Durante la administración gubernamental anterior un grupo de diputados logró la aprobación de una ley que imponía una “contribución solidaria” a los pensionados del Magisterio Nacional, a los que despectivamente han denominado “pensionados de lujo”.
Varios años han pasado durante los cuales nos han venido rebajando esa “contribución”, la cual nunca se nos preguntó si la queríamos otorgar, como toda contribución lo exige. Para que al lector le quede más claro. Si usted recibe un cierto salario y el día de mañana le rebajan un 15% de ese salario, usted preguntará, naturalmente, a qué se debe ese rebajo. Si la respuesta que recibe es que se trata de una “contribución solidaria”, entonces, lógicamente, usted preguntaría en qué momento dio el consentimiento para esa “contribución”. A eso es a lo que me refiero.
Los diputados de la administración anterior aprobaron una ley que no tenía el nombre de “impuesto” a las pensiones del Magisterio Nacional, sino el de “contribución solidaria”. A eso se le denomina un eufemismo: en realidad se había aprobado otro nuevo impuesto para rebajar las pensiones que, dignamente, cotizando desde el primer mes de trabajo, ese sector laboral se ganó.
Y ese eufemismo se convierte, ipso facto, en una lesión a los derechos adquiridos por ese sector laboral, toda vez que no lleva el nombre que le corresponde, a saber “impuesto”. Los diputados que aprobaron esa ley estaban protegiendo el nuevo impuesto con un nombre falso y totalmente inadecuado. ¿Por qué razón? Porque los impuestos que se han cargado contra las pensiones del Magisterio Nacional ya superaron lo que podía hacerse con ese nombre, el de “impuesto”, y usaron el de “contribución solidaria”. De ese modo quisieron dañar, una vez más, el monto de las pensiones que devengan los pensionados del Magisterio Nacional.
Ante un atropello de esa naturaleza, un grupo significativo de profesores pensionados interpusimos un recurso de amparo desde hace cuatro años y, a la fecha, no ha sido resuelto, ni siquiera recibió medidas cautelares, tales como que no se procediera con el rebajo hasta tanto no se resolviera el recurso presentado.
La pensión que recibimos los trabajadores de la educación que consagramos toda la vida a la enseñanza, ha sido un derecho genuinamente ganado desde que iniciamos nuestras labores. Nosotros empezamos a trabajar en el marco de una estructura laboral, MEP o universidades públicas, dentro de la cual el rebajo por la pensión (a futuro) era uno de los rubros usuales, así como los de la CCSS o Hacienda. Nadie nos preguntó si queríamos o no pagar esa cuota. Tenía la misma naturaleza que cualquier carga impositiva sobre el salario. Pero resulta que cuando nos pensionamos, nos corresponde una pensión que ha venido siendo rebajada agresivamente por el Estado y sus últimos gobernantes, y, como ya no le caben más impuestos a nuestras pensiones, los diputados de la administración anterior usan el artilugio de “contribución solidaria” De esa forma, cualquier instancia jurídica no tenderá a juzgar como “impuesto” lo que esos diputados denominaron “contribución”, tal y como si los perjudicados hubiéramos dado el consentimiento explícito para que se nos rebajara esa lesiva cantidad de nuestras pensiones.
Por esa razón estamos apelando a la claridad jurídica, a la protección de los derechos adquiridos por los sectores laborales perjudicados y elevamos nuestra petición ante el más alto tribunal para que juzgue con justicia la lesión de que ha sido objeto este sector laboral, atacado directamente en sus pensiones y, lo que es más indignante, difamados públicamente como si nos robáramos lo que dignamente nos corresponde luego de una larga carrera docente.
(*) Jorge Jiménez Hernández es doctor en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, catedrático pensionado de esa institución, recibió el premio Aquileo Echeverría de novela en 2012 y fue fundador y director de la revista Kasandra durante la década de los años 1990.
