Sin demora ni delegaciones dilatorias, la Corte de Constitucionalidad se encuentra ante una prueba de agua regia para demostrar que existe para defender la Democracia, el estado de Derecho y el respeto a la soberana voluntad ciudadana manifestada en las urnas. Las acciones de amparo interpuestas anoche en la CC por el Tribunal Supremo Electoral en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, y del juez Fredy Orellana para frenar toda sustracción de actas o material electoral constituye un acto histórico de resguardo de la institucionalidad constitucional, por lo cual debe ser apoyado de inmediato.
Es improcedente el argumento de supuesta soberanía invocada por el fiscal Rafael Curruchiche para irrumpir, mediante un excesivo e intimidante contingente policial, en la sede del TSE. El fiscal señala injerencia de la Organización de Estados Americanos por haber desmentido argumentos de irregularidades en el proceso y no haber avalado la narrativa del MP. Quizá no recuerda que fue él mismo quien le mostró voluntariamente al secretario general Luis Almagro el expediente de un caso bajo reserva. Además, la excusa de “soberanía” se diluye cuando se está poniendo en peligro la soberana voluntad ciudadana al atentar contra la custodia de documentos electorales que solo el TSE puede resguardar.
La declaratoria de reserva sobre la investigación genera, eso sí, una soberana desconfianza sobre los fines de toda la cadena de acciones emprendidas por el MP y el juez Orellana contra el TSE y el proceso electoral. Fue abyecta, inédita e injustificada la apertura de cajas con sufragios. Ahora se intentaría sustraer, según denuncia el Tribunal, los originales de las actas en las cuales está plasmada la decisión del Pueblo.
Tal vulneración no puede excusarse en la búsqueda de pruebas, pues ello denota insuficiente base legal o total arbitrariedad. Por eso fue oportuno el pronunciamiento del pleno de magistrados del TSE, antes de la interposición de amparos, para pedir a la CC, como máxima garante del respeto a los principios, fundamentos y derechos plasmados en la Carta Magna, que se pronuncie de oficio para salvaguardar el proceso electoral y el sistema democrático que le da su razón de ser.
Es significativo el llamado del TSE a todos los partidos políticos, así como a alcaldes, diputados, presidente y vicepresidenta electos, a que se pronuncien en favor de la integridad democrática en un proceso con resultados ya oficiales. No es lógico ni plausible que por mil supuestas denuncias anónimas se intente atropellar la voluntad de millones de guatemaltecos. Los antejuicios interpuestos contra los magistrados forman parte de la cadena de presiones. La Corte Suprema de Justicia debió rechazarlos, pero sigue retardando la resolución.
En este punto crítico de la democracia guatemalteca, tanto o más grave que el Serranazo, es necesario mantener la cordura. La institucionalidad debe funcionar de acuerdo con el espíritu de las leyes y no según “la intención de ciertos grupos de desestabilizar y deslegitimar el proceso electoral”, según denuncia el TSE. No debe pasar este fin de semana sin que los magistrados constitucionales se reúnan de urgencia, no solo para resolver los amparos, sino el recurso de competencia solicitado por el TSE. Ello establecerá, además, si las acciones de ciertos fiscales pueden constituir posibles delitos contra el orden político del Estado disfrazados de peroratas ampulosas que están al borde del fraude de ley.
