Abastecimiento de energía eléctrica en riesgo

La energía eléctrica generada en Costa Rica es mayoritariamente de origen hidroeléctrico, con otros aportes de fuentes renovables como la eólica. En ambos casos hay una considerable dependencia de las condiciones climáticas, es decir, de la lluvia y del viento, donde son esperados que ocurran y en las fechas que históricamente han conformado un patrón de comportamiento.

Los efectos del cambio climático, experimentado a escala global, están trastocando los patrones y expectativas, dificultando la planificación de la producción de energía eléctrica de esas fuentes y la toma de decisiones en el día a día.

A los componentes habituales de la competitividad en el suministro de la energía eléctrica —la calidad y el precio—, siempre los ha acompañado la seguridad del abastecimiento y, más recientemente, el carácter renovable de la fuente. Ambas, condiciones diferenciadoras de Costa Rica como destino de inversión.

El precio de la energía eléctrica es regulado a través de tarifas establecidas por una autoridad independiente (Aresep), sobre la base de modelos y datos ofrecidos por un sistema en el que la rectoría real (Minae) no ha instrumentado órganos que permitan asegurar que responda a los intereses del país y a políticas de Estado. Y el principio del servicio al costo sigue distorsionando los mercados y las decisiones de inversión.

La calidad se ha vuelto un componente esencial cuando la energía eléctrica alimenta equipos y sistemas cada vez más sofisticados y sensibles a desviaciones en los parámetros que la definen, con unos costos sumergidos por daño a equipos y otras consecuencias asociadas que se convierten en externalidades a costa de los consumidores y usuarios.

La seguridad de abastecimiento adquiere una relevancia extrema de modo cíclico, como ocurrió a principios de la década del noventa del siglo XX y con mayor impacto en los meses de marzo y abril del 2007.

Bajo el principio de que el kWh más caro es el que no se dispone, se tomaron medidas de urgencia, algunas paliativas y otras contrataciones de emergencia, que afectan los precios y la calidad, con repercusiones negativas añadidas y aceptadas como mal menor, pues se trata de plantas de generación basada en combustibles fósiles.

Y el nuevo componente de la competitividad que ha pasado a ser reconocido como principal es el carácter renovable de la fuente de energía. Las consecuencias aceleradas del cambio climático han despertado en las sociedades una conciencia adormecida acerca de las consecuencias de políticas y decisiones cortoplacistas con escasa visión de conjunto planetario. Las decisiones de inversión empiezan a dar hoy un valor especial al carácter renovable del consumo energético que comportan.

Aunque este panorama preocupante incide en la competitividad de cualquier país, en Costa Rica es afectado, además, por un marco jurídico que dificulta una respuesta eficaz y cuya transformación y aggiornamento ha sido pospuesto por algunos gobiernos.

El marco jurídico actual reduce el papel de los consumidores costarricenses a pasivos integrantes de un mercado donde su rol de agentes no es reconocido y otros deciden lo que puede y debe hacer, a qué debe aspirar, cuánto debe pagar por un suministro territorialmente definido y sin competencia.

La posibilidad de asociarse para consolidar demanda e interactuar directamente con suministradores públicos o privados no existe, lo que además es un condicionante para el despegue en zonas de menor desarrollo, donde el precio del kWh es más alto y la calidad inferior. De ese modo la inversión es dirigida y concentrada en la GAM, sometiendo al resto del país a condiciones desiguales.

De forma paralela, los generadores están limitados por contratos obsoletos que les impiden exportar su producción y convertirse en agentes de mercado centroamericano, desaprovechándose una capacidad instalada, así como contratar directamente con consumidores locales, siendo así que su producción tiene un precio significativamente inferior al ofrecido por las distribuidoras públicas.

Situaciones aberrantes, siempre apegadas al marco jurídico y al principio del servicio al costo, han llegado a prescindir de capacidad local de generación de energía renovable mientras se procedía a importar energía térmica procedente de combustión de derivados del petróleo.

O a la imprudente explotación del reservorio del embalse del Arenal exportando energía el pasado año, cuando ya se conocía que el fenómeno de El Niño iba a golpear con seguridad toda la región centroamericana y se pudieron haber tomado medidas de ahorro y de prórroga de contratos con generadores privados.

La autogeneración tampoco se encuentra en el marco jurídico actual y apenas ha sido una testimonial oportunidad, cuando la generación de origen solar está al alcance de muchos pequeños y grandes consumidores que aliviaría la demanda.

Afrontar la amenaza de racionamientos es un enorme reto que el país deberá acometer en un muy corto plazo, de apenas meses. Los precios se incrementarán y la calidad —ya comprometida— previsiblemente se reducirá con la entrada de plantas contratadas que cubrirán las oscilaciones diarias de la demanda.

Desde luego que habrá que proceder a contratar —como en el 2007— plantas de generación portátiles que queman combustibles fósiles y tienen también requisitos especiales sobre la calidad del diésel que las alimenta.

Es lamentable haber llegado a esta situación, en parte atribuible a causas fuera de nuestro control, como el clima, pero también a un marco jurídico obsoleto que en su momento sirvió al desarrollo inicial, hoy más bien convertido en camisa de fuerza que impide el verdadero desarrollo que el país requiere.

Actualmente, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que podría contribuir de manera importante a mejorar la gobernanza del sector, y ojalá haya consciencia en los legisladores de que el consumidor debe estar en el corazón de la reforma. Garantizar la confiabilidad, calidad y el menor costo posible para favorecer la competitividad y descarbonización del suministro energético es esencial.

El autor es ingeniero y empresario, director del Consejo de Promoción de la Competitividad.