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La tasa Google, un impuesto para "penalizar" a España

La patronal tecnológica reconoce que se debería haber aplicado antes y "de manera armonizada"

n n n El adelantarse en la implantación de la "tasa Google", penaliza a España con respecto a otros estados de la UE, advierte Alicia Richart, directora general de Digitales -la patronal del sector tecnológico-, que en una entrevista considera que "es una pena que no se haya podido" aplicar este impuesto "de forma armonizada".
Se trata de la "tasa Google", que está en trámite parlamentario en España y con la que se pretende gravar con un 3 % los ingresos que las grandes tecnológicas obtengan de ciertos servicios. Richart es partidaria de que se "paguen impuestos donde se generan sus ingresos", pero es de las que creen que las empresas de telecomunicaciones y tecnológicas ya están "sometidas a una presión fiscal "muy elevada" en España. No le "parece justo que se tenga que incluir otra tasa más" a estas empresas, pero reconoce que es difícil aislar el hecho imponible.
"La opción más deseada -para ella- sería que tanto a nivel de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como de Comisión Europea se llegara a una fiscalidad homogénea, porque el hecho de adelantarnos ahora con un impuesto, implica que estamos penalizando a nuestro país", afirma.
Se queja "amargamente" de la fiscalidad de las "telecos" en España, que es la más alta de Europa.
Para hacerse una idea, Telefónica, Orange, Vodafone, Másmóvil y Euskaltel pagan unos 8.000 millones de euros anuales de impuestos, lo que quiere decir que su presión fiscal es superior a la del resto de países de la UE. "Esto les sitúa en una posición de desventaja".
A esto se añade que están pendientes de las "fuertes inversiones que se van a hacer en breve por los despliegues de 5G". A su juicio, una revisión de la fiscalidad de estas empresas sería "más que deseable y conveniente", teniendo en cuenta además que, con la pandemia de coronavirus, demostró que son un "sector esencial" para la economía del país. Digitales, junto con la consultora EY, está haciendo un estudio sobre las claves de la fiscalidad en este sector, cuyas conclusiones presentarán próximamente.
Sobre la subasta de la banda de los 700 Mhz, que será utilizada para el despliegue del 5G, cree que la Administración del Estado la ha retrasado de junio de 2020 al primer trimestre de 2021 con "buen criterio", teniendo en cuenta el impacto tan grande de la covid-19.
Sus reivindicaciones para la subasta de esta banda siguen siendo las mismas que antes de la pandemia: que se adjudique el espectro con un horizonte de 25 años, que el criterio no sea la recaudación, sino el de promover inversiones y que la fiscalidad del espectro sea proporcionada, entre otras.
No obstante, no descarta que se articulen nuevas reclamaciones ante el nuevo escenario. Sobre el coste de los despliegues no se atreve a aventurar estimaciones, aunque en España se parte de una situación de "mucha ventaja", teniendo en cuenta que tiene su red. n

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