Mientras el alcalde popular confirma ese pago, el PSOE informa que el Contencioso Administrativo sentenció al Concello a pagar 377.325 a la concesionaria de la piscina
El juez de lo Contencioso Administrativo 1 de Pontevedra condenó al Concello de O Porriño a pagar 377.325 euros -‘más intereses de demora’-, correspondientes a facturas de 2018 y 2019 por la explotación de la piscina municipal. A este respecto, el candidato a la Alcaldía por el PSOE, señala que, en 15 años, la piscina tan solo tuvo un contrato puente adjudicado por el PP a la empresa que dirige “a irmá de Feijoo”, siendo concejal de Deportes el hoy alcalde, Alejandro Lorenzo. Contrato suscrito en mayo de 2015, “previo ás eleccións municipais, por 6 meses malia que EULEN continuou prestando o servizo co contrato prorrogado”, tal y como explicaba a este diario, David Alonso.
El alcalde popular, Alejandro Lorenzo, en declaraciones a este diario confirma que son facturas de 2018-2019, sin contrato, del anterior gobierno PSOE-BNG, que ahora el Concello abonará “sin intereses de demora" a los que renunció la empresa. “Y no vamos a recurrir la sentencia”. Es más, el alcalde anuncia que “el 18 de abril, el Concello pagará 2,3 millones de euros en facturas pendientes, tras considerar la Intervención municipal, que son "líquidas, vencidas y exigibles" a pesar de no existir contrato”. Y recuerda también que el anterior gobierno dejó en herencia una deuda de 5’6 millones de euros , “de los que ya se devolvieron 1,5 millones”.
El PSOE dice que no fue hasta junio de 2021 cuando se licitó por primera vez la explotación de la piscina, siendo concejal de Deportes el propio David Alonso. Y fue Alejandro Lorenzo quien paralizó el pago de facturas al entender que no había contrato y que eran irregulares cuando, curiosamente, tanto el importe como el contrato puente fue adjudicado por el mismo Lorenzo. Posteriormente, fue el Consello Consultivo de Galicia el que denegó la nulidad de facturas solicitada por el PP, quedando a expensas del dictamen judicial que se falló el 7 de febrero, con el pago de casi 400.000 €. (sumados intereses a los que renunció la empresa). Un “nuevo varapalo judicial”, según el PSOE, desconocedor ayer de la resolución anunciada a este diario por el alcalde del pago de 2'3M de facturas, el 18 de abril.
