas carecían de servicios de este tipo. Añade que había crecido la tendencia a la terciarización de servicios.

Peregrinaciones sanitarias

A esas incipientes alturas, entre la ronda de consultas y tratamientos iniciales, el diagnóstico final y la preparación, López calcula que ya había erogado cerca de 1.500 dólares. El ginecólogo presupuestó la cirugía y otros servicios adicionales más en otros 2.200 dólares. Y venía la tercera peregrinación con algunas opciones sugeridas por dicho especialista: la clínica.

“Antes habíamos querido llevar a mamá a un hospital de cooperación que hay en otro barrio, pero nos desalentó lo hacinado que estaba –recuerda López-. Entonces empezamos a recorrer una de las zonas de clínicas de La Paz que se halla en la avenida 6 de Agosto. Un par de veces bajamos esa avenida casi de madrugada y me apretó el corazón ver las colas de los asegurados por fichas en el policlínico 9 de Abril que se halla al principio del trayecto. Luego, vimos dos de las cuatro clínicas que nos había sugerido el médico, realmente eran muy confortables, pero carísimas. Nos contaron que hay aún mejores.”.

Finalmente, optaron por una clínica de esas que en la jerga se denominan “casi hotel”. Constituyen la mayor parte de los servicios privados de este tipo. Atienden con contado personal de planta y rentan sus instalaciones y equipos a los especialistas. “Había un par de suites, y también piezas de segunda y tercera –recuerda el testigo–. Tenía laboratorio y radiología, pero no terapia intensiva. Pensamos que, para los cinco días previstos de internación, valía la pena pagar una suite. Nuestro gasto ya había subido a más de 4.000 dólares”.    

Privados y pandemia

El estudio de Fundempresa establece que 51 empresas concentran entre el 75 y 80 por ciento de los ingresos generados por el universo de clínicas privadas en el eje central del país. Cuentan con ingresos superiores al millón de bolivianos anuales. Los aranceles de los médicos varían según la región, pero van desde un mínimo de 16 dólares (110 bolivianos), para medicina general, hasta 24 (166 bolivianos), para especialidades. La pieza por día de internación cuesta un mínimo de 500 bolivianos, las cirugías tienen un rango de entre 3.000 y 35.000  bolivianos, según la complejidad. La normativa prevé la opción de triplicar esos precios a criterio de los especialistas. Pero, normalmente, resulta difícil saber cuán reales o válidos son los costos de los servicios añadidos que suman las facturas.

“En medio de la preocupación es rara la gente que anda pensando siquiera en los aranceles –dice Pilar R. Arce, médica cirujana–. Se dejan llevar por recomendaciones y andan al tanteo. La pena es que hay gente sin escrúpulos en todos los niveles del servicio, desde los sindicatos de los seguros hasta gerencias de más de una clínica top. Eso consta seguramente a todos en el sector. Y en este tiempo de la pandemia quienes ven esto básicamente como negocio deben andar de plácemes”.

Sin duda, el colapso de atención que implicó la pandemia para los servicios públicos intensificó la demanda sobre las clínicas privadas. Y, conforme a la ley de la oferta y la demanda, los precios se incrementaron bajo dos justificaciones: “estamos arriesgando nuestra salud”, dijeron unos; “hemos invertido en equipos”, dijeron otros. Como sea, los precios subieron en progresión geométrica. Eso lo comprendió bien Benjamín López tras la cirugía de su progenitora.

“Mi mamá fue operada el 6 de marzo -recuerda López, quien trabaja como ingeniero mecánico-. Pero su convalecencia duró ocho y no los cinco días anunciados porque le vinieron complicaciones diversas. Estuvo en casa cinco días, volvió a ponerse mal y tuvimos que internarla nuevamente. Debían revisarla varios especialistas y para abaratar costos la pusimos en una pieza de segunda, ya no en la suite. Cuando empezó la cuarentena seguía su drama y supimos del alza de los precios y, si bien nos consideraron, algo de eso nos rebotó”.

Según el testimonio, los médicos llegaron a fijar su tarifa hasta en 5.000 bolivianos y las enfermeras en 600, por día. Terapia intermedia subió a más de 3.000, sin incluir medicamentos ni oxígeno. Los servicios de resonancia magnética y tomografía, que luego precisaría la madre de López, superaron el doble del precio que habían cotizado antes.

“Era una pesadilla completa –recuerda López–. La salud de ella se deterioraba, declararon la cuarentena y la atención se volvía cada vez más costosa y más difícil de conseguir. Era muy difícil verla. Hubo un día que nos preguntaron si podíamos conseguir oxígeno porque lo tenían restringido y mi mamá lo precisaba más frecuentemente. Averiguamos y conseguirlo se había vuelto igualmente muy difícil”.   

“Nadie está obligado”

Algo que sí garantizan clínicas más caras y poco accesibles. “A nadie se obliga a venir a la clínica –fue la frase con la que se hizo notorio el gerente médico de la clínica cruceña Incor, Fernando Sfeir–. No es una entidad que dice “todo el mundo está obligado a venir acá”, declaró a los medios el 8 de mayo. Previamente había remarcado: “Nuestros pacientes son económicamente pudientes, nosotros no damos un servicio público (…) El precio es de garantía para la pieza 35 mil bolivianos y para terapia, 50 mil. La internación día es 4.200 bolivianos, en terapia, y la pieza, 1.800. ¿Qué implica?, tener al terapista, la enfermera y todo el equipamiento”.

El ejecutivo señaló además que la clínica había hecho una inversión inmediata de cerca de medio millón de dólares tras la declaración de la pandemia. Hizo la aclaración como varios de sus pares de las clínicas Niño de Jesús, Santa María, Foianini y otras ante la ola de denuncias que recibieron a través de las redes sociales. En Cochabamba y La Paz sucedieron hechos similares, aunque en menor cantidad. Tres casos extremos llegaron a la retención de cadáveres ante el no pago de facturas adeudadas. Los ejecutivos señalaron que sus costos operativos se incrementaron en más del 50 por ciento.   

El problema derivó en un ácido cruce de comunicados y declaraciones entre el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, y la Asociación de Clínicas Privadas y Centros de Salud (Adeclip). “Es lo que se vive en cada una de las clínicas –dijo Anzoátegui–. De entrada, para hacerse atender hay que dejar depósitos o no lo atienden, y tiene que renovar los depósitos a las 48 o 72 horas, de acuerdo a la evolución del paciente. Por lo tanto, ante eso debe haber regulación de parte del Gobierno para controlar a las clínicas privadas, de tal modo que no hagan su chaquito”.

Los ejecutivos de Adeclip respondieron con un comunicado encabezado con un crítico titular: “Lamentables declaraciones”. Luego citaron costos, normativas y cualidades de sus servicios. El hecho también fue observado en esos días por el Ministerio de Salud, con dos llamados a la regulación de costos. Pero con el paso de los días la saturación de los servicios y la ausencia de espacios relegó a la polémica.   

“Nuestros gastos entre clínica y especialistas ya rebasaban nuestras capacidades hasta de endeudamiento, más de 25 mil dólares –recuerda Benjamín López. Nos tocó usar lo que debe ser el ‘seguro de muchos bolivianos de clase media’, o sea, vender nuestros contados bienes. Llegué a ofrecer mi automóvil en malbarata, y rifamos hasta la última joyita de mamá y de mi esposa. Aparecieron préstamos y aportes de amigos y familiares. Uno de los peores momentos fue cuando ella me pidió que nunca deje que la intuben como había visto en la televisión, por si le diese el coronavirus”.

Tras casi mes y medio de internación y de superar dos cirugías, la madre de López retornó a su hogar. Una larga negociación con los ejecutivos de la clínica y con cada especialista, permitió una rebaja importante de la factura. López y su hermano quedaron con fuertes deudas que saldar. Suman entre el reducido 17 por ciento de los bolivianos, según el Instituto Nacional de Estadística, que logra acceder al sistema privado. El único que a veces puede dar atención urgente a ciertas emergencias. Aunque, claro, “nadie está obligado a acudir a esas clínicas”, como mal diría el doctor Sfeir. Sin duda, una cara tarea estatal sigue pendiente en Bolivia para cuando pasen los días de pandemia.    

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