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Juan Carlos I metió una cláusula en los 65 M para evitar disputas de Felipe y las infantas

El rey Juan Carlos introdujo una cláusula en la fundación panameña que recibió los 64,8 millones de euros de Arabia Saudí para tratar de evitar una guerra en el Palacio de la Zarzuela por el control de los fondos. Los estatutos definitivos de la entidad, Lucum Foundation, firmados por el propio monarca en marzo de 2011, especificaron que cualquier beneficiario que se opusiera al reglamento interno de la mercantil, reclamara más dinero del que le correspondía o intentara que otro sujeto de los activos no recibiera su asignación sería automáticamente expulsado de la sociedad y perdería la opción de disfrutar en el futuro de sus bienes.

La cláusula tenía como objetivo desactivar un posible movimiento del entonces príncipe Felipe, sus hermanas Elena y Cristina e incluso sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para intentar quedarse la fortuna que supuestamente donó el rey Abdulá a Juan Carlos I en 2008. Desde la constitución de Lucum Foundation, la máxima autoridad de España durante 39 años figuró como único “beneficiario” de los activos. Sin embargo, los estatutos establecían que Felipe VI se convertiría de forma inmediata en el titular del patrimonio administrado por la mercantil si fallecía su padre. Y, a su vez, que si también moría el actual jefe del Estado, el “heredero/-a del trono de España” pasaría a ocupar su lugar en la cúspide de la fundación.

Otros miembros de la familia real también aparecen en el documento, como reveló El Confidencial este lunes. En el momento en que el príncipe Felipe se hiciera cargo de la fundación, estaba obligado a “garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española, en particular, de S.M. la Reina Sofía de España, de S.A.R. la Infanta Elena de Borbón y Grecia, Duquesa de Lugo y de sus hijos nacidos o por nacer, de la S.A.R. la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, Duquesa de Palma de Mallorca y de sus hijos nacidos o por nacer”. Es decir, que en la práctica, la familia real al completo figuraba como destinataria del dinero de Arabia Saudí que Lucum Foundation tenía depositado en la cuenta número 505523 del banco Mirabaud en Ginebra.

Juan Carlos I confeccionó los estatutos con el asesoramiento de un experto en la gestión de fondos opacos, el asesor suizo Arturo Fasana, y de un abogado de la misma nacionalidad socio de este, Dante Canonica. El acta era intencionadamente concreta para evitar confusiones o interpretaciones interesadas. Pero, para minimizar aún más el riesgo de que alguno de los inquilinos de Zarzuela reclamara más dinero de Lucum Foundation del que le correspondía o incluso tratara de arrebatárselo a Juan Carlos I aún en vida, se incluyó una cláusula en el reglamento interno de la sociedad para disuadir de cualquier tipo de ofensiva.

En marzo de 2011, cuando fue elaborado el documento, la infanta Elena ya se había separado de Jaime de Marichalar pero seguía formando parte de la Casa Real. Asimismo, su hermana Cristina e Iñaki Urdangarin aún no habían salido de la institución. Por su parte, Felipe ya se había casado con Letizia y habían nacido Leonor y Sofía. El dinero de Arabia Saudí era presuntamente para toda la familia, pero la relación entre sus diferentes miembros era tensa y el monarca quiso asegurarse de que nadie se saltara sus normas.

“Si un beneficiario se opone a la ejecución de este acuerdo o pretende obtener una parte más importante que la que le corresponde o intenta impedir que otro u otros beneficiarios reciban la parte o partes que les corresponden, perderá todo derecho a su parte y será excluido del grupo de beneficiarios de la fundación, como si no hubiera nunca sido beneficiario”, recogían los estatutos de la mercantil, a los que ha tenido acceso El Confidencial. Así, exigir más dinero del estipulado implicaba el riesgo de perderlo todo. “Los beneficiarios solo serán propietarios de los activos que se les entreguen”, añadía después el documento para despejar otras dudas.

El acta aclaraba igualmente que, hasta la entrega de la parte correspondiente a su legítimo beneficiario, los activos eran “parte integrante de la fundación”. “No podrán ser ni cedidos ni hipotecados”, señalaba, aunque con una matización. “Estas reglas serán irrevocables únicamente tras el fallecimiento del primer beneficiario”. Es decir, que el rey Juan Carlos no tenía por qué respetar esa limitación. De hecho, no la respetó. Disolvió Lucum Foundation en septiembre de 2012 por temor a ser descubierto y transfirió los aproximadamente 60 millones de euros que quedaban sin gastar en la cuenta de Mirabaud a su entonces pareja, Corinna Larsen.

La Fiscalía de Ginebra investiga desde 2018 esas operaciones en su territorio ante la sospecha de que podrían constituir un delito de blanqueo de capitales. También tiene en su punto de mira el ingreso inicial de Arabia Saudí de 64,8 millones de euros realizado en 2008 (100 millones de dólares al cambio de la época).

Además, el Rey emérito tiene otro importante frente en España. El sumario de la causa suiza llegó la semana pasada a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha asumido recientemente una investigación previa de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de comisiones ilegales en el proyecto del AVE a La Meca, ante la aparición de indicios que relacionan al ya exjefe del Estado con esa trama.

Los investigadores sospechan que los 64,8 millones del rey Abdulá podrían tener relación con esa infraestructura. Otras partes cercanas al caso rechazan esa vinculación y aseguran que la primera autoridad de Arabia Saudí pagó esa cantidad a Juan Carlos I por sus gestiones para lavar la imagen de su país, una de las peores dictaduras del mundo. En julio de 2008, solo unos días antes de la transferencia, se celebró en España un congreso mundial de diálogo interreligioso que presentó el régimen saudí como un Estado abierto y tolerante. Y un año antes, en junio de 2007, el Rey emérito había impuesto al rey Abdulá la insignia del toisón de oro, el reconocimiento de mayor prestigio internacional y el más alto que el monarca podía conceder a título personal.

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