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¡Alembert, hijo de Gutemberg!

Pablo Granja

El 4 de febrero de 2018, por iniciativa del presidente Moreno, se realizó el referéndum constitucional de siete preguntas, entre las que se estaban: sancionar a todas las personas condenadas por actos de corrupción con la prohibición de participar en la vida política y la incautación de sus bienes; eliminar la reelección indefinida; reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El señor Ricardo Patiño declaró que el referéndum “era una forma de querer acaparar todas las funciones del Estado”. Ellos, los que diseñaron el modelo, en este referéndum perdieron 2 a 1.

Se entiende esta oposición por varias razones: a. Hay un dicho popular que dice que “lagarto que traga no vomita”; b. L. Moreno les alejaba del Gobierno de los 30… 50 años a los que aspiraban; y, c. El Cpccs es una entidad importantísima, que aparte de impulsar y promover los derechos de la ciudadanía también nombra unos 110 funcionarios del más alto nivel. Por eso, el señor Patiño no podía concebir que pasara a manos de otros lo que concibieron para ellos. Entre las más altas autoridades que designan están: Procuraduría General del Estado, superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General y Contraloría General; miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de cumplir con los procesos de selección correspondiente.

La ejecución del resultado del referéndum estuvo presidida por el Dr. Julio César Trujillo, jurisconsulto de impecable trayectoria, cuyas resoluciones quedaron blindadas para evitar futuras distorsiones de la voluntad popular. Sin embargo, la viveza criolla unida a la negligencia burocrática permitió que en las últimas elecciones un grupo de simpatizantes reconocidos al correísmo hagan campaña para el Cpccs utilizando sus colores y símbolos; a pesar de que la ley lo prohíbe de manera expresa, la señora Atamaint se negó a aceptar su competencia. Esto permitió que Alembert Vera sea el actual presidente de tan alto organismo, que en tan poco tiempo de ejercicio ha acumulado bastante polémica. por lo que vale la pena recordar algún antecedente profesional suyo:

Su padre, el Dr. Gutemberg, siendo abogado del entonces presidente Correa, el 22 de marzo de 2011, demandó a tres directivos y al editorialista Emilio Palacio, por un artículo que el Presidente consideró que constituía un delito de injurias graves, valorando el daño en $80 millones, pidiendo además prisión de tres años para los demandados. La sentencia, a cargo del juez Juan Paredes, impuso el pago de $40 millones a la compañía, más tres años de prisión a Palacio. Esta sentencia fue calificada de inédita por el monto y por la velocidad con que fue dictada, ya que al juez Paredes le tomó menos de 24 horas analizar la extensa documentación antes de emitirla. El abogado del diario, Dr. Joffre Campaña solicitó un peritaje a la computadora del juez, encontrándose que el 19 de julio, a las 23:10, o sea la víspera de ser emitida la sentencia, se había creado un archivo llamado ‘Correa 457-2011’, bajo el nombre de usuario ‘Chucky Seven’, creyéndose que los autores de la misma habrían sido los doctores Vera.

El doctor Alembert, desde el Cpccs, ha tratado de alterar las decisiones blindadas del referéndum de 2018, para revisar lo que él denomina “las atrocidades del trujillato”, que no hizo otra cosa que actuar pulcramente, ¿cómo llamará él a la incursión de Chucky Seven en el computador del juez Paredes?

Como “hijo de tigre sale rayado”, podemos decir: ¡Alembert, hijo de Gutemberg!

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