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¿Ejemplo para Chile? El plan de Colombia para regular la migración venezolana: La ONU lo calificó de “audaz” y “un ejemplo de inclusión”

Migración venezolana

En pleno verano del 2019, el Presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones en Futrono para realizar un viaje relámpago a Cúcuta, la frontera de Colombia y Venezuela. Allí se reunió con su par colombiano, Iván Duque, para encabezar una entrega de ayuda humanitaria y se mantuvieron expectantes a una rebelión popular contra Nicolás Maduro que nunca llegó.

Ambos mandatarios sintieron el fracaso y, dos años después, sus respectivos países emergieron como dos de los destinos más masivos de la migración venezolana. Según cifras oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fines del 2020 se contabilizaron más de 5.4 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo.

De ellos, 4.6 millones de inmigrantes se quedaron en Latinoamérica. Sin embargo, la gran mayoría se concentró en sólo tres países: Colombia (29.9%), Perú (19.8%) y Chile (19.7%). Más atrás quedan Argentina (8.9%), Ecuador (8.4%) y Brasil (6%).

Sin embargo, la situación en Colombia dista mucho del caso chileno que, pese a tener menor migración, ha devenido en sucesivas crisis. Partiendo por lo ocurrido en los puntos fronterizos de Chacalluta (junio 2019), Colchane (febrero 2021) y ahora recientemente en Iquique, que terminó con familias desalojadas de la Plaza Brasil de dicha ciudad y la quema de sus pertenencias por manifestantes.

En Colombia la situación era similar hacia mediados del 2020. Un reportaje del diario El País reportaba “brotes de xenofobia” que no sólo incluyeron rayados, sino también agresiones y quemas de vehículos de los llamados “bicitaxistas”, muy populares en ese país. También condiciones de extrema vulnerabilidad en plena pandemia.

Sin embargo, a mediados de febrero, el gobierno encabezado por Iván Duque comenzó a dar vuelta la situación con la creación del Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos.

¿Qué es el Estatuto de Protección Temporal?

Tras una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el presidente colombiano Iván Duque anunció el Estatuto de Protección Temporal como un mecanismo que permitiría regularizar a la población de migrantes venezolanos.

En términos sencillos, el texto permite a los migrantes venezolanos que se acojan a este estatuto, mantenerse de manera regular en el país por el período de 10 años. Si, tras cumplirse ese plazo desean permanecer en Colombia, deberán optar por una visa de residente.

Su proceso de implementación tiene dos etapas: La primera buscaba inscribir de manera virtual a los extranjeros en un Registro Único de Migrantes Venezolanos, datos que permitirían al gobierno colombiano generar políticas públicas basadas en su realidad migratoria.

Y la segunda fase es de manera presencial, donde los migrantes recibirán un Permiso de Protección Personal, que funcionará como un documento de identificación para los venezolanos que forman parte de este estatuto.

Resultados para la migración venezolana

El 1 de septiembre, el gobierno colombiano anunció el inicio de la segunda fase de su plan, que consiste en un registro de huellas digitales, fotografías y otros datos biométricos. Su meta es que en agosto del 2022, se haya logrado entregar el permiso a 1.8 millones de venezolanos.

Según cifras oficiales del gobierno, hasta el 31 de agosto se habían registrado virtualmente, quienes ya contaban con su respectivo usuario y contraseña. De ellos, 1.131.284 ya había logrado llenar su encuesta de caracterización económica.

Sin embargo, se calcula que unos 600 mil venezolanos optaron por mantenerse al margen del proceso. Desde el gobierno colombiano advirtieron que “sabemos que las personas que se nieguen a inscribirse quedarán en irregularidad. Quedarse como irregular genera consecuencias que se pueden extender hacia procesos de deportación y exclusión”.

Pese a ello, el balance del gobierno es positivo. El propio presidente Duque destacó que se trata de “la regularización migratoria más grande que se haya hecho en América Latina”, subrayando que al mismo tiempo, se trata de un proceso articulado a una “capacidad de respuesta de los servicios del Estado y reconociendo también el acompañamiento en estos frentes”.

En el marco de la última sesión de la Asamblea General de la ONU, el programa colombiano recibió los elogios del Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, quien destacó que “Colombia tomó una decisión muy audaz” y calificó su plan como “un ejemplo de inclusión”.

En la misma línea, el director de la Organización Internacional para Migraciones (OIM), António Vitorino, tildó al estatuto de “audaz, valiente y sumamente efectivo como herramienta”, subrayando que los 1.2 millones de venezolanos en Colombia podrán “contribuir a la economía del país de acogida”.

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