El 15 de marzo de 2022 el Congreso de la República aprobó el decreto 21-2022, con el cual le otorgó una ampliación presupuestaria por Q3 mil 191 millones al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) para el mejoramiento de la red vial del país.
Dicha normativa —Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica— fue muy cuestionada porque se aprobó de manera exprés, apenas 15 días después de que los diputados oficialistas la presentaron a la Dirección Legislativa.
Cuatro meses más tarde, el CIV ya había adjudicado los contratos, cuyos proyectos han sido ejecutados en poco más de un año, aunque algunos, multianuales, todavía están pendientes de finalizarse.
Reportes de las oficinas de Información Pública de tres de las cuatro dependencias a la cuales les fueron asignados recursos dan cuenta de que en total se firmaron 129 contratos con diferentes empresas por Q6 mil 232 millones, monto que rebasa en Q542 millones a las estimaciones contenidas en el decreto 21-2022, que fue de Q5 mil 690 millones.
La Dirección General de Caminos (DGC) adjudicó 27 proyectos por poco más de Q3 mil 702 millones. La unidad ejecutora de Conservación Vial (Covial) firmó 98 contratos por la suma de Q2 mil 466 millones, mientras que el Fondo Social de Solidaridad (FSS) hizo lo propio con cuatro proyectos por un monto de Q63.6 millones.
Además, en el portal Guatecompras figura la contratación, por Q19.9 millones, de una “consultoría para el monitoreo, auditoría y asistencia técnica de los proyectos”.
El CIV no respondió a una solicitud de explicación acerca qué funciones tiene la empresa a la que le adjudicaron esta consultoría, pero en el contrato se lee que “los trabajos consisten en revisiones iniciales y asistencia técnica, servicio de monitoreo de proyectos —y— seguimiento”, así como el “desarrollo de una aplicación web de acceso público a la información, apoyo en la verificación final y recepción de —los— proyectos”.
El Ministerio tampoco respondió el por qué la suma de los contratos se excede a las estimaciones multianuales aprobadas por el Congreso en el decreto 21-2022.
Sin embargo, en un comunicado que emitió el pasado 8 de agosto en respuesta a una nota de este medio, aseguró que “el CIV ha sido respetuoso de la ley y en ningún momento ha ejecutado por arriba del monto multianual que estipula el decreto 21-2022”.
El artículo periodístico de aquella ocasión hacía referencia a que, según datos del Sistema de Contabilidad del Estado, la cartera había ejecutado más fondos que los autorizados por el Legislativo.
Presupuesto comprometido
El incremento, hasta cierto punto, es un movimiento usual dentro de carteras que tienen a su cargo proyectos de inversión, afirman analistas. Sin embargo, para hacer efectivo el pago de estos contratos es necesario comprometer el presupuesto de los años siguientes.
La Ley de Contrataciones del Estado prevé que para proyectos que toman más de un año de ejecución pueda destinársele recursos de presupuestos de años posteriores, afirma Erick Coyoy, analista y exministro de Economía. “Es la única forma que —el CIV— pueda cumplir con las obligaciones. Si no se incluyen es imposible que hagan los pagos”, acotó.
Por esa razón es que estos proyectos que pasan de un año a otro se les llama “de arrastre”, porque no son nuevos, dicho excedente también debe ser aprobado por el Congreso lo que, en teoría, debe hacerlo con la aprobación anual del presupuesto de ingresos y egresos, explicó el entrevistado.
“Cuando el Congreso lo aprueba —el presupuesto— automáticamente aprueba el programa de inversión física y financiera”, un anexo del plan de gastos anual en el que se incluyen todas las obras de infraestructura a ejecutarse, añadió.
Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que, cuando se aprueba un proyecto en el Congreso este lleva una estimación del monto, pero cuando el CIV saca el evento a licitación las empresas hacen sus propuestas de acuerdo con los precios del mercado.
Entonces, el CIV no puede obligar a una empresa que le construya una obra por el monto estimado porque así lo dice la ley y termina por aceptar lo que le plantea el oferente.
El problema con los proyectos de esta Ley en particular, indicó, es que nadie salió a explicar cómo y quién hizo las estimaciones lo que tampoco se explica en la parte considerativa del decreto.
“Quién hizo estos costeos y estimaciones, esa es la pregunta del millón. Asumimos que el CIV en sus áreas técnicas y departamento de planificación tiene los equipos técnicos necesarios para hacer el diseño de los proyectos y cuantificarlos, eso debió haber sucedido, pero no lo sabemos”, remarcó Flores.
En su momento el titular del CIV, Javier Maldonado, reconoció que la iniciativa de ley no salió del ministerio que dirige y que en varios de los proyectos incluidos debían ser los diputados ponentes los que debían responder por el respaldo técnico de cada uno.
Malas estimaciones
La variación de Q542 millones entre la estimación de los proyectos y lo adjudicado por las distintas dependencias del es, en promedio, un 10%, pero hay proyectos en los que el incremento casi llega al 50%.
Para Flores, cuando el monto de una adjudicación supera por mucho al estimado denota que hubo un muy mal trabajo de cálculo, o que las empresas sobrestimaron las obras y el CIV aceptó esos precios.
Sobrecostos
Coyoy explicó que la diferencia entre lo estimado en el decreto 21-2022 y lo adjudicado por el CIV también puede obedecer a los sobrecostos, una “mala práctica” que sirve de justificación para aumentar el valor de los contratos, debido a la inflación, algo que también prevé la Ley de Contrataciones.
“Sabemos que los costos no son estáticos; sin embargo, en ocasiones pasadas ha sido usado como pretexto, más que como causa real, para el aumento del valor de los contratos”, señaló el analista, quien dijo que es la Contraloría General de Cuentas es la llamada a verificar que la ejecución de un proyecto corresponda a los costos y avances reales.
Para el diputado Carlos Barreda el CIV pudo haber caído en una ilegalidad al sobrepasar las adjudicaciones al monto estimado en el decreto puesto que el artículo 3 dice que los departamentos, tipos de intervención y montos indicados “no podrán ser modificados por ningún motivo”, lo cual también podría ser objeto de una sanción penal, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
