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Condenan a El Salvador por el encarcelamiento en 2008 de una mujer que había sufrido un aborto y que murió de cáncer en la prisión

Manuela acudió en 2008 a un hospital público de El Salvador tras sufrir un aborto espontáneo. Allí fue detenida y la trasladaron directamente a prisión tras ser denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia obstétrica. Posteriormente, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio y en 2010 falleció en prisión por un cáncer dejando huérfanos a sus dos hijos. Por todo este proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado de El Salvador por la "criminalización arbitraria" de Manuela, quien fue privada de libertad, tras intentar acceder a servicios de salud reproductiva en un hospital público cuando enfrentó una emergencia obstétrica.

"En el presente caso, no cabe duda que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia", remarca la CIDH, que recuerda que, por tratarse de una condición médica, las emergencias de este tipo que, en ocasiones, derivan en abortos espontáneos, "no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal".

Sin embargo, actualmente, 14 mujeres permanecen presas en las cárceles de El Salvador tras haber sufrido un aborto por el cual fueron condenadas a penas de hasta 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Asimismo, hay otras seis mujeres que enfrentan en este país centroamericano un proceso judicial por hechos similares, tras haber sido denunciadas en el mismo hospital al que acudieron para ser tratadas de una emergencia obstétrica durante su embarazo. Así lo ha denunciado Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, quien ha subrayado que la CIDH ha reconocido que "desde que entró en vigor la ley que penaliza de forma absoluta el aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que sufren abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas y en muchos casos, han sido condenadas por homicidio agravado y no por aborto".

Así, desde 1998, el aborto está prohibido en todos los supuestos en este país centroamericano, incluso el de la violación o si hay riesgo para la vida o salud de la madre, bajo pena de cárcel de seis a ocho años, que se elevan a entre 30 y 40 años por un delito de homicidio agravado en caso de que sea un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas y aunque sea accidental.

En los últimos años, la justicia salvadoreña ha excarcelado a más de 40 mujeres condenadas tras haber perdido a sus bebés en un parto extrahospitalario. La última de ellas en ser liberada fue Sara Rogel el pasado 7 de junio, cuando el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque le concedió la libertad condicional anticipada, tras ser condenada en 2013 a 30 años de prisión bajo la acusación de homicidio agravado. Pasó casi una década en la cárcel tras sufrir en 2012, cuando tenía 18 años, una caída en el lavadero de su casa que le provocó la pérdida accidental de su bebé.

Por ello, esta resolución vinculante de la CIDH es un espaldarazo para las organizaciones que están trabajando en El Salvador en defensa de la despenalización del aborto y para todas las mujeres de América Latina, tal como asegura Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos. En este sentido, remarca que la sentencia de la Corte es un "paso importante" al contemplar que las emergencias obstétricas "nunca pueden ser perseguidas por la vía penal", por lo que Manuela "fue inocente y el Estado se equivocó con ella".

MUJERES DE ESCASOS O NULOS RECURSOS ECONÓMICOS

Por ello, Morena Herrera subrayó que todas las organizaciones que abogan por la despenalización del aborto están "felices", ya que esta sentencia es un reconocimiento a la lucha de todo el movimiento feminista de El Salvador. Además, indicó que la CIDH advierte en su resolución que la mayoría de las mujeres procesadas por abortar tienen "escasos o nulos recursos económicos, tienen baja escolaridad y provienen de zonas rurales o áreas urbanas marginales, tal como nosotras hemos insistido".

En el caso de Manuela, reveló que no sabía leer ni escribir, al tiempo que dijo que ahora el Gobierno de Nayib Bukele tiene la oportunidad de reparar a su familia y establecer medidas para que hechos como estos "no se vuelvan a repetir". Herrera recordó que Bukele, cuando era candidato a la Presidencia de El Salvador, prometió que en su gobierno no se iba a denunciar a mujeres que acuden a hospitales públicos tras haber sufrido abortos espontáneos o emergencias obstétricas, si bien "las denuncias han seguido e incluso con mucha más frecuencia en estos dos años". De momento, Bukele ha cerrado la puerta a introducir el aborto terapéutico en un paquete de reformas constitucionales que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, por lo que seguirá penado con la cárcel, incluso cuando la vida de la madre esté en peligro.

A la espera de que el Gobierno de El Salvador repare íntegramente a la familia de Manuela, uno de sus hijos, Jesús, recalcó que se siente "orgulloso" de su madre y señaló que la sentencia de la CIDH ha puesto de manifiesto que "lo que hicieron con ella fue una injusticia". En esta línea, resaltó que "se ha limpiado el nombre de mi mamá", aunque recordó que, al igual que hicieron con ella culpándole de algo que no había hecho, hay otras mujeres presas condenadas por perder a sus bebés, por lo que pidió al Presidente que "no haga esas injusticias".

Por su parte, Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tildó de "histórica" la resolución de la CIDH que "ordena limpiar el nombre de Manuela, a quien se le negó el derecho a la salud y a la vida". Además, aseveró que este fallo "nos da esperanzas", porque Manuela "no es la única mujer privada de libertad injustamente y que enfrentó este tránsito del hospital a la cárcel".

La sentencia, de 94 páginas, también ordena a El Salvador regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, así como tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas y desarrollar un protocolo que garantice la atención de esos casos. Ello significará, según explicó Carmen Cecilia Martínez, que el personal médico no tendrá la obligación de denunciar a las mujeres que hayan recibido atención por posibles abortos para evitar que sean criminalizadas.

"Ha sido una larga batalla, pero la sentencia de la Corte, que es inapelable, concluye que Manuela fue tratada injustamente y habla que fue sometida a un trato cruel e inhumano", zanja Morena Herrera, quien recuerda que esta resolución no solo es vinculante a El Salvador, sino a todos los países del continente, incluso a los que no firmaron el Pacto de San José en 1969, que se tradujo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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