El más reciente estudio actuarial del régimen de pensiones del Poder Judicial, recomendó un riguroso recorte en las jubilaciones otorgadas antes de la última reforma al sistema, en el 2018, así como en el monto de las pensiones heredadas. En ambos casos el objetivo es mejorar la solvencia del régimen.
Los cambios se plantearon dada la persistencia de un déficit que oscilaba entre ¢369.684 millones y ¢1.079.928 millones al 31 de diciembre del 2022, según diferentes escenarios aplicados en el informe para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, del pasado 16 de marzo.
El estudio fue realizado por el actuario Raúl Hernández, quien fue contratado por la Junta Administradora del Fondo, pues la normativa de fiscalización así lo ordena.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), confirmó que conoce los resultados del estudio y ratificó la urgencia de hacer cambios en este régimen básico de retiro.
La Junta Administradora del régimen confirmó a La Nación que iniciarán la elaboración de un proyecto de reforma legal que prevén enviar a la Asamblea Legislativa el próximo año y cuyo objetivo será brindar “mayor equidad intergeneracional” al sistema de jubilación. Sin embargo, no detallaron cuáles serían los cambios propuestos.
Entre las recomendaciones del estudio contratado por la institución, Hernández, encargado del informe, planteó que quienes se retiraron antes de los cambios aprobados hace cinco años, es decir, 4.009 personas de un total de 4.139 pensionados, se les reconozca, por 10 años, solo el 50% de la inflación en el ajuste del monto de pensión.
“Para mejorar el nivel de solvencia, es necesario realizar acciones, las cuales deben recaer en los derechos en curso de pago, pues estos derechos fueron otorgados en condiciones actuarialmente laxas que contribuyeron a la situación actual del Fondo”, se explica en el estudio.
Para las pensiones sucesorias (se otorgan a herederos del beneficiario principal, cuando este muere), el estudio propuso que el monto a brindar a los futuros beneficiarios sea equivalente al 50% de la pensión del jubilado fallecido, en vez del 80% actual. Además de no reconocerle el ajuste por costo de vida también por una década.
“Para mejorar el nivel de solvencia, es necesario realizar acciones, las cuales deben recaer en los derechos en curso de pago, pues estos derechos fueron otorgados en condiciones actuarialmente laxas”.
— Raúl Hernández, actuario encargado de estudio a pensiones del Poder Judicial
El informe determinó que si se acogen las propuestas, la razón de solvencia, es decir, la capacidad del fondo de pagar los compromisos de pensión futuros, sería del 94% en lugar del 76,2% en el escenario base o el que se apega más a lo que puede ocurrir. Además, el déficit se reduciría sustancialmente hasta ubicarse en ¢163.901 millones.
De hecho, Rocío Aguilar destacó que las opciones propuestas en el estudio podrían llevar al fondo a una reducción significativa del déficit o incluso a un equilibrio actuarial.
Aguilar corroboró que los administradores del régimen trabajan en una propuesta de reforma legal para ajustar el perfil de requisitos y beneficios.
“Acciones para que las poblaciones anteriores (pensionados en curso) asuman una mayor parte del déficit actuarial que generaron buscan mayor equidad”, recalcó la funcionaria.
No es la primera vez que los administradores del régimen del Poder Judicial reciben una alerta sobre los desequilibrios del sistema. Desde el estudio actuarial del 2019 se advirtió de que el régimen era insostenible, pese a la reforma aprobada un año antes.
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Reforma obligatoria
El estudio instó a la Junta Administradora a promover el cambio legal en el régimen porque la nueva política de inversión aprobada el año pasado no será suficiente para cerrar el desequilibrio del sistema.
“No se puede esperar que los resultados mejoren sustancialmente si no se adoptan medidas adicionales que, lamentablemente, requieren de un proceso largo, debido a que estas son reserva de ley como lo indicó un fallo de la Sala IV”, explicó Hernández en su informe.
La Junta Administradora reconoció, en una respuesta por escrito, que optarán por promover un proyecto de ley para procurar una mayor sostenibilidad en el tiempo.
La Junta Administradora del Fondo del Poder Judicial indicó que estarán trabajando en un proyecto de ley que incorpore, entre otros, ajustes al perfil de requisitos y beneficios”.
— Rocío Aguilar, jerarca de la Supén
“Dentro de la propuesta de ley que se está analizando, se contemplan todas las posibilidades que sean razonablemente justas para el beneficio del régimen como un todo, lo que no necesariamente se traduciría en acoger estas propuestas (las del estudio actuarial)”, respondió la entidad cuando se le consultó sobre los recortes en beneficios.
Además, la Junta subrayó que en la iniciativa en formación buscará ajustar cualquier parámetro inadecuado que persista en el régimen y provoque inequidad entre los 14.039 trabajadores activos y los 4.139 jubilados.
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El estudio actuarial muestra que el 64% del pasivo del régimen corresponde a las obligaciones de pago de los pensionados actuales, y el 36% restante es de los derechos en formación, es decir, las personas que actualmente laboran.
La reforma del 2018, que modificó condiciones de cotización y retiro del sistema, se aprobó en el Congreso después de una fuerte oposición de empleados judiciales quienes realizaron paros de labores y manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa.
Los cambios aprobados por los diputados elevaron la contribución de los trabajadores activos y los pensionados del 11% al 13%.
El cálculo de la cuantía de la pensión también se redujo del equivalente al 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. También se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años, y el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.
Además, se estableció un tope de pensión de ¢4,6 millones, es decir el equivalente a 10 salarios base de un empleado judicial, el cual es de ¢462.200 para este año.
Para las pensiones otorgadas antes de la reforma, que sobrepasen el monto máximo, la modificación legal creó un aporte solidario de entre el 35% y hasta el 55% sobre el exceso del monto del tope. Pero, en mayo del 2021, la Sala IV determinó que las deducciones a las pensiones del Poder Judicial no pueden superar el 50% del monto total bruto.
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El más reciente estudio actuarial a las pensiones del Poder Judicial propone un fuerte recorte a los beneficios otorgados antes del 2018 porque el fondo carece de solvencia. El 26 julio del 2017, los empleados judiciales efectuaron un paro de labores por los cambios que se discutían al fondo de jubilación. (Julieth Méndez)
Escenarios relevantes
En el escenario base del estudio actuarial, los ingresos por cotizaciones y ganancias de las inversiones del fondo serán suficientes para hacerle frente a los pagos de las pensiones hasta el 2034.
En el informe anterior, con datos al 31 de diciembre del 2021, ese momento ocurría en el 2038, es decir, se adelantó en cuatro años.
En el caso de la evolución de la reserva, el análisis muestra que pasará de los ¢705.875 millones, al cierre del 2022, a un punto máximo de ¢943.587 en el 2033.
Sin embargo, una vez que los ingresos al régimen sean insuficientes para pagarle a los jubilados se deberá tomar recursos de la reserva hasta que esta se agote, en el 2044, según las estimaciones del informe. Mientras que en el estudio previo esto ocurría en el 2048.
En el análisis elaborado por el actuario Raúl Hernández, se explica que, en las condiciones actuales, el sistema tiene un déficit actuarial de ¢644.820 millones en el escenario base, y carece de solvencia.
