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El día que Juan Carlos ‘el conseguidor’ celebró con los Albertos que el TC los librara de prisión

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El escándalo saltó el pasado fin de semana en las páginas del periódico británico The Telegraph. Su corresponsal en Madrid, James Badcock, publicaba una información donde revelaba que el primo y testaferro del rey emérito Juan Carlos, Álvaro de Orleans, cobró 39 millones de libras –cerca de 50 millones de euros- por ejercer como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003.

En conversación con EL ESPAÑOL, James Badcock ha confirmado la constancia documental que el periódico británico tiene del ingreso de esa cantidad de dinero “en la cuenta suiza de Álvaro de Orleans” y su relación “con la venta realizada en 2003 del Banco Zaragozano al Barclays”. “Tenemos más información al respecto y la iremos publicando en las próximas semanas” adelanta a EL ESPAÑOL el periodista británico. Las incógnitas respecto al cómo y el porqué esa fortuna acabó en una cuenta suiza a la que tendría acceso el rey emérito siguen abiertas.

Todo lo anterior esta relacionado con la especial amistad que los antiguos propietarios del Banco Zaragozano, los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina, han mantenido con el padre de Felipe VI a lo largo de su vida (ambos forman parte del círculo de “amistades de cacería” del ahora rey emérito). Además, Juan Carlos de Borbón podría haber tenido intereses personales en conseguir que la operación de venta del Banco Zaragozano terminase, como así fue, en un rotundo éxito y beneficio económico para todos sus accionistas.

Directivos de la banca española durante la década de los 90 nos explican que no hay que descartar la posibilidad de que el cobro de esa cantidad de dinero, 50 millones de euros, podría responder más a la realidad de un pago por la venta de un paquete de acciones del Banco vinculadas al anterior jefe del Estado (en manos de personas intermediarias en aquellas fechas), que al cobro por una labor de mediación.

Para entender esa especial amistad que el emérito tenía con los Albertos es suficiente con recurrir a las crónicas periodísticas de la época en la que se vendió el Banco Zaragozano. Y sobretodo, las que narran cómo celebraron que el 20 de febrero de 2008 el Tribunal Constitucional revocase la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los Albertos por la aplicación de una novedosa doctrina sobre la prescripción de los delitos.

En acatamiento de ese pronunciamiento, la Sala de lo Penal del Supremo puso punto final al proceso criminal con una sentencia absolutoria a favor de Alcocer y Cortina dictada el 25 de junio de 2008.

Para celebrarlo, los dos primos Albertos se presentaron en el palacio de La Zarzuela a bordo de un helicóptero de su propiedad: el Eucoropter EC. Comprado en 2007 por la empresa patrimonial de los Albertos “Alcor Holding”, el aparato era de color negro con líneas doradas, plateadas y un pequeño logotipo en el que se cruzaban dos “A” mayúsculas. Fue utilizado en varias ocasiones por sus propietarios y el entonces rey de España para ir de cacería o, como ocurrió en abril de 2008, para asistir al Gran Premio de España de Fórmula 1 que tuvo lugar en Barcelona. 

Para entender la decisión del Alto Tribunal, es necesario retroceder hasta junio de 2003 cuando se produjo el pelotazo financiero de la década: la venta del Banco Zaragozano al Barclays por 1.143 millones de euros. Y en especial lo fue esa venta para sus principales accionistas, Alberto Alcocer y Alberto Cortina (propietarios del 40% del Banco) que obtuvieron unos beneficios de 457 millones de euros por sus respectivos paquetes de acciones: Cortina percibió 230,44 millones de euros por el 26,16% que poseía del Zaragozano, mientras que su primo Alcocer cobró 226,34 millones por la venta de su 19,8%. El conjunto del Consejo de Administración del Banco percibió en torno a los 616,89 millones de euros por la venta total de sus acciones.

Apenas 9 años después, en 2012, el Consejo de Administración del Banco británico daba por pérdida toda la inversión que el grupo inglés había realizado en España. Antes, en 2009, Barclays tuvo que provisionar con 553 millones su actividad en nuestro país para tapar agujeros. Al año siguiente, otros 400 millones más y la prejubilación de 700 empleados.

En 2013 se aprobó otro ERE, el cierre del 20% de sus sucursales y la salida del Banco de 890 personas. Finalmente en septiembre de 2014 Barclays anunció la venta a CaixaBank de lo que no había dejado de ser un “caramelo envenenado”: más de 4.000 millones de euros perdidos por la aventura española, de la que salieron beneficiados, entre otros, los Albertos y, como ahora se denuncia, el entorno de don Juan Carlos.

Es necesario retroceder a 2003 para entender por qué la prensa española no dejó de señalar entonces la existencia de “motivaciones políticas” en la decisión del Banco de España de autorizar la OPA del Barclays sobre el Zaragozano cuando existían otras alternativas (cajas de ahorro españolas y el banco holandés ING) que, aunque a un menor precio, se habían interesado por el banco de los Albertos y podrían tener más conocimiento, implantación y continuidad de negocio en la economía española.

Además, el problema con los Albertos radicaba en que en marzo de ese mismo año, 2003, el Tribunal Supremo había condenado a los dos financieros a una pena de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de estafa y falsificación de documento privado por la venta en 1988 de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO (parcelas donde años después de levantarían las dos torres inclinadas conocidas con el mismo nombre).

Según la sentencia, los Albertos habrían estafado a los socios minoritarios de Urbanor al acordar ellos un precio de 231.00 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, mientras los socios minoritarios recibieron únicamente, de acuerdo con el porcentaje de sus acciones, 150.000 pesetas (900 euros) por metro cuadrado vendido.

Una sentencia condenatoria de esa gravedad, cuyo cumplimiento estaba pendiente de un indulto solicitado al Gobierno pero desaconsejado por el Supremo y de un recurso anunciado ante el Tribunal Constitucional, tendría que haber supuesto, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, la inhabilitación de los derechos políticos y de dirección del banco para los condenados.

Nada de eso ocurrió y por “motivaciones políticas” el Banco de España autorizó la operación y no puso ningún obstáculo a la venta del Banco Zaragozano al grupo financiero británico. El pelotazo de los Albertos y sus socios se pudo consumar.

Las investigaciones judiciales

En relación a las diligencias judiciales que siguen abiertas en relación al origen y destino de las cantidades de dinero cobradas por los presuntos testaferros de Juan Carlos, hay que recordar que estas investigaciones continúan su marcha en España y en Suiza.

En España, el juez Manuel García Castellón, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, mantiene abierta una pieza separada relativa al supuesto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca. Aquel macroproyecto ferroviario fue liderado en el año 2011 por un consorcio de empresas españolas y llegó a alcanzar un presupuesto cercano a los 7.000 millones de euros.

La pieza denominada inicialmente “Carol” fue creada tras la aparición de unas cintas grabadas, publicadas en exclusiva por EL ESPAÑOL, donde la antigua amiga íntima del rey Juan Carlos, Corinna Larsen, conversaba en Londres en mayo de 2015 con el empresario Juan Villalonga y el entonces comisario de Policía, José Villarejo. En el transcurso de la grabación se daban detalles de unas supuestas cantidades que se habrían cobrado (unos 100 millones de euros) por la adjudicación de la construcción del mencionado tren de alta velocidad. En esa mediación, según lo escuchado en las cintas, aparecería involucrado el ahora rey emérito, además de algún empresario español.

El 12 de septiembre de 2019 el fiscal Luis Pastor de la Fiscalía Anticorrupción, interrogó en la capital británica a Corinna Larsen sobre el conocimiento que ella pudiera haber tenido respecto al pago y destino de esas presuntas comisiones. En declaraciones posteriores al interrogatorio Robin Rathmell, abogado de la empresaria alemana, explicó que “las acusaciones serias en los medios sobre los negocios financieros del rey emérito han existido por décadas.

Si existiera alguna intención real de investigar adecuadamente el acuerdo del AVE y otras acusaciones recientes sería un asunto del poder judicial español y de España”. Además, Robin Rathmell aclaró que le ex compañera sentimental de don Juan Carlos considera que “una investigación completa sobre este asunto debe ir mucho más allá de los pocos hechos por ella conocidos” ya que su clienta “no tuvo ningún tipo de participación en el acuerdo del AVE”.

Algo distinto debió pensar el juez García Castellón porque, según fuentes de la Audiencia Nacional, se decidió a la reapertura de esta pieza antes archivada, al encontrarse nuevas grabaciones, realizadas de manera encubierta por el ex comisario Villarejo, donde volvía aparecer la empresaria alemana y que podrían motivar su posterior investigación dado el conocimiento que ella parece tener de presuntos delitos cometidos durante su relación sentimental, que duró seis años, con el anterior monarca.

En Suiza, desde agosto de 2018 el fiscal de Ginebra Yves Bertossa mantiene abierto otro procedimiento donde se investiga a los supuestos testaferros del rey emérito Juan Carlos señalados en las grabaciones por Corinna Larsen. Entre ellos estarían los financieros Dante Canónica, Arturo Fasana y Álvaro de Orleans. Todos ellos tienen su residencia fiscal en Mónaco y numerosas cuentas abiertas en el país helvético. Además manejan cientos de sociedades en paraísos fiscales. Hay que recordar que Arturo Fasana fue investigado por la Audiencia Nacional como el “broker” que manejaba la cuenta “Soleado” en un banco suizo, en alusión a los importantes clientes españoles que representaba y en recuerdo al sol de España.

Como se ve, a la gabardina indumentaria con la que se hicieron famosos los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina, en enero de 1988, siempre les ha acompañado una “gabardina de poder” que les ha protegido de la lluvia de la ley y del cumplimiento de las sentencias judiciales.

Ahora, tras el escándalo desvelado por The Telegraph, parece que les acecha una nueva tormenta en forma de pagos no aclarados por la venta del Zaragozano. Ni ellos, ni el rey Juan Carlos parecen mostrar preocupación por las informaciones publicadas por el medio británico. El pasado martes incluso se pudo ver al rey emérito tranquilo en el palco del Wanda Metropolitano disfrutando de la victoria del Atlético de Madrid frente al Liverpool.

Quizá el que sí debía de mostrar preocupación por este tipo de informaciones es el actual rey, su hijo Felipe VI. Él se comprometió en su discurso ante las Cortes tras su proclamación como nuevo monarca: a conseguir una Monarquía ejemplar mediante una conducta íntegra, honesta y transparente de todos sus miembros. Tan solo unas semanas después la Casa Real anunció una serie de medidas para cumplir lo prometido. Todavía aparecen colgadas en su página web.

La más importante relacionada con el presente escándalo es la siguiente: prohibición de que las personas pertenecientes a la Familia Real (Felipe VI, la reina Letizia, las infantas Leonor y Sofía y también los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía) desempeñen actividad alguna en el sector privado. Juan Carlos ya ha renunciado a todo tipo de representación oficial en la Casa Real. Es un primer paso.

Pero, tal como están las cosas, si no actúa la Justicia, lo proclamado como representativo en el nuevo reinado de Felipe VI quedaría reducido a papel mojado. Y en materia de corrupción, a pesar de las gabardinas, en España ya llueve sobre mojado.