Bolivia

Seis tipos de maniobras usaron en 12 años en ascensos a general de Policía

Padrinazgos, tráfico y manipulación de condecoraciones, procesos injustificados, decretos supremos acomodados a ciertas circunstancias y favores políticos son los principales elementos utilizados para beneficiar a coroneles de la Policía en su ascenso a generales.

La Ley orgánica de la Policía boliviana, del 8 de abril de 1985, en su artículo en el capítulo 3 (Funciones administración general), en el artículo 13 refiere: “Para desempeñar las funciones de Comandante General son requisitos indispensables: ser boliviano de nacimiento, haber egresado de la Academia Nacional de Policías, Diplomado de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, ostentar el grado de General de Policía y cumplir con los requisitos del Plan de Carrera”.

Sin embargo con el pasar de los años, esto se fue modificando a tal forma que tiene mayor validez un certificado, condecoración o reconocimiento de una institución pública (Alcaldía, Consejo, Brigada Parlamentaría y Cámara de Senadores, entre otros), lo que provocó que muchos aspirantes a generales, pese a no encontrarse entre los primeros de su promoción, busquen otras alternativas para ascender.

“La intervención política hizo que oficiales que no calificaban y nunca estuvieron en los primeros puestos ascendieron a grados superiores de generales”, dijo el coronel Jorge Antonio Saravia Castillo, presidente de generales jefes y oficiales, quien forma parte del equipo de trabajo que buscan incorporar un nuevo reglamento de ascensos.

Saravia debió ascender a general en 2012; sin embargo, por diferentes irregularidades no logró hacerlo, pese a estar siempre en los primeros lugares en la carrera policial.

Oficiales del servicio pasivo refieren que los reglamentos de calificación para los ascensos tenían un buenos parámetros de calificación hasta el año 2000 aproximadamente, y que éstos fueron manipulados con malas intenciones desde 2008, cambiando varios artículos que habilitaron a oficiales que no debían ascender a generales. “Vulneraron el plan de carrera”, refieren.

El reglamento específico de evaluación para ascenso de grado de general y calificación de jefes y oficiales de la Policía boliviana en el cuadro de asignación de puntajes establece que, una licenciatura valga 35 puntos (equivalente a cinco años de estudio), mientras que un memorando de felicitación, dependiendo de la autoridad que lo remite, tiene un valor de 35 a 80 puntos.

Los puntajes están distribuidos en cuatro niveles, en los que se detalla el valor a la carrera de los oficiales de la Policía. El primer nivel es de “formación y capacitación”: el segundo nivel, desempeño profesional; el tercer nivel, “sistema disciplinario” y “méritos”, y el cuarto nivel, “antecedentes y deméritos”.

La Ley Orgánica de la Policía, en el artículo 81, establece que para que un oficial logre ascender a general debe: ser boliviano de nacimiento, ser egresado de la Academia Nacional de Policías, ser diplomado de Estudios Superiores de Policía, haber desempeñado cargos de dirección por un tiempo no menor a dos años en los mandos superiores de la Institución, tener excelentes fojas de concepto y tener antigüedad de por lo menos cuatro años en el grado de coronel.

“Todas estas situaciones provocaron una competencia desleal y nada ética, el desprestigio de la camaradería, daño a la institucionalidad. En algunos casos, los comandantes generales fueron impuestos; en otros casos, modificaron artículos del reglamento forzando requisitos que vulneran la normativa nacional, bajando y subiendo puntajes dependiendo a la conveniencia”, refirió Saravia.

El ascenso a general del excomandante de la Policía Víctor Maldonado en 2011 fue cuestionado. Ese año debió ascender la promoción de 1980; sin embargo, el nombre de Maldonado no figura entre los egresados de la Academia Nacional de Policías (Anapol).

Lo mismo ocurrió con Edgar Ramiro Téllez: fue ascendido a comandante general el 25 de mayo de 2015, año en el que debió ascender la promoción de 1983; sin embargo, su nombre no figura en la lista de promoción de ese año; figurando como en la lista el coronel Almanza Pérez Eduardo, Mérida Nogales Marcelino, Urzagaste Rodríguez Filman como los primeros de la promoción de ese año.

En gestiones pasadas, dos generales mostraron un evidente servilismo hacia el entonces partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS). Se trata de los excomandantes Abel de la Barra (2017) y Faustino Mendoza (2018), quienes mostraron su cercanía al MAS en actos oficiales. Mendoza incluso llegó a comprometer el respaldo de los 37 mil uniformados policiales al proceso de cambio.

En 2019, Yuri Calderón fue cuestionado por sus camaradas por alinearse al MAS. También habría llegado a general gracias a favores políticos. Actualmente, afronta procesos penales instaurados por coroneles que a su tiempo advirtieron que Calderón no estaba cumpliendo con su deber como jefe policial.

Los Tiempos logró comunicarse con varios coroneles que, por su desempeño académico, la carrera policial y por norma, merecían ascender a generales; sin embargo, por diferentes irregularidades no lograron hacerlo.

“Fui el primero de mi curso, me tocaba ascender a general, toda mi carrera policial fue intachable; pero Mendoza, para favorecer a su postulante, se inventó una denuncia en mi contra. Hizo la denuncia con un carnet falso, con el nombre de una persona que no existe, todo para sacarme del camino”, contó el coronel Gustavo Garnica Peñarrieta.

Garnica señaló que los de su promoción debieron ascender tres, pero por diferentes maniobras realizadas por el entonces comandante general Faustino Mendoza, no lograron hacerlo. El coronel interpuso un amparo, mismo que salió favorable, pero sólo para jubilarse con el sueldo de general, no logrando su ascenso.

“En marzo de este año inicié una denuncia penal contra Faustino Mendoza, por incumplimiento de deberes, por no haber considerado mi ascenso a general”, explicó.

La Fiscalía departamental de Oruro, el 24 de agosto, por medio del fiscal anticorrupción, Freddy Antonio Claros Gonzales, envió una notificación al Comando General de la Policía solicitando una copia legalizada de la resolución fiscal policial de rechazo 952/2018, emitida en la cuidad de La Paz el 28 de diciembre de 2018 y todos sus antecedentes.

La copia legalizada de todo el proceso que desembocó en la resolución del consejo superior de recursos humanos de la Policía, 05/2018, que no consideró el ascenso a general del coronel Gustavo Garnica.

Los Tiempos también tomó contacto con el coronel Rolando Montaño, quien, tras denunciar cobros irregulares dentro la institución policial, fue perseguido por el entonces comandante general (Mendoza) y personal del Ministerio de Gobierno.

“Fui comandante de Cochabamba por un corto tiempo, denuncié la corrupción que había dentro y me sacaron del comando. Me enviaron a una dirección nacional poco importante, nosotros le decimos la congeladora, para evitar que ascienda a general”, dijo.

Los coroneles coinciden en que la auditoría que se realiza actualmente a la Policía no sólo se base en los puntajes, sino también en el “suprapoder” que se dan los comandantes generales, como Mendoza, que toman decisiones individuales sin tomar en cuenta al resto de generales. “Mendoza era quien firmaba los cambios de destino, él hacía todo; entonces, para qué estaba el Director Nacional de Personal”, cuestiona.

En 2018, Faustino Mendoza, reformuló el Reglamento Específico de Evaluación para ascenso al grado de general y flexibilizó los requisitos para que oficiales con grado de coronel que estén ejerciendo cargos de dirección departamental puedan acceder al generalato. A diferencia del Reglamento precedente, aprobado en 2015, este ascenso era permitido sólo a coroneles que tuvieran a su cargo una Dirección Nacional.

“En estudios varios que ascendieron nunca destacaron, nunca estuvieron en primer lugar, pero para ascender a generales aparecen documentos, certificados y llegan a subir. No existe una proporcionalidad. En toda la carrera policial se puede tener dos licenciaturas (35), pero memorándums, que vale lo mismo, se puede conseguir cada semana. Modifican las normas para favorecer a sus postulantes”, refirió un coronel.

Los amparos constitucionales son la forma en la que varios coroneles que durante toda su carrera policial ocuparon el primer lugar, intentan hacer “justicia”.

En los ascensos para generales de esta gestión (2020), la situación no fue distinta ya que el coronel Rubén Pastor Gemio Bustillos interpuso un amparo constitucional contra el Concejo de apelaciones compuesto por el Gral. (RA)

Octavio Murillo López, Gral. (RA) Julio Reinaga Rojas, Gral.(RA) Miro Sanabria Gonzales y el abogado Yerko Matijacevic, este último representante del Ministerio de Justicia y Transparencia.

A Gemio le quitaron 1.751 puntos de su calificación para evitar su ascenso a general. Pese a que el coronel ganó el amparo constitucional que dicta que debe reponerse el puntaje y debe ascender como corresponde, ni el Comando General ni otras instancias dieron cumplimiento a esa disposición.

ARTÍCULOS PUBLICADOS Y PLAGIADOS

La denuncia de oficiales de la Policía refiere que Faustino Mendoza, pese a ocupar el último lugar de su promoción, logró ascender a general debido a la gran cantidad de publicaciones presentadas. Por otro lado, se observó también al actual comandante general, Rodolfo Montero, quien según denuncia, habría plagiado artículos periodísticos publicados con su nombre en un diario de Santa Cruz durante 2018.

COMUNICADO DE PRENSA DE CORONELES JUBILADOS

REDACCIÓN CENTRAL

Mediante un comunicado de prensa, generales, jefes y oficiales de la Policía señalaron que forman parte de la comisión que trabaja en el nuevo reglamento de ascensos para la Policía.

En días pasados tuvieron reuniones con el comando general y el Estado Mayor, quienes presentaron un lineamiento inicial de lo que sería el nuevo reglamento, sin embargo, los jubilados advierten que ese lineamiento del Estado Mayor, “no es la última palabra”.

Se conformaron cuatro equipos de trabajo en el que participan oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías. El principal objetivo es recuperar la institucionalidad, y que la formación académica del plan de carrera tenga mas valor que un certificado de felicitación.

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