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Costa Rica

Memorando el imperialismo: 1713, cuando Europa abandonó a los catalanes

Generalitat de Cataluña. Archivo

Media Europa autorizó, tres siglos atrás, que se desmantelase una corona con más de cinco siglos de historia, a cambio de poner fin a una guerra para el control del imperio colonial. Como resultado, se puso fin a los derechos y privilegios, civiles e institucionales, de los reinos que formaban parte de ella. El principado de la corona, Cataluña, perdió allí su autoridad frente al rey, labrada mediante la implementación de un sistema parlamentario único en Europa, y, el rey, ejerció el derecho de conquista. Con motivo del Tratado de Utrecht, en 1713, se rompió la alianza europea contra los Borbón, y, estos, al tomar posesión de “las Españas”, impusieron su autoridad bajo el modelo castellano. El Principado de Cataluña fue una moneda de cambio que facilitó el reparto, pactado, de los derechos coloniales, y el inicio de la etapa más fructífera de la colonización europea del mundo.

Cataluña y el resto de los reinos catalanes, Valencia y Mallorca, se negaron a renunciar a sus derechos civiles y a ejercer su autogobierno. Hoy, tres siglos después, Cataluña pide expresar, de nuevo, su voluntad, porque España y Europa se la negaron, dando pie a una anómala configuración política de España y a una selección cultural hostil, autoritaria y nunca aceptada de buen grado.

Ahora no hay motivos coloniales, monárquicos ni religiosos que justifiquen desentenderse de ello, y en cambio hay motivos éticos, en su máxima expresión fundamental, que justifican tomar una correcta decisión sobre el “caso de los catalanes”. Pero Europa y, por supuesto, España, reúsan reconducir el justo devenir histórico.

Por esta razón, ante la reiterada desautorización de la realidad civil, sociocultural y nacional catalana, tanto la presente como la histórica, y, ante la pasiva e insuficiente determinación de la Unión Europea, es conveniente exponer el origen de los hechos que cambiaron de forma hostil las relaciones de Cataluña dentro del concepto de España, y que fueron la causa de una inducida tergiversación de la historia que ha persistido hasta la actualidad. Sería lógico que dichos detalles no fuera necesario aquí relatarlos, pero tal y como se está tratando el asunto en los medios de comunicación y en las instituciones estatales y europeas, así como en ciertos círculos intelectuales que le son afines, es de crucial importancia revisar los hechos y actualizar su relevancia.

Europa y España deben asumir el reto de revisar la historia común, e incorporar en ella a los catalanes, como un ejercicio de memorización necesario para labrar la empatía cultural necesaria para tutelar, legitimar, el referéndum de autodeterminación que Cataluña reclama, previo debate público, abierto y honesto de todas las partes implicadas.

Atendiendo a la responsabilidad común que vincula, a media Europa, con el desmantelamiento de la autoridad catalana, mediante las firmas de los tratados de los Pirineos (1659), de Rijswijk (1697) y de Utrecht (1713), y, atendiendo al acontecer del pulso desigual que, una vez más, España ejerce sobre los catalanes, es necesario hacer memoria. Lo es por imperativo ético. Conviene reponer los valores que deben permitir a toda ley responder de forma correcta a su finalidad fundamental: un orden justo y piadoso para el gobierno de los estados, la expresión del libre juicio sin coacciones y el pleno conocimiento de la memoria cultural humana. Europa, junto con España, debe asumir la cuestión histórica como un ejercicio de memoria común conveniente para labrar la empatía cultural necesaria para tomar la justa decisión, y tutelar, legitimar, el referéndum de autodeterminación que Cataluña ofrece, previo debate público, abierto y honesto de todas las partes implicadas.

No se puede reprochar a Europa que no disponga de una información justa y honesta sobre los catalanes, que el brazo institucional de la historiografía de España ha tergiversado por razones de poder. Pero Europa firmó el Tratado de Utrecht, en 1713, y de eso sí que es consciente. Lo es, muy especialmente, el Reino Unido, que gracias a ello obtuvo los privilegios que lo llevaron al dominio de buena parte del mundo, y de Gibraltar, que fue conquistada con las tropas catalanas, en 1704. Con la toma de Gibraltar (y, durante el siglo XVIII, de la isla de Menorca), Inglaterra pudo controlar la ruta con Asia y, en el siglo XIX, hasta el siglo XX, tomó posesión de Egipto y Tierra Santa, en un capítulo de la historia que acabó con el Imperio Otomano, en 1919, con motivo de la Primera Guerra Mundial, y con la creación del Estado de Israel, en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Con el Tratado de Utrecht, a su vez, media Europa se repartió derechos sobre el proyecto colonial, hasta entonces custodiados por los monarcas ibéricos, con el beneplácito del Vaticano. En el caso del Reino Unido, todo ello fue posible tras unir los parlamentos de Escocia e Inglaterra con el Acta de Unión de 1707, iniciando así nuevas y prósperas alianzas. Pero, de hecho, hubo una alianza previa, con los catalanes, en 1705, sellada en Génova, que Inglaterra ha borrado de su historia. En este pacto o tratado, Inglaterra tomaba partido en la guerra de sucesión y se comprometía a defender la causa catalana contra los borbones, y su alianza con el archiduque Carlos de Austria, incorporando el compromiso de defender sus privilegios. Era una meditada estrategia geopolítica. A cambio, Inglaterra enviaría 10.000 soldados a Cataluña y entregaba 12.000 fusiles. Por ello, es consciente de su responsabilidad ante los catalanes. Fueron ellos quienes, en 1704, enviaron docenas de navíos ante las costas de Barcelona para proponerles una alianza contra las pretensiones borbónicas para el control del Imperio español, y, debido a ello, empezó la Guerra de Sucesión Española. Pero, la guerra no tuvo el resultado esperado para los catalanes. Tras una contienda abierta en múltiples frentes, Inglaterra abandonó la causa catalana e inició, a cambio, su particular periplo colonial.

Desde entonces, Inglaterra y el Reino Unido tienen una deuda pendiente con los catalanes.

Desde entonces, España es eminentemente castellana, e insiste en que su castellanidad es un derecho histórico. Para ello, ha distorsionado el sentido de la historia de España, que es presentada como un proyecto eminentemente castellano, cuando no fue realmente así. Ha transformado la “guerra de sucesión española” en un episodio menor, que permitió a España salir del yugo feudal, y, en cambio, niega y borra, ante la conciencia colectiva de la historia, la innegable tradición parlamentaria de los catalanes, sus instituciones, sus derechos históricos y sus privilegios labrados en el seno del desarrollo de los derechos civiles que Europa lidera desde la Edad Media. A su vez, afirma que la empresa colonial fue castellana desde sus inicios, faltando a la verdad, y negando la autoridad de la Corona de Aragón en la corona española, cuya fusión se materializa con la acumulación de los poderes en Carlos I de Habsburgo. Basta recordad los poderes que procedían de la corona catalana, aragonesa e italiana, llamada de Aragón, y los procedentes de Castilla.

Lejos de pretender dignificar la empresa colonial, es relevante reconstruir su razón originaria por las consideraciones históricas que conlleva. Lo es porque es una señal de que, en determinado momento, hubo otra empresa colonial que también fue catalana y de la cual nada se sabe. Y Cataluña, España, Europa y toda la humanidad tiene derecho a conocerla.

En el testamento de Fernando de Aragón, de 1516, el rey indica que deja a su hija Juana (entre otros poderes) “la part Nos pertany a las Indies de la Mar Oceana” (está escrito en catalán y significa “la parte que a Nosotros pertenece de las Indias del Mar Océano”). Es decir, informa de unos dominios de las Indias que, como rey de Aragón, dice traspasar a su hija. E informa en catalán, cuando, oficialmente (inaudito), el rey Fernando no conocía el catalán. Y no es una curiosidad, ya que existen múltiples evidencias que lo corroboran. Numerosos mapas, fechados oficialmente en el siglo XVI, básicamente, que han sido conservados en todo el mundo (fuera de España), muestran los símbolos catalanes en las posesiones oceánicas españolas, junto a otras singularidades como la presencia de medias lunas en América. Esta cuestión, lejos de pretender dignificar la empresa colonial, es relevante por las consideraciones históricas que conlleva. Lo es porque es una señal de que, en determinado momento, hubo otra razón colonial original que también fue catalana y de la cual nada se sabe. Y Cataluña, España, Europa y toda la humanidad tiene derecho a conocerla. Por otro lado, cuestiona tanto la inédita castellanización de los reyes de la Corona de Aragón desde los inicios del siglo XV como la mítica comunión de las coronas de Castilla y de Aragón con el matrimonio de Fernando e Isabel, así como la supremacía castellana de esta alianza. Por ello es conveniente recordar el resto de las posesiones y dignidades que Fernando de Aragón entregó a su hija Juana. Fueron: el Principado de Cataluña, los territorios del Rosellón y el resto de la “Cataluña Norte”, los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, las ciudades de Bugía, Argel y Trípoli (en África), y, de manera singular, las dignidades (titulares) de duque de Atenas y Neopatria, rey de Hungría, rey de Jerusalén y emperador del Imperio romano. Según el historiador Jerónimo Zurita (en 1580), Fernando el Católico recibe los derechos de emperador del Imperio romano de Andrés Paleólogo, en 1502, mientras que según otras fuentes la dignidad de emperador romano es compartida con el zar de Rusia, como legítimo heredero (por eso luce en su bandera el águila bicéfala romana). En su lugar, Castilla aportaba los territorios peninsulares a la reina Juana. El sinsentido histórico está servido, más si se considera la gran cantidad de posesiones de media Europa que acumula el rey Carlos. Digan lo que digan los historiadores, no tiene sentido alguno que la empresa colonial fuese castellana desde sus inicios. Cierta es la abrumadora presencia del castellano en las colonias de España, pero también es cierto que dicha empresa fue eminentemente castellana desde el término de la Guerra de Sucesión Española, en 1715, al caer el Reino de Mallorca, y que, desde entonces, se podría haber impuesto esta historia, enmarcada en la incuestionable impunidad inquisitorial. La Real Academia de la Lengua española se crea en 1712, y la Real Academia de la Historia española en 1738. Del mismo modo, ingleses, franceses y holandeses implantaron sus respectivas lenguas en sus colonias de América, África, Asia y Oceanía entre los siglos XVIII y XX, perdurando como lenguas oficiales tras el desmantelamiento del sistema colonial, autorizado desde 1945.

Sea cual fuera la historia real, lo cierto es que España, castellanizada unilateralmente desde el siglo XVIII, ha creado un imaginario contradictorio, por razones de poder. Desde entonces, España insiste, de forma impulsiva, en imponer su autoridad ante cualquier evidencia o indicio de reconstrucción de la autoridad catalana. En su fundamento apela a la “ley de la historia”. Esta ley pretende que la legalidad sea un acto de autoridad sin más, donde la legitimidad está subordinada a ella. Cuando, de hecho, por el correcto orden de los pueblos, es evidente que si no se invierte esta subordinación es inevitable que haya conflictos, y falta de autoridad a todos los niveles. En un orden democrático y social la legitimidad es, necesariamente, la causa de la legalidad, y decir lo contrario es negar la realidad, el pasado, el presente, el futuro y la dignidad humanas.

España se aferra a su ley, y la utiliza como justificación para negar la singularidad catalana, así como para recriminar su derecho a ejercer su voluntad social y cultural, faltando a la verdad histórica. Y, debido a ello, dicha ley se convierte en la “esclavitud de la ley” que rememora, una vez más, los abusos del imperialismo colonial.

Ante la denuncia catalana de los abusos de la autoridad española, que ejerce, desde hace siglos, instrumentos de dominación sobre ellos, España apela a la “ley de conquista”, sin reconocerlo públicamente. La “ley” a la que apelan tanto el Gobierno de España como Su Majestad el Rey es una “ley humana” que, efectivamente, sirve para mantener un determinado orden en el Estado español. Pero, dicha ley, cuando se utiliza como justificación para negar la singularidad catalana, cuando se utiliza como justificación para negar el derecho de la sociedad catalana a ejercer su voluntad social y cultural, cuando falta a su propia historia, cuando envía a prisión a los representantes políticos y civiles de la sociedad catalana, se convierte en la “esclavitud de la ley” que rememora, una vez más, los abusos del imperialismo colonial. Es una “ley artificial” que está alejada de su legitimidad cuando niega el derecho internacional de los pueblos del mundo a ejercer su libre determinación de forma pacífica.

En base a esta denuncia, en este artículo se describen los hechos cruciales que precedieron a la Guerra de Sucesión Española (1701/1705-1715), y se recupera, de este modo, su verdadero significado. Fue una guerra internacional imperialista y colonial, en la que hubo vencedores y perdedores, abusos y traiciones, como la que Castilla ejerció, en nombre de los borbones, sobre los reinos catalanes: el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Y todo ello tuvo lugar cuando Europa estaba envuelta en guerras religiosas, de poder y/o de prestigio, entre linajes y corrientes de pensamiento. En el trasfondo, la incómoda evidencia de un imperialismo colonial estaba limando cualquier ápice de debate público constructivo, en una época en que no existía la libertad de opinar sin riesgo de acabar en la hoguera, junto con toda tu familia. El cristianismo evangelizador del Nuevo Testamento no tenía nada que ver con la colonización militar y la destrucción, por no decir genocidio, que generaba.

El origen de estos hechos conviene contextualizarlo con la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que acabó en 1648 con el Tratado de Westfalia. En este pulso estaba en juego la historia y el devenir de múltiples naciones, en Europa Occidental, mientras se trazaban los límites territoriales de los reinos cristianos y del Imperio otomano en Europa Oriental. La autoridad monárquica en cuestión era la de los Habsburgo -apoyada por la Compañía de Jesús- y su intento de imponer un imperialismo católico, universal, para Europa y para el proyecto colonial. Estaba en juego el desafío de la reforma cristiana encabezada por Lutero, Calvino y la monarquía inglesa. En ese contexto, Francia, controlada por el cardenal Richelieu, puso media Europa contra ellos aprovechando el conflicto religioso en beneficio propio.

Resultado de esta contienda, se reforzaron las instituciones estatales, y se desmanteló parte de la autoridad monárquica y religiosa sobre ellas. En algunos casos, se consolidaron procesos de independencia, destacando Holanda y Suiza, y, en otros, se labraron procesos de secesión, como el que dividiría España y Portugal, que se acabaría materializando con el Tratado de Lisboa, en 1669. El Principado de Cataluña inició, también, junto a Portugal, en 1640, la secesión de España, pero no logró su objetivo. Cataluña buscó el refugio del rey de Francia, a quien convirtió en conde de Barcelona, pero Castilla lo impidió y, en su lugar, Cataluña acabó dividida entre España y Francia, estableciendo la actual frontera por los Pirineos. Este desafío acabó con la derrota catalana, y con medio Principado ocupado por las tropas francesas. Tras años de negociación, se impuso un tratado de paz, que supuso la división de las tierras catalanas entre los monarcas Borbón y Habsburgo. En 1659 se selló el Tratado de los Pirineos entre Luis XIV de Francia y Felipe IV de España. Se estableció una alianza matrimonial entre ambas coronas, cuyo resultado fue la creación de los derechos dinásticos del duque de Anjou, quien, décadas más tarde, acabaría convirtiéndose en el primer rey Borbón de las Españas, coronado como Felipe V. A su vez, se entregó el norte de Cataluña a la autoridad francesa, y Francia se adueñó de Flandes y el Ducado de Luxemburgo.

Pero la lucha por el control de Cataluña continuó, esta vez con constantes incursiones francesas. Entre los años 1673 y 1697, hubo una guerra permanente en Cataluña por el avance francés, que acabó por sitiar y ocupar Barcelona el 1697, en una guerra donde Luis XIV de Francia se enfrentó a la llamada Liga de Habsburgo, formada en 1689 por el Imperio Austríaco, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos (Holanda), España, Saboya y la Santa Sede. El conflicto se selló con el Tratado de Rijswijk en 1697, donde “las Españas” recuperaban Luxemburgo y Cataluña y a cambio entregaban la parte occidental de la isla de Santo Domingo a Francia (posterior Haití). El Sacro Imperio Romano Germánico recuperaba Friburgo y Breisach; Inglaterra le devolvía a su vez Nueva Escocia, al este del actual Canadá; y Estrasburgo se mantenía en Francia. Asimismo, otra de las consecuencias del tratado de “paz” fue la posibilidad de Francia de acceder al trono de España tras la muerte de Carlos II, como así fue, y el conflicto empezó de nuevo con su testamento, el 1700.

Los catalanes defendieron la Confederación de Estados de “las Españas” y un orden más libre y equilibrado en Europa, en una época de fuertes y violentas guerras por el control colonial y donde distintos modelos de autoridad monárquica tendían a perpetuarse con mayor o menor éxito.

Al iniciar el siglo XVIII, Cataluña estaba en medio de las aspiraciones monárquicas, absolutistas e imperialistas, de los Borbón, que se oponían a los Habsburgo, ansiosos por ser ellos quienes liderasen el poder colonial desde Europa, y temerosos de ser sometidos. Por todo lo dicho, al entregar el Imperio español a los Borbón, entre los años 1701 y 1704 se rearmó otra “liga europea de los Habsburgo”, pero esta vez siendo España y Francia (junto con el Reino de Navarra) los principales adversarios. En ese instante histórico, la causa catalana se alió con la liga santa europea, antes de que ésta se desmantelase para repartirse el proyecto colonial. Los catalanes, en la Guerra de Sucesión Española, defendieron la confederación de estados de “las Españas” y un orden más libre y equilibrado en Europa, en una época de fuertes y violentas guerras por el control colonial y donde distintos modelos de autoridad monárquica tendían a perpetuarse con mayor o menor éxito. El rey Carlos III de Habsburgo (desde 1711 el emperador Carlos VI de Alemania), junto con la reina Ana de Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya, defendían el mismo orden, ante el absolutismo borbónico impulsado desde Francia.

La reina de Inglaterra había prometido defender y garantizar las libertades y los privilegios de los catalanes en el pacto de Génova de 1705, si el Principado de Cataluña se sumaba a la guerra contra los borbones, hasta entonces uno de los principales enemigos de España. En el año 1713, sin embargo, el pulso colonial, la reciente coronación como emperador del archiduque Carlos y el coste de la guerra habían modificado el escenario. Europa se sentó en Utrecht para negociar, sin Cataluña, y sus libertades y privilegios fueron dejados a la suerte de los asistentes, donde cada cual defendió sus propios intereses.

Cataluña pidió al rey Habsburgo, en 1712, la independencia, a cambio de conceder al resto de las naciones de Europa presentes en Utrecht, su derecho a negociar y poner fin a la guerra, por el bien de sus libertades y las de Europa

El conde, rey y emperador Carlos abandonó Barcelona y tomó la decisión de garantizar y atender la evolución del proceso de paz iniciado en los congresos de Utrecht, estando en una posición desventajosa, pero el enfrentamiento con las tropas borbónicas seguía en pie. Ante las amenazas e incertezas que dicha negociación entrañaba, Cataluña tomó la decisión de mantener firme su posición y sus armas en defensa de su legitimidad. Dignificó la decisión del monarca que reconocía como legítimo, pero no renunció a defender sus derechos y privilegios ante la desigual fuerza que la dejaba prácticamente sola ante los borbones franceses y castellanos reforzados con aquellos pactos, con la convicción de la autoridad moral de su causa y situación. Da constancia de ello la carta que los representantes del Principado de Cataluña -el Consejo de Ciento, la Diputación y el Brazo Militar, conocidos como los Brazos de Cataluña o los Tres Comunes- tramitaron al rey Carlos. Decía:

“(…) Sería muy difícil defender las partes separadas del conjunto de España, y lograr el objetivo que se buscaba cuando se declaró la guerra, el cual era restablecer la tranquilidad de Europa, impidiendo que se unieran las dos monarquías de Francia y España, lo que sus predecesores reales tanto procuraron evitar mediante unas renuncias que Francia ahora se quiere negar a respetar, por lo que todavía siguen existiendo los motivos para proseguir la guerra, y una paz que transfiere el conjunto de España en la casa real de Francia sólo se puede considerar como un motivo para una nueva guerra: porque esto proveería Francia de los medios necesarios para impulsar la marcha de sus armas y para conseguir sus designios formulados en el transcurso del tiempo contra la augusta casa de Austria, sus países hereditarios, el Imperio y Europa.”

Más adelante añadirían:

 “Señor, suplicamos a Vuestra Majestad Católica, con todo nuestro más profundo respeto, que os plazca de persistir en tan importante y necesaria resolución tomada por vos para que, por la fuerza de las armas, España se mantenga y se establezca bajo el dominio de Vuestra Majestad: y si los hados se pronuncian de otra manera por las decisiones de un tratado de paz, y, si los dominios de esta monarquía deben ser divididos, rogamos bien respetuosamente a Vuestra Majestad que proteja, con todo su poder, Cataluña y las provincias adyacentes, de tal modo que, si no se pueden salvar con todo el conjunto de la monarquía, puedan al menos mantenerse por separado.”

Y concluía la carta con la siguiente declaración de principios:

“Ofrecemos a Vuestra Majestad todas las fuerzas de Cataluña, nuestros bienes y nuestras vidas para llevar a cabo los designios de Vuestra Sagrada Majestad imperial y católica en favor de nuestra soberana, la serenísima emperatriz: pues nos consideramos obligados a hacerlo por razón de nuestro deber para con Dios y para con su majestad, por la seguridad y tranquilidad de Europa, la libertad de España y la liberación de la nación catalana.”

Dicha carta fue transcrita, en inglés, en el libro The deplorable history of the Catalans, publicado en Londres y fechado en 1714.

Cataluña mantuvo la esperanza de su victoria hasta el último día, convencida de que la legitimidad y la dignidad de su causa vencería, pero los hechos labraron otro camino. Ni el emperador Carlos ni sus aliados europeos atendieron la voluntad de los catalanes, y sentenciaron su dimensión estatal, comprometiendo en gran medida incluso su dimensión nacional labrada después de siete siglos de tradición y libertad. No son palabras gratuitas, el Tratado de Utrecht, de 1713, es el documento inequívoco que corrobora esta lamentable decisión. Con este Tratado se sellaron acuerdos comerciales, donde Inglaterra obtenía Gibraltar y Menorca de la nueva España, también Nueva Escocia, la bahía de Hudson y Terranova de Francia; y Austria, las Provincias Unidas (Países Bajos) y la Casa de Saboya se repartían la totalidad de los territorios que la anterior España había acumulado en Europa, desmembrando la totalidad de la Corona de Aragón y poniéndole fin de un modo ignominioso.

Los estados y confederaciones europeos aliados inicialmente con los catalanes obtuvieron cuantiosas ventajas y priorizaron sus intereses coloniales y estratégicos, abandonando a los catalanes a su suerte ante el ansia de autoridad perdida de los borbones.

La “ley española” que supuso la imposición de los privilegios de las habitantes de las dos Castillas a todos los habitantes del Principado de Cataluña, no es otra que la ley europea, colonial, del Tratado de Utrecht de 13 de Julio de 1713. Fue el paso previo que permitió la imposición de los Decretos de Nueva Planta y una reestructuración político-administrativa integral para garantizar el absolutismo de la postguerra, la desaparición del sistema parlamentario catalán, de la Generalitat de Cataluña (la Diputación), del Consejo de Ciento, del Brazo militar catalán y del Tribunal de Contrafacciones. El Tribunal de Contrafacciones fue creado el 1701 en línea de la Constitución de la Observancia (de 1481), que establecía el sometimiento del rey a la observancia y cumplimiento de las Constituciones Catalanas, y estaba formado de manera paritaria entre los representantes del rey y los de la Conferencia de los Tres Comunes. Fue, en cierto modo, el primer Tribunal Constitucional de Europa.

Inglaterra y España pactaron, en 1713, la castellanización de los reinos catalanes.

Europa aceptó, con la determinación de los reyes Ana de Inglaterra y Felipe V de España, para dar continuidad a sus aspiraciones coloniales, que Cataluña fuese asimilada al modelo de Castilla, del mismo modo que los Borbón habían impuesto antes en los reinos de Valencia y de Aragón. Es decir, se pactó que se castellanizaría, y que desaparecerían sus instituciones, leyes y privilegios, en las negociaciones del Tratado. Detalle del Tratado de Utrecht, de 13 de Julio de 1713:

“Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa de instar con suma eficacia para que todos los habitantes del Principado de Cataluña (…) conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios, el rey Católico [Felipe V], en atención a S.M. británica, concede y confirma en el presente a cualquier habitante de Cataluña (…) todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más armados del rey Católico.”

Esta decisión, impropia de un Tratado de Paz, fue la razón de la decisión de Cataluña de seguir la guerra tal y como anunciaban la carta anterior. Tras el Tratado de Utrecht Barcelona estuvo sitiada durante más de un año, sufriendo constantes bombardeos por parte de más de 40.000 soldados borbónicos; 20.000 de Felipe V de España y 20.000 de Luis XIV de Francia. Fue una guerra entre los catalanes y los borbones, con 6.800 bajas catalanas y 14.200 bajas de los reyes Borbón, que finalizó el 11 de septiembre de 1714. Barcelona resistió con la ayuda exterior de los mallorquines y el suministro de alimentos proveniente de Nápoles y Argelia. Mallorca, Eivissa y Formentera cayeron diez meses más tarde, el 11 de Julio de 1715. Como información adicional, para ayudar a comprender la dimensión de estos hechos, conviene decir que tras la guerra se destruyó un 20% de la Ciudad Condal (Barcelona) para construir una ciudadela militar y durante más de un siglo no se permitió que Barcelona creciese más allá de sus murallas, levantadas en el siglo XIV (hasta 1853).

La guerra para el control de la empresa colonial que Europa desatendió con el Tratado de Utrecht, en 1713, terminó con el Decreto de Nueva Planta en el Principado, en 1716, y este fue el origen de la actual centralización de poderes en España bajo la autoridad castellana, así como el de la manipulación definitiva de la historia.

Por tanto:

Le corresponde, a Europa y al orden internacional, sobre las bases aquí argumentadas, dar una respuesta digna, hoy y tres siglos después, a la voluntad catalana de ejercer su libre determinación. Le corresponde, a Europa y España, permitir la reconstrucción justa y necesaria de la historia de la colonización de los imperios cristianos, con la colaboración del Vaticano y del resto de congregaciones, para dar voz a los catalanes y a todas las naciones, culturas y civilizaciones que sometió, para el bien colectivo de toda la humanidad. Y le corresponde, al Reino Unido y a España, con o sin la ayuda de sus monarcas, liderar esta determinación.

(*) Andreu Marfull Pujadas, Profesor en Planificación y Geografía Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

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