• El acuerdo con el Estado permitirá a Toledo destinar 10 millones de euros en infraestructuras y servicios para los toledanos en los próximos dos años aparte del uso de los remanentes en ejercicios posteriores.

El vicealcalde del Ayuntamiento, José Pablo Sabrido, ha avanzado este viernes que el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España permitirá a Toledo disponer, en los dos próximos años, de 10 millones de euros para invertir en diferentes actuaciones que “incidirán de manera muy positiva en el bienestar de los toledanos”, además de disponer de los remanentes, actualmente inmovilizados, en los siguientes ejercicios.

Unos recursos que se destinarán a mejorar la movilidad en la ciudad con intervenciones en vías públicas, infraestructuras o parques y jardines; reforzar los servicios sociales, apoyar a los sectores que peor lo están pasando por la crisis de la covid-19 e impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio. Proyectos que José Pablo Sabrido espera “sean objeto de consenso, si es posible”.

La partida inicial de 10 millones de euros servirá para “seguir haciendo de Toledo una ciudad agradable, sostenible y, fundamentalmente, solidaria” y que la capital regional recibirá “con independencia de los remanentes que devolverá el Estado, que permitirá al Ayuntamiento diseñar políticas a más largo plazo”, ha concretado el responsable municipal.

El vicealcalde de la ciudad ha insistido en que se trata de un acuerdo “magnífico” porque es “bueno para los ayuntamientos, recuperando muchas esencias del municipalismo, pero fundamentalmente porque es bueno para los ciudadanos”, en el que ha tenido “una participación importante” la alcaldesa de Toledo como vicepresidenta de la FEMP.

Tanto el acuerdo como el Real Decreto Ley, que reconocen en primer lugar el importante papel por los ayuntamientos tras el impacto de la crisis de la covid-19, ha dicho Sabrido, establecen una serie de medidas que incidirán directamente en el ciudadano a través de actuaciones municipales.

En este sentido, ha especificado la prórroga para efectuar las inversiones con cargo al superávit del 2019, más allá de los recursos destinados a Servicios Sociales y Eficiencia Energética; la prórroga también de la ejecución del superávit de 2018 por las dificultades de su ejecución por la propia pandemia, o la posibilidad de disponer de los remanentes de tesorería para gastos generales.

A estas medidas se suman también el crédito de 5.000 millones de euros que pone el Gobierno de España a disposición de los ayuntamientos; el crédito extraordinario para el transporte público por un importe inicial de 275 millones ampliable a 400 millones, y la posibilidad de participar en los 72.000 millones de los Fondos Europeos que corresponden a España.

Un acuerdo voluntario que tampoco olvida a los ayuntamientos que no tengan remanentes, a quienes ofrece apoyo desde las Diputaciones a fondo perdido y en créditos, renegociación de los créditos con el Estado al mismo tiempo que liquidez aportada por el propio Ejecutivo central.

“Lo que el acuerdo no prevé, en ningún caso, es una pérdida de fondos de los ayuntamientos en favor de la Administración del Estado”, ha dejado claro José Pablo Sabrido, para decir que “el acuerdo supone que los ayuntamientos puedan disponer de unos remanentes que serán devueltos con intereses y, además, como fondos finalistas, por lo que no computarán a efectos de déficit ni a efectos de regla de gasto”.

Pleno extraordinario para debatir el acuerdo

En esta comparecencia, José Pablo Sabrido ha anunciado además que la alcaldesa Milagros Tolón ha decidido convocar antes de que finalice el mes, un pleno extraordinario para que los grupos municipales con representación en el Consistorio toledano expongan sus opiniones y debatan entorno a este acuerdo y el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Por último, el vicealcalde del Consistorio toledano se ha referido a aquellos que critican el acuerdo con fundamentos que, a su juicio, van encaminados a que “no se haga nada” para que los ayuntamientos no puedan disponer de recursos que pongan al servicio de los ciudadanos.

“Tengo la impresión de que lo que realmente están proponiendo es volver a las políticas de austericidio que se practicaron tras la crisis de 2008 para que no se gaste nada y que cada palo aguante su vela que provocarían que el ayuntamiento que esté en peor situación tendría una peor salida de esta crisis que estamos viviendo y que espero se termine cuanto antes”, ha sentenciado José Pablo Sabrido.