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El viraje de Sánchez obligó a improvisar en 48 horas un 'puzzle fiscal' con alzas y bajadas de impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado, finalmente, a cambiar su posición contraria a bajar impuestos y ha improvisado en 48 horas una especie de puzzle fiscal, una mini reforma que baja unos tributos, especialmente para rentas bajas, y sube otros para rentas altas, compensando las reducciones del impuesto de patrimonio en comunidades del PP.

Todo por la presión del PP y el miedo de los barones socialistas a perder en sus comunidades autónomas, combinado con las exigencias de sus socios de Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos para 2023.

Hace sólo tres meses el PSOE votó en contra en el Congreso de una iniciativa de Unidas Podemos para establecer un impuesto para las grandes fortunas. Para entonces, Moncloa no tenía intención de aprobar esa medida.

Hace sólo una semana, Sánchez mantenía el discurso contrario a bajar cualquier impuesto. Seguía rechazando la petición de otros partidos, especialmente la del PP de Alberto Núñez Feijóo de deflactar las tarifas del IRPF; es decir, para adaptarlas a la inflación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sentó a negociar hace pocos días con los representantes de Unidas Podemos (Josep Vendrell y Nacho Álvarez). Sobre la mesa estaban los Presupuestos y sólo retoques en impuestos como el de sociedades o la reducción del IVA de productos de higiene femenina. En cualquier caso, ni subidas a las rentas más altas ni reducciones a las más bajas.

Esa posición de Moncloa la quebró primero el anuncio de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, para eliminar el impuesto de patrimonio en esa comunidad y, como consecuencia de eso, la iniciativa de Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, para deflactar el tramo autonómico del IRPF, según fuentes del Gobierno.

A Moreno le respondió el Gobierno con la distribución a sus ministros y dirigentes de un argumentario en el que se aseguraba que el andaluz favorece a los ricos, a las rentas más altas. Como reacción, además, anunció la recuperación del llamado impuesto a los ricos, precisamente para situar el debate electoral entre defensores de ricos o de pobres. A eso se lanzó el Gobierno y el PSOE a través de todos sus portavoces.

Desde Moncloa se insistía en que reducir impuestos supone también bajar el número de médicos y maestros, es decir, que afectaría a servicios públicos esenciales. Por eso, hace solo una semana no se contemplaba bajar el IRPF, según fuentes del Gobierno.

Sin embargo, la decisión de varias comunidades del PP de sumarse a la estrategia de bajadas de impuestos llevó a barones del PSOE a anunciar iniciativas en ese sentido. Ximo Puig, presidente valenciano, pasó de abominar de la competición fiscal y pedir que se penalice a quienes bajen impuestos a anunciar que deflactaría el IRPF.

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Lo hizo pese a la bronca con Pedro Sánchez y otros barones socialistas trasladaron que harían algo similar en sus comunidades. Incluso algunos reacios, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, anunciaron este jueves la bajada radical de casi todas las tasas autonómicas. Otros, como Emiliano García Page, esperarán al martes que viene para dar sus respectivas bajadas.

El miedo a perder elecciones ha sido decisivo para los movimientos de todos ellos y los del propio presidente del Gobierno.

En ese momento Montero, también número dos del PSOE, compareció en la sede del partido para anunciar un inminente "paquete fiscal". Y, para sorpresa de Unidas Podemos, puso en la mesa de negociación la reducción del IRPF para rentas bajas.

El efecto para esos contribuyentes es similar al de una deflactación, pero la ministra de Hacienda explica que la configuración del IRPF por tramos hace que la deflactación favorezca no sólo a las rentas más bajas, sino también a todas las demás. Por eso buscó una solución cercana a la deflactación, sin ese efecto y sólo para rentas bajas, no para las medias.

Todo ello con la satisfacción del PP, que ya vio cómo Sánchez asumió las bajadas del IVA para el gas y la luz. El principal partido de la oposición comprueba ahora el nerviosismo del PSOE por las elecciones y se instaura en un marco que considera favorable, según sus encuestas cualitativas.

La última propuesta de Feijóo es la bajada del IVA de productos esenciales, pero, por el momento, el Gobierno lo rechaza.

Otro efecto para Sánchez es que el acuerdo fiscal con Unidas Podemos acerca la aprobación de los Presupuestos General del Estado para 2023 que el Consejo de Ministros debe aprobar en las próximas semanas.

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Negociación acelerada

Unidas Podemos puede presumir de haber llevado al PSOE hacia las posiciones fiscales de los morados en tiempo récord, pero nada estaba planeado. En un principio, la idea original de los socios era presentar un borrador conjunto el martes que viene con todos los acuerdos cerrados, pero la ofensiva del PP y el anuncio de la deflactación valenciana lo aceleraron todo.

Los socialistas insistieron, aseguran fuentes del grupo confederal, en tratar la fiscalidad "cuanto antes" para presentarla este jueves. "No querían que les salieran más ranas y por eso anunciaron la rueda de prensa [de Hacienda] sin tener el acuerdo cerrado", concreta una persona cercana a la negociación.

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El paquete de propuestas de Unidas Podemos se centra en cinco grandes bloques de los que, de momento, cuatro permanecen a la espera. El único que ha salido adelante es el de ingresos públicos y fiscalidad, que se debatió a contrarreloj durante la noche del miércoles para presentarlo, como tarde, a la mañana siguiente. Finalmente, el pacto se cerró minutos antes de la comparecencia de Hacienda.

Quedan, por tanto, cuatro bloques pendientes por negociar. Se trata de los permisos y Ley de Familias; las medidas para "enfrentar la inflación"; la transición ecológica; y las normas de "orden social", entre las que se incluyen la subida del IPREM o la reversión de los recortes en protección social y dependencia.

De igual modo, en Unidas Podemos vinculan a la negociación la aprobación de la Ley de Vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".