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Ecuador sugiere revisar procedimientos de la CIDH

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El Gobierno ecuatoriano planteó este viernes 24 de enero del 2020 un diálogo de los Estados con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) orientado a revisar "los procedimientos a futuro" de este organismo.

La Cancillería señaló que este paso es "necesario" para que la CIDH "cumpla con los fines relacionados con la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, que asegure su imparcialidad, evitando el uso politizado y arbitrario del sistema”.

El pronunciamiento oficial se da una semana después de que la Comisión emitiera un informe al que el Ejecutivo lo catalogó de “parcial y poco objetivo” sobre las protestas de octubre pasado en contra de las medidas económicas.

Agrega que el informe de la CIDH “se pronuncia de modo precipitado sobre cuestiones que aún están siendo investigadas por los órganos de justicia ecuatoriana”.

“De esa manera la Comisión incumple con el principio de 'subsidiariedad', propio de todos los sistemas internacionales de protección de derechos, en virtud del cual son los tribunales nacionales los que tienen la competencia primordial para investigar y resolver las causas que ante ellos se presenten”, añade.

En el texto difundido este viernes por la Cancillería no se precisa si esta es la respuesta oficial remitida por el Estado a la CIDH, pero reclama que este organismo en su informe no aludiera “al impacto negativo de estos hechos (de octubre) en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía”.

El comunicado, que se titula "En octubre se recuperó la democracia y se contuvo la violencia en el marco de la Constitución y la ley", indica textualmente:

"El 14 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- presentó un comunicado con las “Observaciones de su visita a Ecuador”, que realizó en octubre pasado, a pedido del Gobierno Nacional. El comunicado es parcial y poco objetivo ya que objeta la acción del Estado por hechos aislados acaecidos en octubre de 2019, que aún se hallan en investigación, a la par que minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados por el severo contexto de violencia que afectó a millones de ecuatorianos, cuyos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estuvieron en riesgo.

Algunas de las demostraciones de octubre fueron ciudadanas y espontáneas, pero también hubo violencia organizada y fuerzas antidemocráticas. Se destruyeron infraestructuras críticas y estratégicas, como instalaciones petroleras y de agua potable; se prendió fuego a edificios públicos y de medios de comunicación; se atacaron cuarteles policiales y militares; se destruyó ambulancias; se agredió a civiles y periodistas; se secuestró y atacó a cientos de agentes del orden; se bloquearon con violencia carreteras; y, se saquearon comercios e industrias. De acuerdo al derecho ecuatoriano y al derecho internacional, esos actos jamás se pueden calificar de “manifestación pacífica”. El comunicado de la CIDH no hace siquiera mención al impacto negativo de estos hechos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía.

La actuación de las fuerzas del orden se orientó a mantener el Estado de derecho y precautelar la seguridad ciudadana, en cumplimiento de la obligación legal que tiene el Estado ecuatoriano de mantener la paz social y proteger los derechos humanos. La Corte Constitucional, órgano independiente del Gobierno, avaló la declaratoria del estado de excepción, reconociendo que la gravedad del desorden público justificaba que el Gobierno, para cumplir con su obligación de proteger los derechos de la ciudadanía, contara con los medios legales que le otorga el estado de excepción.

La fuerza pública, que no usó armas de fuego por disposición de sus superiores, empleó procedimientos antidisturbios para controlar en el marco de los protocolos nacionales e internacionales a manifestantes agresivos que usaron bombas incendiarias, cohetes de fabricación casera y tácticas de guerrilla urbana para atacar a las fuerzas del orden. Los incidentes de agentes públicos que habrían afectado a manifestantes pacíficos o a terceros se investigan conforme a los procedimientos normativos, según e informó con claridad a la misión de la CIDH.

Aunque el comunicado lo pasa por alto, hay que recordar el respaldo unánime que recibió el Gobierno del Ecuador de parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 15 de octubre de 2019. En la “Declaración para la defensa de la democracia y la paz social en la República del Ecuador”, el Consejo expresa el respaldo de los países integrantes de la OEA al régimen democrático en el Ecuador y al Gobierno del presidente Lenín Moreno, rechaza los intentos de quebrantar el orden democrático y reconoce los esfuerzos realizados por éste para restaurar la paz social y el orden público, preservando el Estado de derecho y utilizando los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley.

En octubre, la gran mayoría de los ecuatorianos fueron víctimas de la violencia desmedida propiciada por individuos y grupos organizados que se escudaron en la protesta para buscar fines políticos por vía de la desestabilización del orden democrático, base fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. La CIDH no puede obviar la relación que existe entre la vigencia de la democracia y la protección de los derechos humanos, puesta de relieve en la Declaración Universal y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, así como en múltiples tratados en la materia. Olvida el comunicado la proclama de la Declaración Americana, similar a la de la Declaración Universal, de que los derechos de cada persona “están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”

Por añadidura, sin atención a la normativa aplicable, el comunicado de la CIDH refiere determinados testimonios de hechos acaecidos en octubre y les da el carácter de “cosa juzgada”. El comunicado se pronuncia de modo precipitado sobre cuestiones que aún están siendo investigadas por los órganos de justicia ecuatorianos. De esa manera la Comisión incumple con el principio de “subsidiariedad”, propio de todos los sistemas internacionales de protección de derechos, en virtud del cual son los tribunales nacionales los que tienen la competencia primordial para investigar y resolver las causas que ante ellos se presenten. Solo cuando se agoten los recursos internos o se haya denegado el acceso a la justicia, pueden activarse los sistemas internacionales en atención a la ley internacional.

El Estado ecuatoriano continuará cumpliendo con su responsabilidad de promover y proteger los derechos de los ecuatorianos en el marco de la Constitución, la ley y de los convenios internacionales aplicables. También continuará dando testimonio de su compromiso a través de su acción internacional, siempre apegada a la legalidad y los procedimientos que emanan de los tratados.

Por este motivo y para que la CIDH cumpla con los fines relacionados con la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, que asegure su imparcialidad, evitando el uso politizado y arbitrario del sistema, Ecuador considera necesario impulsar un diálogo que permita mejorar la relación entre la Comisión y los Estados, con el objeto de revisar sus procedimientos a futuro.

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