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La sombra del fiasco recaudatorio sobrevuela la tasa Tobin

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La tasa Tobin está encima de la mesa. Y el Gobierno se muestra convencido de poder recaudar 850 millones de euros con este nuevo impuesto. Aunque pocos se atreven a hacer números, la experiencia de los países que ya gozan de un gravamen a la compraventa de acciones y las primeras previsiones de la industria ponen abiertamente en duda la consecución de este objetivo.

La diferencia de lo que ha ocurrido con la tasa Google, para la que el Gobierno ha reducido sus estimaciones de recaudación en más de 200 millones de euros sobre sus números iniciales, el equipo de la ministra María Jesús Montero se mantiene firme en sus objetivos con la Tobin.

Eso sí, ni siquiera los trabajadores de su departamento terminan de verlo claro. Los Técnicos de Hacienda (Gestha) no han tardado en señalar que las cifras de entrada para el erario público “podrían estar sobrestimadas”, aunque han evitado realizar su propio cálculo debido a “la falta de experiencia” con un impuesto de este tipo en España.

Ante la falta de experiencia nacional, desde la industria de la inversión se mira hacia los dos ejemplos que ya están vigentes en Europa: Italia y Francia. En ambos casos, las cifras facilitadas por sus organismos recaudatorios dejaron en evidencia que apenas cosecharon un tercio de lo estimado inicialmente: 690 millones de euros en la Bolsa de París y 272 millones en la de Milán.

Las dos cifras se quedaron muy por debajo de la marca de salida que se ha marcado Montero. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda admiten que en este 2020 todo dependerá de cuándo pueda entrar finalmente en vigor el impuesto.

Ocho meses de espera 

Esta advertencia será especialmente útil este año, puesto que la tasa Tobin no será efectiva, como muy pronto, hasta poco antes del último trimestre del año. Esto se debe a que el Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley que lo regula, pero lo habitual es que pasen cinco meses de trámites parlamentarios hasta que el texto definitivo se pone negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después, ya se ha anunciado que su entrada en vigor se retrasará tres meses para dar margen de adaptación a la industria.

El examen real, por tanto, para las previsiones del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos llegará en 2021. Hasta entonces, pueden estudiarse los casos de los dos países en los que ya están vigentes sus respectivas variantes de la tasa Tobin. Tanto en Francia como en Italia van camino de cumplir ocho años de vigencia y diferentes estudios muestran que, además de fallar en sus objetivos de recaudación, han provocado un mayor trasvase de negociación desde los mercados regulados oficiales -en los que la tasa es efectiva- hacia plataformas alternativas y mercados vecinos en los que no existe este gravamen.

El ejemplo de la Bolsa de Milán es paradigmático, puesto que la tasa Tobin nació en 2012 como un gravamen del 0,12% a la compraventa de acciones y derivados sobre acciones italianas para valores con una capitalización superior a los 500 millones de euros. Al ver que los objetivos de recaudación no se conseguían y los ‘hombres de negro’ de Bruselas apretaban, en tiempos del primer ministro Mario Monti, apenas un año después de la entrada en vigor del impuesto, se elevó al 0,2%. Y desde entonces ahí sigue.

En Francia, la tasa original del 0,1% se revisó después al 0,3% y así se logró alcanzar un tope de ingresos de 1.058 millones de euros en el año 2015. Desde entonces, la progresiva fragmentación de la negociación ha ido haciendo mella en una cifra que, a diferencia de la italiana y a semejanza de la española, nace de la aplicación del gravamen exclusivamente a acciones nacionales.

La amenaza de la recesión

Lo que sí está claro es que los derivados se quedan fuera de su ámbito de aplicación, tal y como apunta el proyecto de ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez.

En este sentido, parece que el Gobierno español sí que ha aprendido algo de esta experiencia y parte de salida con tipos del 0,2%. Sin embargo, el umbral mínimo para que la tasa sea aplicable se ha elevado hasta compañías con una capitalización de al menos 1.000 millones de euros.

Si bien, actualmente, más de seis decenas de valores superan esta cota, el número podría descender drásticamente si, como señalan algunos organismos y gestoras de inversión, el fantasma de la recesión volviese a campar por los mercados europeos. En definitiva, la base de operaciones susceptibles de gravamen descendería drásticamente.

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha reconocido que la cifra definitiva que coseche la tasa Tobin podría ser “algo inferior” a la estimada. En esta misma línea, los técnicos de Hacienda reconocen que para alcanzar la estimación del Gobierno sería necesario un volumen mínimo de negociación de 425.000 millones de euros en la bolsa española.

Todos contra Hacienda

Aunque este montante puede parecer una cifra fácilmente asumible, supone un 90,5% del total conseguido en 2019. Dicho de otro modo, sería necesario que entre el año pasado y el que viene los volúmenes solo descendieran un 9,5%. Y el ejercicio pasado el retroceso fue del 20,1%.

Todas estas cautelas, se suman a la que ya el verano pasado lanzó la Comisión Europea, cuando varios países miembros luchaban porque la tasa Tobin fuese proyecto conjunto de todos los socios comunitarios. Entonces, la previsión inicial de recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros en todo el territorio europeo se redujo de golpe a unos 3.500 millones al considerar la caída de volúmenes y limitar su alcance, como se apunta en el caso español, únicamente a las acciones.

Desde la industria de inversión, intermediarios financieros, gestoras, la sociedad rectora de las bolsas españolas y -en el pasado- incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han puesto en duda los objetivos del Gobierno también por una cuestión de calendario.

El volumen de información que finalmente se necesite recabar y aportar al fisco se traducirá, advierten, en que no podrá ser una cuestión de ‘dicho y hecho’, sino que más allá de los tres meses de gracia desde la publicación en el BOE se deberían fijar periodos de adaptación o transitorios antes de la entrada en vigor completa de la tasa.