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La Junta amplió los privilegios a sus altos cargos para que disfruten de 'casa gratis' un mes después del cese

Susana Díaz y sus consejeros en el Consejo de Gobierno del pasado 28 de agosto. JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía amplío los privilegios de sus altos cargos e impulsó una reforma legal para que éstos pudieran disfrutar de 'casa gratis' un mes después de abandonar el cargo, según consta en la normativa a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

El 22 de enero de 2008, el año que empezó la crisis, el Gobierno andaluz, entonces presidido por Manuel Chaves, aprobó en Consejo de Gobierno un acuerdo para que los altos cargos con derecho a que la Administración autonómica les costeara el alquiler de sus viviendas siguieran disfrutando de esa indemnización "durante un plazo máximo de un mes posterior a la fecha de cese definitivo".

Como informó este diario, el Gobierno de Susana Díaz gasta mensualmente 59.929 euros en costear las 'casas gratis' de las que disfrutan 58 altos cargos, entre los que figuran el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y los consejeros Felipe López, Rodrigo Sánchez Haro, María José Sánchez Rubio y Javier Carnero, según se desprende del último listado de beneficiarios actualizado el 30 de junio pasado y colgado en la 'web' de la Junta a mediados de julio pasado.

Se trata de la cantidad más alta que ha pagado nunca el Gobierno andaluz desde que en 2015 empezó a informar sobre este asunto, obligado por la Ley de Transparencia. Este gasto mensual supone un desembolso anual para el Ejecutivo andaluz de 719.148 euros.

La modificación legal que amplió un mes el derecho de los altos cargos a que la Junta les pagara el alquiler de sus viviendas nunca se publicó en la 'web' en la que se recogen los acuerdos del Consejo de Gobierno. También se mantuvo en secreto el acuerdo aprobado el 31 de octubre de 2000 en el que se fijó el derecho a la 'casa gratis' para los "consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto" que "tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares".

La "cantidad máxima" fijada en la norma del año 2000 es el equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley de Presupuesto de la comunidad andaluza, excluida la productividad. Ese porcentaje se materializa en 'sobresueldos' mensuales de hasta 1.371,30 euros que actualmente están cobrando 58 altos cargos del Gobierno de Susana Díaz para que paguen el alquiler de las viviendas en las que residen y también para que puedan hacer frente a los impuestos que Hacienda les reclame por esta "indemnización mensual por vivienda", según la terminología acuñada por la Administración andaluza.

Parlamento andaluz

El grupo parlamentario de Podemos es muy crítico con estos 'sobresueldos' y aboga por "la eliminación de todo privilegio o trato diferenciado sin justificar de las personas que ostentan cargos públicos, ya que supone un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía y un derroche de recursos públicos", recoge en una proposición no de ley registrada en la Cámara andaluza el pasado 5 de septiembre.

La iniciativa, firmada por la portavoz del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a suprimir la indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento a cargos públicos y autoridades de Andalucía, derogando para ello los acuerdos del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2000, de 22 de enero de 2008 (la que amplió un mes este privilegio) y de 28 de diciembre de 2010.

La última modificación de la norma sobre las 'casas gratis' de los altos cargos, la de 2010, que fue aprobada durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente del Gobierno andaluz, supuso una "novedad importante", recoge la proposición no de ley de Podemos.

Desde diciembre de 2010, se concede la indemnización por vivienda también a las personas titulares de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Fiscalía Superior de Andalucía. El cambio legal coincidió con el nombramiento de Lorenzo del Río como presidente del TJSA el 28 de octubre de 2010.

Como informó en 2016 este diario, Lorenzo del Río ha recibido 90.099,20 euros desde diciembre de 2010 hasta octubre de 2016, como ha reconocido la Consejería de Justicia e Interior a este diario en una respuesta a través del Portal de Transparencia. De la cantidad percibida por el presidente del TSJA en seis años, 60.148,30 euros son en concepto de alquiler y los restantes 29.950,90 euros para pagar impuestos.

Los 'sobresueldos' que perciben los altos cargos andaluces para que abonen el alquiler de sus viviendas incluyen las cantidades que Hacienda les pueda reclamar por esta indemnización. Por ello, son libres de impuestos.

Es "justo"

La ex consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, justificó en septiembre del año pasado en el Parlamento que el Gobierno andaluz les abone un dinero extra para que paguen el alquiler de sus viviendas. "Es justo el sobrecoste añadido por hacer su trabajo", indicó la consejera, quien ve adecuado "compensar el gasto que ocasiona ostentar una representación institucional".

Montero defendió que los altos cargos desplazados perciban un dinero extra para pagar el alquiler de su vivienda al estar fuera de su lugar de origen, ya que, "de lo contrario, sólo estarían representadas personas que viven en el entorno de las instituciones, y eso no se puede permitir", con lo cual la situación conlleva que exista "un gasto asociado".

Además, Montero rechazó que siempre que se hable de altos cargos de la Junta "se abra un debate descontextualizado", en el que "da la sensación de que todos los parlamentarios y altos cargos somos unos caras, cuando es lo contrario, las personas que conozco estrechamente perdemos retribuciones por el servicio que prestamos". Por ello, pidió "dignificar el sentido de la política" y subrayó que "el alto cargo es necesario", ya que "gracias a los altos cargos funcionan las administraciones".

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