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La agenda del financiamiento electoral 3.0

El próximo gobierno, cualquiera sea su signo, debería encarar una nueva agenda de reformas en lo que dice relación con el financiamiento electoral. Pese a las importantes reformas implementadas recientemente, aún se advierten problemas importantes: las campañas siguen siendo millonarias y desproporcionadas para la realidad nacional, los controles siguen siendo insuficientes, y persisten falencias en las normas aprobadas, además de algunas materias recomendadas por la Comisión Engel que no fueron incorporadas.

Hagamos memoria. Una serie de escándalos de la campaña de 1999 llevaron a que el Congreso aprobara en el año 2003—por primera vez en la historia—una regulación para el financiamiento de campañas electorales (a pesar que habían recomendaciones en este sentido desde el Informe de la Comisión de Ética Pública de 1994). Allí se permitían donaciones de empresas, se establecieron límites elevadísimos a las donaciones, y se generó un sistema de donaciones reservadas a través de las cuales, en teoría, solo el Servicio electora (Servel) sabía quién era el donante. En el 2014 nos enterábamos de los casos Penta, SQM y lo extendida que estaba la práctica del financiamiento ilegal de la política, principalmente a través del mecanismo de lo que se llamó “boletas ideológicamente falsas”, es decir, rendir boletas por servicios no prestados lo que conllevaba a declararlo como gasto electoral, con la posibilidad de solicitar el correspondiente reembolso con cargo a fondos públicos y de rebajar impuestos para las empresas.

La Comisión Engel en las propuestas entregadas en abril del 2015 a la Presidenta Bachelet incluyó un importante número de propuestas que tenían como objeto regular el financiamiento de la política y su fiscalización, de modo que no tuviera un rol tan preponderante en ésta, permitiendo una cancha más pareja para competir, así como evitando la captura de futuras autoridades. Siguiendo algunas de estas recomendaciones, el Congreso aprobó una serie de proyectos de ley que se comenzaron a implementar en las elecciones municipales del año 2016.

Entre otras medidas, se le otorgó autonomía constitucional al Servicio Electoral, además de establecer una nueva orgánica y facultades para poder fiscalizar de modo acorde las nuevas reglas. De este modo, el Servel puede dictar normativa e instrucciones a candidaturas y partidos políticos y puede fiscalizar en terreno, pedir antecedentes, libros, ingresar a sedes y hasta solicitar acceso a las cuentas bancarias de las personas investigadas. Esto vino de la mano con mayores recursos y dotación.

Respecto a las nuevas reglas, los avances fueron notables. Se pasó de un sistema de financiamiento privado opaco -y que permitía con facilidad su vulneración- a uno transparente, donde conocemos mayoritariamente el listado de financistas de cada candidatura. Se prohibieron los aportes de empresas, que distorsionaban la competencia y se redujeron significativamente los límites de montos de aportes a prácticamente un cuarto de lo anterior. Además, todos los aportes y gastos deben realizarse desde la cuenta única electoral, a la cual el Servel tiene acceso, de modo de fiscalizar de mejor modo el respeto a la normativa. De la mano con lo anterior se establecieron mayores sanciones que van desde multas hasta presidio por delitos electorales, incluyendo la pérdida del cargo.

¿Cómo, entonces, pudo Karina Oliva aparentemente y según sus propios dichos, infringir las normas?

En primer lugar, las reglas no son infalibles pero, además, hay un importante número de facultades del Servel que podrían ejercerse de modo más intenso, como la fiscalización aleatoria en terreno para verificar si los ingresos declarados se condicen con el gasto y poder determinar la posibilidad de financiamiento ilegal; auditorías externas aleatorias a las rendiciones de campañas; entre otras. Se requiere, entonces, una autoridad electoral que salga a la calle, que fiscalice durante y no después de las elecciones. No basta con certificar que ingresos y gastos cuadren en una campaña. Con este control in situ se podrían evitar ilegalidades en el futuro.

Por otra parte, hay una serie de recomendaciones que no se aprobaron en su momento y que podrían contribuir a salvar algunos vacíos. Se debería aprovechar los avances de la tecnología y la plataforma online con la que ya cuenta el Servel para la rendición de gastos, de modo que esta se vaya realizando semanalmente con una publicación periódica de éstos. Esto, además de dar mayor información al votante, permitiría al Servel una mejor fiscalización y control, a la vez que dificulta que luego se inflen gastos de acuerdo al resultado electoral. Se debe, además, establecer una fecha tope de rendiciones hasta antes del día de la elección, para evitar eventuales abultamientos de gastos si se realizan después que se conocen los resultados.

Por otra parte, para ciertos servicios y gastos que son bien estandarizados, se podría establecer un registro de proveedores, que otorga mayor competencia y transparencia al sistema, además de poner barreras a nepotismo, amiguismo o fraudes en la propaganda electoral. Se necesita evitar que surjan verdaderas “empresas electorales” de asesorías y que sirven como un paragua para cometer ilícitos. Otro tema relevante, que tampoco se abordó del modo sugerido, fueron las normas para evitar el intervencionismo electoral tanto del gobierno central como de los municipios, frente a lo cual se requieren medidas adicionales.

Asimismo, ahora solo se permite la pre-campaña para candidaturas presidenciales, donde pueden comenzar a obtener aportes y realizar ciertos gastos, pero no propaganda electoral. Esta autorización debiese permitirse para el resto de los cargos, de modo de reconocer una realidad evidente—que las campañas no parten tres meses antes de la elección—pero permitiría mayor fiscalización por parte de la autoridad para algunos tipos de gastos.

Un asunto adicional dice relación con la regulación de precios de publicidad online, que debiese ser regulada en tiempos electorales tal como sucede con el avisaje radial y de prensa escrita. La relevancia que adquieren las plataformas digitales hacen urgente el definir estándares de transparencia de los precios que se cobran a las distintas alternativas en disputa.

Por último, los límites al gasto electoral continúan siendo extremadamente altos. Esto solo incentiva un mayor gasto y búsqueda de recursos, junto con elevar las barreras a quienes tienen menos acceso a éstos. En momentos en que Chile vive una crisis social y económica sin igual, llega a ser hasta escandaloso que se gasten 700 millones de pesos en una campaña electoral. Pero, además, las modalidades de campaña han variado significativamente por lo que en los tiempos actuales resulta incluso muy ineficiente la inversión en publicidad callejera que antes se realizaba. De hecho, hemos visto como en las últimas elecciones y el plebiscito, el mayor gasto no necesariamente llevó a un mayor éxito electoral.

La inadecuada relación entre dinero y política ha sido uno más de los factores que produjo el estallido social. Advertimos que se requiere dar un nuevo paso en esta agenda y que apunte en la dirección de mayor transparencia, más intensos niveles de control y mayores límites al gasto en materia de financiamiento electoral.