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El Gobierno vasco deja en manos de los contagiados de coronavirus la «responsabilidad» de no ir a votar

«Una persona contagiosa se da cuenta de la responsabilidad que tiene para no poner en riesgo a sus vecinos», resaltaba esta mañana la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, tras ser consultada sobre las medidas que adoptarán las autoridades para impedir que los positivos de Covid-19, alrededor de 200, acudan mañana a votar. El Ejecutivo autonómico carece de un plan específico para evitar que estas personas se salten el confinamiento que se les ha impuesto, si bien confía en que prevalezca entre ellas la sensatez. Primero, por empatía hacia sus allegados. Y segundo, porque de no ser así se enfrentarán a las consecuencias de haber incurrido en un delito contra la Salud Pública.

Las autoridades han enterrado definitivamente la posibilidad de que los positivos en coronavirus puedan ejercer su derecho al sufragio en este 12-J. Lo ha ratificado esta misma mañana la Junta Electoral del País Vasco, que, en respuesta a un recurso de EH Bildu, ha manifestado que las medidas adoptadas por la administración autonómica garantizan la seguridad de los votantes «con la salvedad de segmentos reducidos a la población por motivos sanitarios suficientemente justificados».

Las consecuencias de esta situación las pagarán los cerca de dos centenares de personas que han visto arrebatado su derecho fundamental al sufragio porque no pueden salir de casa. La decisión del Gobierno, criticada tanto por la oposición como por juristas al entender que carece de fundamentos legales sólidos, tampoco contempla la posibilidad de que puedan votar más adelante. «Solo hay dos formas de votar: de forma presencial o por correo», ha destacado en rueda de prensa Murga. Y esta última vía ya está extinguida, pues el plazo para emitir el voto por correo ya ha concluido.

A los contagiados no les queda más salida que la resignación. Desde el Gobierno vasco han apelado hoy a su «responsabilidad» para no incumplir con el confinamiento, aunque han avanzado que no distribuirán ningún tipo de lista con sus datos en los colegios electorales ni tomarán medidas más allá de las que se vienen implementando desde el inicio de la pandemia.

«Estamos hablando de personas que tienen limitado el derecho a la movilidad, tienen que cumplir con ello hoy, mañana y pasado —ha señalado la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia—. Por tanto, aquellos que incumplen con esa indicación por parte de las autoridades sanitarias estarán incluso cometiendo un presunto delito contra la Salud Pública».

El debate se recrudece mientras siguen creciendo los positivos en el municipio guipuzcoano de Ordicia, el principal foco de coronavirus del territorio. En el último parte facilitado por el Departamento de Salud se cifra en 70 el número de positivos en las pruebas PCR. En el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca hay 31 nuevos contagios y un fallecido que no tiene que ver con el brote de Oridicia.

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