La historia oficial, cuando trata a los pueblos en conflicto, es tendenciosa. Un caso, evidente, es el de la historia de los catalanes ahora integrados en una España eminentemente castellana. No es un relato honesto, porque no explica al mundo qué es realmente Catalunya, más allá de la idea que tiene de ella España. Y no se trata sólo de diferentes lecturas de los mismos hechos, cosa que no deja de ser natural, sino que implica una deliberada manipulación de los hechos en sí. Las razones de esta distorsión deben entenderse como el resultado de una relación desigual de fuerzas, que no siempre ha sido así, pero que ha sido capaz de adulterar la narrativa de los hechos a medida del pueblo que, desde un determinado momento, domina los poderes del Estado. Y esta situación, compleja y anómala, es una fuente de conflictos y malentendidos que a quien más perjudica es a los catalanes. Por ejemplo, les impide expresarse libremente como pueblo o nación a nivel internacional, siendo un perjuicio que no sufren los castellanos. Y esto también ha dificultado el entendimiento entre los catalanes y el resto del mundo, con motivo del proceso secesionista. Ha sido un problema a la hora de recibir el esperado apoyo internacional al referendo de autodeterminación del primero de octubre del 2017.
Por esta razón, simple y al mismo tiempo relevante, a continuación se revisa el relato de la historia oficial y se aportan razones para modificarla; con el fin último de expresar por qué los catalanes tienen el derecho legítimo a exigir el reconocimiento internacional de su estatus de nación. Para restituir su dignidad y recuperar sus derechos y libertades en plenas condiciones, incluido el derecho a su libre determinación.
Quiénes son los catalanes. Qué es Catalunya
Es catalán quien así se define, y reconoce la autoridad de la lengua, la cultura y la historia de los catalanes. Esto es suficiente. Y Catalunya es una nación, hija de una historia que le es propia, y genuina. Originariamente, incluye el territorio que, a lo largo de la edad media, reconoce la autoridad del conde de Barcelona, que, por tradición, se debe al buen gobierno de los derechos y privilegios labrados, con los respectivos deberes, que se han creado de forma natural a partir del reconocimiento del valor de las buenas costumbres.
El pueblo catalán se ha construido alrededor del Principado de Catalunya, que históricamente incluye el Rosellón y media Cerdanya ahora en tierras francesas, conocidas como la Catalunya Nord. Pero se ha extendido también más allá del principado. Actualmente, el catalán está presente en la franja este de Aragón, en el Principado de Andorra, en las islas Baleares, en Valencia y, de forma más local, en la ciudad de Alguer, en la isla de Cerdeña. Por otra parte, la historia de la nación catalana trasciende estos territorios. Por ejemplo, está hermanada con la Provenza, con quien comparte emblema (la bandera), así como con Narbona, Toulouse, Carcasona y Montpellier, con quien comparte las raíces de sus libertades, lengua antigua y una lucha frente a la expansión de los francos. Los une la antigua lengua de oc, también llamada romance, lemosín u occitano, que originariamente se extiende desde el extremo noroeste de la actual Italia hasta la costa suroeste de la actual Francia, cruzando los Pirineos de norte a sur. De esta gran área nacen diferentes variantes, como el catalán, el aranés, el occitano moderno, el provenzal, el aragonés y el gascón. Históricamente, son en esencia una misma lengua, con un mismo origen y una historia común, en una tierra que se convertirá en el centro geográfico de las llamadas lenguas latinas.
El pueblo catalán-occitano nace y deviene libre en la Edad Media. Desde su nacimiento, participa de la expansión del modelo monástico que se extiende por toda Europa Occidental, iniciado desde Aniana (junto a Montpellier), y promueve la paz y la concordia en la tierra que se hace propia. Con este espíritu, nace y se institucionaliza un sistema parlamentario de gobierno que, con el paso del tiempo, permite el desarrollo y la consolidación de unos derechos y privilegios que se convertirán en el cuerpo constitucional de la nación catalana, estructurada en un determinado modelo institucional que se extiende más allá de su territorio original. A lo largo de la edad media, se crea una identidad común bajo el modelo condal extendido desde la Provenza hasta Barcelona, pasando por Toulouse y Montpellier, que con el tiempo crece y se convierte en una confederación de Estados, en el que el principado de esta comunión política es la tierra que se convertirá en Catalunya. En este proceso, se promueve la cultura, la convivencia entre las religiones (hasta que entran en conflicto) y una significativa autoridad, que desarrolla el comercio marítimo y un brazo militar al servicio del imperio greco-romano y de las órdenes religiosas, hospitalarias y militares tuteladas por el sumo pontífice. Así, tiene lugar un progreso en las esferas de los ámbitos espiritual, sociocultural, tecnológico y material, propias de un determinado modelo civilizador. El conde de Barcelona, si bien pierde la autoridad política sobre el resto de territorios occitanos, ocupados por el rey franco, llega a convertirse en príncipe del Reino de Aragón, rey de Valencia, Mallorca, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, duque de Atenas y Neopatria y, de forma no suficientemente estudiada ni reconocida oficialmente, rey de Hungría, rey de Jerusalén, así como rey de Castilla y emperador del Sacro Imperio Romano-germánico. Pero eso no es todo, también obtiene dominios en el norte de África y en América, si bien la huella catalana en esta conquista se ha borrado. Los primeros pasos de la colonización, que la historia oficial ha hecho castellana y portuguesa, no fueron exactamente así. Los mapas históricos de la época y otros documentos dan fe de la presencia de catalanes, franceses y otomanos, especialmente en tierras de América, que la historiografía oficial se ha ocupado de ocultar.
Catalunya, y los catalanes, sufren las consecuencias de las transformaciones que se viven a lo largo del tiempo, que no tratan a todos por igual. Catalunya ha perdido la memoria de parte de su pasado, y ha habido interés por que así sea. De esto se han ocupado los cronistas que han escrito las historias oficiales de Francia y España. Por razones políticas, y estratégicas, comparten la idea de una visión menor del rol de los catalanes (y de toda Occitania en su conjunto), para acaparar el protagonismo en la historia oficial. Es evidente que se ha impuesto un excesivo protagonismo de Francia sobre las tierras occitanas, como lo hace la España creada bajo el ideal paradigmático de un matrimonio entre las coronas de Castilla y Aragón, en la que Castilla es principal, en detrimento del territorio catalán, confundiendo el mapa político moderno con el medieval, y los reyes católicos con toda la edad media. Esta distorsión se debe a los cambios de poder, que siempre abusan de la capacidad de reescribir el pasado Y esto se expresa en casi todos los episodios de la historia, cuando comienzan a escribirlos unos y terminan reescribiéndolos otros.
En esta línea, siguiendo el hilo de los giros de la historia, y de la narrativa que acaba escrita y reconocida oficialmente, cabe destacar un episodio especialmente doloroso que deja a los catalanes en una condición vulnerable. Y puede explicar en buena medida el por qué de la tergiversación de su pasado. En 1714, se pierde el derecho a mantener el sistema parlamentario catalán, resultado de la derrota de los catalanes en un conflicto que se conoce como la Guerra de Sucesión Española, iniciada en 1705. Por un lado, participan Francia y Castilla en nombre de los Borbón. Por otro, el Principado de Catalunya y los reinos de Valencia y de Mallorca en nombre de los catalanes, más el Reino de Inglaterra, el Sacro Imperio Romano-Germánico, las Provincias Unidas de los Países Bajos, el Reino de Portugal y el Ducado de Saboya. La guerra, a nivel internacional, termina en 1713 con el Tratado de Utrecht, y en el Principado de Catalunya acaba en 1714.
El Tratado de Utrecht significa el antes y el después de los derechos de los catalanes. Es fundamental reescribir lo que significó, para restituir la memoria distorsionada de la historia real, no sólo de los catalanes, sino también de Francia y de España, y del resto de países europeos involucrados. Los catalanes no son invitados a negociar las condiciones del tratado, y son abandonados a la suerte de los Borbón. Y (eso es importante) antes de Utrecht, hubo otro pacto, que se ha borrado de la historia oficial. Es el pacto de Génova, de 1705, cuando comienza la guerra de sucesión.
Éste es el contexto que lo explica:
A principios del siglo XVIII se inicia una guerra entre la llamada liga de los Habsburgo y los Borbón. En 1705, el Principado de Catalunya es invitado a unirse a la liga, para hacer frente a las pretensiones de los Borbón al trono de las Españas. Inglaterra invita a los catalanes, que acuerdan la alianza a cambio de recibir la protección de la reina inglesa, en lo que se conoce como el Pacto de Génova. Este pacto, hoy en día, como se ha apuntado, no forma parte de los archivos oficiales, ni de los ingleses ni de los españoles, pero se encuentra en el libro titulado “Recuerdo de la Alianza”, del año 1736, publicado en Oxford. Y otras fuentes hablan de ello. Obviamente, el pacto se sustituyó por uno posterior, por el Tratado de Utrecht de 1713. ¿Por qué? Inglaterra (convertida en 1707 en Reino Unido, al unirse voluntariamente con Escocia) saca provecho. Con este tratado, se acuerda el fin del conflicto entre los Borbón y el Reino Unido. Resultado del Tratado de Utrecht, Inglaterra abandona la protección de los catalanes, tras prometer su lealtad y suprema protección en 1705, a cambio de derechos comerciales, tierras en el norte de América, la isla de Menorca y la colonia de Gibraltar, conquistada por los ingleses con los catalanes. Así pues, el Tratado hace poderosos a los ingleses, y a los Borbón, a expensas de los catalanes. Desde entonces, por una cuestionable estrategia geopolítica, Inglaterra necesita entenderse con España para mantener la ruta del Imperio británico que con el tiempo se extiende desde Londres a la India, pasando por Gibraltar. Así, el Reino Unido sabe que, si apoyan internacionalmente a los catalanes, España les reclamará Gibraltar, ya que se trata de historias entrelazadas por el Tratado de Utrecht. Pero esto, España y los británicos nunca lo han reconocido públicamente.
Entrando en más detalles, en el artículo 13 del citado Tratado de Utrecht, se acuerda que los catalanes reciben la amnistía de los Borbón españoles, mientras se deja escrito que se asimilarán a los castellanos, y a cambio los ingleses se retiran del Principado catalán, incumpliendo el Pacto de Génova. Asimismo, los catalanes deciden mantener la guerra, solos, con el apoyo exterior del resto de catalanes, para defender sus libertades. ¿Por qué? Pues porque conocen la dura represión que el rey Borbón ha ejercido sobre el Reino de Valencia, así como la imposición de su castellanización con el Decreto de Nueva Planta de 1707, y los catalanes no quieren pasar por la misma criba. Pero al final, pese a mantener encendida la llama de la libertad y esperar el apoyo de Europa, que no llega, los catalanes son vencidos. Barcelona cae en 1714, y Palma de Mallorca en 1715. Así, el rey Borbón, intruso en la corona hispana, impone, con el Decreto de Nueva Planta de 1716, el fin de los derechos y privilegios de los catalanes. En este decreto se disuelve el sistema institucional catalán y se pone fin a las Constituciones del Principado de Catalunya, imponiendo el modelo autoritario de una Castilla absolutista y jerárquica, y el castellano como lengua oficial. Por otra parte, años atrás, la Catalunya Nord se ha entregado al Reino de Francia, resultado de otro tratado de paz en el que también se pierden los derechos y gracias al cual se acabará imponiendo el francés. Es el Tratado de los Pirineos de 1659, que se acuerda tras un conflicto previo en el que los catalanes se ponen a merced del rey Borbón francés, sin éxito, para independizarse de la monarquía hispánica, como lo hace Portugal, el 1640 (las razones hay que encontrarlas, oficialmente, en el ahogo derivado de las cargas de la empresa colonial). Francia y el monarca hispano acuerdan dividir el Principado de Catalunya en dos partes, creando una alianza tácita que acabará con la incursión de los Borbón en el trono de las Españas, y el desmantelamiento definitivo de la autoridad política e institucional de los catalanes.
Así, se impone el Decreto de Nueva Planta en el Principado de Catalunya y en el Reino de Mallorca, y, desde entonces, el rey Borbón intruso hace de los castellanos su pueblo fiel, y su ejército, en nombre de España. Asimismo, en este contexto, entre 1721 y 1724, con motivo de las negociaciones del Congreso de Cambrai, se debate el caso de los catalanes, pero no se encuentra una solución efectiva. El rey Borbón hace valer el artículo 13 del Tratado de Utrecht y se niega a hacer concesión alguna. Así, se inicia un conflicto interno entre Castilla y los catalanes por una idea eminentemente castellana, monárquica, militar, absolutista y con visión ilustrada, jacobina, centralizada en la Corte de Madrid, que permanece vigente hasta la actualidad.
Desde el Tratado de Utrecht, España hace del derecho de conquista castellano, sobre los catalanes, una misión histórica, que entiende como un deber, para defender su integridad territorial. La idea borbónica de España prevé transformar a la nación catalana en un conjunto de regiones de España, bajo la supremacía castellana.
Por estas poderosas razones, los catalanes nunca han cesado de reclamar, y exigir, el retorno de sus libertades nacionales. Y en esta lucha no han desperdiciado ninguna ocasión para hacer valer su voluntad y apoyar la libertad de los demás pueblos. Lo han hecho frente a España, en reiterados memoriales de agravios, nunca atendidos, pero también cada vez que el mundo ha expresado su voluntad de avanzar en el proceso civilizador global. En especial, después de las respectivas dos guerras mundiales del siglo XX.
Con motivo de las negociaciones que se inician con el Tratado de Versalles de 1919, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, los catalanes piden a la Sociedad de Naciones (el preámbulo de Naciones Unidas) que se reconozcan sus derechos nacionales, después de la ayuda mostrada durante la Gran Guerra. Se calcula que unos 18.000 voluntarios catalanes se suman a los ejércitos aliados. Pero la demanda no tiene éxito, entre otras razones porque España está agitada, a las puertas de imponer una dictadura militar represiva con los catalanes, en 1923, y lo impide. Después, años más tarde, en mayo de 1945, la autoridad del gobierno catalán en el exilio americano, que huye de la España nacionalista y falangista aliada con el nazifascismo, pide al bloque de los Aliados que vencen a la Segunda Guerra Mundial que se solucione el caso de los catalanes, que obliguen a Franco a claudicar, y que les permitan ejercer el derecho a la autodeterminación. Antes, los catalanes también colaboraron con los Aliados. Lo hacen desde Nueva York, de forma activa y en absoluto reconocida por la historiografía oficial, que no ha considerado este episodio, entre otras razones porque a los propios Aliados les interesó más aliarse con la España franquista que con los catalanes, al terminar la Segunda Gran Guerra. En este sentido, la demanda catalana se basa en el espíritu de la Carta del Atlántico de 1941, que proclama el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos. Lo hacen en nombre de una apelación titulada “El caso de Catalunya”, que es presentada en las Naciones Unidas (y recibida oficialmente por el Secretario General de la Conferencia Internacional en la que se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945). En la citada Carta se defiende el derecho de los Estados a defender su territorio, sin hacer uso de la violencia injustificada, así como el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y, la apelación catalana, con la intención de hacer valer el derecho de los pueblos por encima del derecho a la integridad territorial, en el caso de los catalanes dentro de la España castellana fascista, consciente del desconocimiento general que se tiene de la realidad plurinacional española, dice:
Clasificar la cuestión catalana entre los problemas internos del Estado Español es nombrar al opresor de Catalunya único juez y jurado en una causa en la que el juez es parte. Ni Catalunya ni ninguna otra nación oprimida puede esperar justicia de su propio opresor.
Pero los catalanes no son escuchados, ni en 1919 ni en 1945, en nombre de acuerdos y tratados de paz que requieren más sacrificios. Así, los catalanes deben soportar la condena y la catalanofobia de dos dictaduras. Primera, la de Miguel Primo de Rivera. Segunda, la del General Franco.
La idea de España que hace del derecho de conquista un derecho histórico y un deber a la lealtad de los castellanos a los Borbón es una fuente de violencia que, reiteradamente, no ha podido evitar la revolución social, la represión, la guerra, la muerte y el exilio de los pueblos que somete. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, es ejemplar. Un golpe de Estado militar somete a los pueblos de España con las tropas de Hitler y Mussolini, que atacan a los pueblos vasco y catalán, y fuerza el exilio de los adversarios, así como la restitución de la soberanía militar al frente del gobierno español, y el castellano como único idioma oficial.
Más adelante, en 1975, fallecido el caudillo Francisco Franco, el Príncipe Juan Carlos de Borbón se convierte en Rey de España, Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Con él se desmontan las estructuras franquistas, pero no se somete a juicio a los crímenes del franquismo ni se restituye la dignidad de sus víctimas. Para ellos se aprueba, el 15 de octubre de 1977, la Ley de Amnistía, con carácter vitalicio. La amnistía es general, cierto, pero se aplica después de más de cuatro décadas en las que el franquismo se ha dedicado a perseguir, juzgar y condenar a sus adversarios políticos, ideológicos e intelectuales. Con esta imposición no es posible revisar la historia, ni la conciencia del derecho natural de los pueblos en España. Así, la Constitución española de 1978 protege al franquismo, la supremacía del castellano y el ejército como garante del derecho de conquista bajo el mando del rey Borbón. Se avanza en el reconocimiento plurinacional de España, pero ésta mantiene firme la vigencia de una idea nacional eminentemente castellana. Catalunya mantiene una visión pragmática y se centra en el proyecto de recuperar el respeto al catalán y participar en un autogobierno parcial, concedido por España. Galicia y el País Vasco hacen lo mismo, y reciben con agrado la oportunidad de dignificar al gallego y al euskera, pero con la peculiaridad de que la resistencia vasca mantiene un brazo político independentista activo, así como otro armado para exigir sus libertades, que se ven combatidos por las fuerzas policiales y judiciales españolas. Las respectivas luchas experimentan diferentes procesos, hasta que el caso catalán da un giro.
En 2006, el Parlamento de Catalunya aprueba un Estatuto de autonomía, afianzado en un referéndum oficial, que aspira al reconocimiento nacional y a ampliar sus competencias, pero el Tribunal Constitucional, en nombre del Estado español, bloquea el Estatuto. El sentimiento de indignación se extiende, y los catalanes recuerdan a España que son una nación, y ante el desprecio español se abre una vía decidida a ejercer su derecho a la libre determinación.
Con esta convicción, el día 1 de octubre de 2017, el pueblo catalán, consciente de su derecho natural, se organiza para celebrar un referendo de autodeterminación, vota y decide dejar de formar parte de España y constituirse como república. El Gobierno, a su vez, envía un contingente policial para impedir la votación, y agrede a la población. Más de 1.000 víctimas necesitan atención médica y no reciben disculpa alguna. Por el contrario, el Gobierno de España condecora a los agresores. El 3 de octubre de 2017, Su Majestad el Rey Felipe VI de Borbón legitima la represión y condena a los catalanes que se han pronunciado a favor del referéndum de autodeterminación. Pero la voluntad catalana se mantiene firme.
El 27 de octubre, el Parlamento de Catalunya aprueba el proyecto de la República Catalana y espera el apoyo de la Unión Europea. Pero éste no llega, porque esta situación cuesta entender fuera de España, y el derecho internacional contemporáneo es todavía débil. A partir de ese momento, España, consciente de la fuerza con la que se vive este desafío en Catalunya, impone la única ley que tiene a su alcance para reprimir la voluntad catalana: la violencia de Estado.
España pasa a la acción represora, para poner fin al anhelo de libertad de los catalanes. Se interviene el Gobierno catalán, la policía autonómica y el sistema judicial en Catalunya. Todos los que apoyan a la causa catalana son investigados y retirados de sus cargos. Los nuevos cargos sirven a la unidad de España. Complementariamente, se crea una ley exprés para que el sector empresarial con sede en Catalunya se traslade a cualquier otro sitio de España y huyen miles de empresas. Se inicia así una campaña de castigos, difamación y persecución para intimidar la voz catalana, sus líderes y toda la catalanidad, amenazando con la cárcel y la pérdida de los bienes a los que se atrevan a oponerse.
En este contexto, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, junto a otros políticos, huyen al exilio para mantener abierto el pleito nacional catalán a nivel internacional, y España reclama su extradición. Pero no tiene éxito. Europa tolera pasivamente el derecho estatal español a defender su integridad territorial, pero no reconoce el derecho de España a reprimir a los catalanes cuando éstos están fuera de España. Así, España se ve desautorizada, pero encarcela a los representantes civiles y políticos catalanes que no huyen. Por el simple hecho de defender las urnas, pacíficamente, son acusados de formar parte de una banda criminal, sedición, rebelión y malversación de los fondos públicos. Las penas propuestas oscilan entre los 12, 25 y 74 años de cárcel, según los cargos presentados por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y Vox (un partido de extrema derecha que exalta el anticatalanismo). La represión se completa iniciando instrucciones judiciales contra el resto de políticos, e intimidando a artistas, intelectuales y periodistas afines a la causa catalana, sin contemplaciones.
España, con una monarquía parlamentaria que en apariencia (y en parte) practica un sistema democrático, impone castigos ejemplares, la represión e, incluso, la ruina y la humillación pública a los que propone proclamar y promover la restitución del derecho natural del pueblo catalán. Si es necesario, utilizando la policía, la justicia y la monarquía.
Asimismo, la presión internacional tiene sus efectos. El Gobierno de España, en junio de 2021, empujado por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce los derechos de los políticos catalanes a expresar sus voluntades, y a no ser represaliados por ello, declara el indulto para los presos, pero los inhabilita políticamente y mantiene abiertas todas las causas judiciales contra el catalanismo. Antes, las Naciones Unidas se pronuncia en el mismo sentido. España, con los indultos, da un paso atrás, pero en la práctica no les hace caso porque mantiene la represión.
Resulta evidente que existe una violencia de Estado, que es proporcional a la negación del hecho de que aplica un derecho de conquista. Dicho de otro modo, es proporcional al miedo de la España castellana a perder su dominio sobre las estructuras del Estado, por lo que nunca cesa ni cesará de ahogar al pueblo catalán, hasta hacerlo desaparecer. Esta síntesis histórica, basada en una sentida reflexión y en hechos constatados, es una prueba concluyente de esta última afirmación.
Por tanto, se demuestra que los catalanes están legitimados para exigir el reconocimiento internacional de su estatus de nación, para restituir su dignidad, y su historia, y ejercer sus derechos y libertades en plenas condiciones, incluido el derecho a su libre determinación como pueblo y nación.
Si no ha quedado suficientemente claro, unos últimos apuntes, a modo de clausura.
Primer apunte: De forma absolutamente anómala e impropia, actuando con total impunidad, España hace del catalán una lengua innecesaria fuera de Catalunya, que no hace propia a nivel estatal ni internacional. Niega y reprime el uso del catalán en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en las Cortes españolas, así como en el conjunto de las estructuras judiciales del Estado, y en el ejército español.
Segundo apunte: España, haciendo uso del texto constitucional que hace del catalán una lengua menor, sin capacidad de hacerse valer en el Estado, promueve la fractura del catalán entre los territorios que le son propios, mientras hace lo contrario con el castellano. Es decir, promueve la comunión de la lengua castellana por todo el mundo, que se llama española, dentro y fuera de España. Paralelamente, debilita al catalán promoviendo el arrinconamiento de su uso en Catalunya, en Valencia, en las Islas Baleares y en Aragón, así como su desvinculación lingüística haciendo creer que sus variantes son, realmente, lenguas diferentes.
Tercer apunte: España promueve el derecho político y jurídico de expresarse internacionalmente como pueblo castellano, en nombre de España, mientras prohíbe a los políticos catalanes promoverse como tales en el mundo, so pena de inhabilitación e incautación de los bienes de quien lo intente haciendo uso de las instituciones públicas.
Y, finalmente, cuarto apunte: España, haciendo uso de su facultad de hacer valer los intereses del poder que regenta, eminentemente castellano, aplica una política fiscal al Estado que, en la práctica, extrae la riqueza de las tierras catalanas, valencianas y mallorquinas y la transfiere al resto de territorios para así sacar provecho material y votos, confundiendo a la mayoría que representan, respecto a la minoría catalana, con la democracia y la solidaridad. La democracia y la solidaridad son bienvenidas, justas y necesarias, evidentemente, pero dejan de serlo cuando se basan, realmente, en un abuso deliberado, cuando se excede por simples celos, desprecio o venganza. Las cifras de este desequilibrio fiscal, que no son del todo transparentes, claras y coherentes cuando las justifica España (lo que casi nunca hace), en contraste con las que aporta el gobierno, el sector empresarial y la banca catalanes, valencianos y mallorquines (que se basan en cifras objetivas con una base crítica y racional)
Y si a estas cuatro formas de ahogar a los catalanes se le añade la historia de los agravios acumulados que hay detrás, en la forma que aquí se han expresado, todo se entiende mucho mejor.
(*) Andreu Marfull Pujadas, Profesor en Planificación y Geografía Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
14 de maro de 2023
