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Las comunidades del PP estallan contra el rodillo fiscal del Gobierno mientras privilegia a sus socios

La ministra de Hacienda dejó claro el pasado jueves en el Congreso que va a llevar a cabo una armonización fiscal ente las comunidades. Era un objetivo conocido, pero el hecho de que María Jesús Montero lo presentase como uno de los principales ejes del Ministerio para los próximos meses supone su oficialización. Por ello, las regiones gobernadas por el PP ya han mostrado su total rechazo a este medida que, entienden, supondrá una subida de impuestos y una reducción de su autonomía, además de un agravio comparativo respecto a los beneficios que el Gobierno ofrece a Cataluña y País Vasco.

«Llama la atención que se pretenda armonizar impuestos cedidos a las comunidades, lo que supondría reducir su autonomía fiscal, al mismo tiempo que se mantienen negociaciones bilaterales con Cataluña y País Vasco prometiéndoles más recursos y más competencias, quebrando el principio de igualdad», explican a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda de la Xunta.

En Galicia, desde el pasado 1 de enero, están exentas de tributación todas las herencias por vía directa de hasta 1 millón de euros por heredero, la bonificación el Sucesiones es del 99% en empresas familiares, y el tipo en el impuesto sobre transacciones y actos jurídicos es el más bajo de España. Medidas todas ellas que, entienden, están en peligro con la «armonización» de Montero.

«Mientras el van a dar la Seguridad Social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno de España pretenden a partir de octubre hacer una subida a todos los madrileños», señaló en este misma línea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Pretende imponer dos impuestos [en referencia a Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales] que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos», añadió la responsable madrileña, que también adelantó que no se va a quedar «callada» ante el «Gobierno de la opresión» de Pedro Sánchez.

Desde la Comunidad de Madrid, región a la que Montero ha acusado en numerosas ocasiones de dumping fiscal y con la que mantiene un enfrentamiento que se remonta a los años en los que fue consejera de Hacienda de Andalucía, apuntan que la armonización que pretende tendría un coste de 2.000 euros al año para cada contribuyente madrileño.

Y precisamente con esa misma Consejería que ocupó durante casi cinco años, Montero también ha vivido unos notables choques que, muy probablemente, tendrán nuevos capítulos en el futuro ya que, tal y como explican fuentes de la Hacienda andaluza, rechazan la subida de impuestos.

Existen pocas dudas, por lo tanto, de que las comunidades gobernadas por el PP van a tratar de frenar y luchar contra la armonización y que, además, tendrán el apoyo de Génova. «Es realmente absurdo pretender cercenar la capacidad fiscal mediante la imposición homogénea de varios impuestos, a la vez que negocia con Cataluña prerrogativas», concluye Mario Garcés Portavoz Adjunto y Coordinador Económico del GPP.

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