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Una de cada cuatro camas en las residencias vizcaínas está vacía

La asociación empresarial de residencias Gesca, que representa el 34,6% de las plazas vizcaínas ha roto este jueves su silencio habitual con el deseo de «participar en el relato» sobre lo que está sucediendo con la pandemia. Su presidente, Carlos del Campo, el vicepresidente Santiago Canales y el portavoz Aitor Pérez Artetxe han desgranado el informe «El impacto de la pandemia en el sector residencial; aprendiendo de lo vivido para construir un futuro mejor para las personas dependientes». El documento revela que una de cada cuatro camas de las residencias vizcaínas están vacías. «Casi no ha habido ingresos en este año», reconocieron ayer sus responsables. El miedo a la pandemia y la posibilidad de un contagio influye en las familias a la hora de dar el paso. «Es una decisión que no es fácil de tomar y hacerlo sabiendo que vas a poder ver a tu padre o madre un par de veces a la semana lo complica todavía más», reconoció Carlos del Campo. Gesca agrupa a diez empresas que gestionan 27 residencias y 22 centros de día, con 3.697 residentes y 1.135 usuarios, respectivamente.

La estancia media en las residencias es de cuatro años ya que la mayoría acude con patologías muy severas y altos niveles de dependencia (nivel II muy avanzado o III). Tienen más de 86 años de media, mayoritariamente son enfermos crónicos y presentan algún tipo de deterioro cognitivo en un porcentaje superior al 56%. Esa estancia media implica un relevo habitual en las llegadas, que ahora se ha detenido por la pandemia y que se complica por «un incremento de los gastos». En especial, por «la contratación de personal para suplir las bajas, que en algunos centros han llegado a afectar al 50% de la plantilla» y una «mucho mayor inversión en EPIs». «Se ha contratado más personal porque se han reducido las unidades convivenciales, que antes eran de 20 personas y ahora muchos menos» y «se ha reforzado la limpieza». Con todo ello, calculan que su facturación de 130 millones de euros ha caído un 15% y «la situación económica es muy complicada». Desde Gesca han pedido a la Diputación la creación de una mesa con la que pretenden «garantizar la sostenibilidad de los centros».

Cuestionados por los brotes masivos, desde Gesca insistieron en que se han vivido «meses muy difíciles« en los que las residencias se han tenido que ir adaptando «a la situación y a los protocolos, que, sobre todo, al inicio eran cambiantes». Aseguraron que »se han cumplido de manera escrupulosa todos los protocolos y recomendaciones« dictados por las autoridades sanitarias.Y han recalcado que es un sector sometido a una »inspección y control permanente«. Más allá de que «el virus entra por la puerta», en aquellas zonas en las que la prevalencia de la enfermedad «era más alta», aludieron a «los asintomáticos» como una de 97 de los 103 residentes. «Hay movilizaciones en que se rompe la distancia de se seguridad, también puede suceder en alguna visita de un familiar que lleva mucho sin verles. En las residencias sucede lo mismo que fuera», apuntaron. «Nuestra prioridad ha sido «salvaguardar la salud de las personas que viven y trabajan en los centros». «Pero, al igual que en el resto de Europa, cuando el virus entra en una residencia su impacto es mucho mayor por el perfil de los mayores», constataron.

Gesca, que destaca que genera un retorno de más de 43 millones a las arcas públicas, apuntó que hay «falta de profesionales en el ámbito sanitario, un problema que ya existía y que se ha agravado durante la pandemia. No hay personal sanitario formado». También aludieron al »gran daño reputacional que sufre el sector por debates demagógicos». A su juicio, «se está cuestionando un sistema público de servicios sociales y se está acusando al sector de incumplir reiteradamente la normativa vigente en aspectos como ratio de personal o cumplimiento de protocolos», algo que negaron categóricamente. También rechazaron que exista «precariedad laboral» porque sus trabajadores se rigen por el convenio de Bizkaia, «sustancialmente más ventajoso« que el estatal. «la mayoría tiene contratos indefinidos», añadieron. «No es cierto que los fondos buitres estén controlando las entidades, aunque sí hay fondos de inversión, especialmente inmobiliarios», zanjaron.

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