Poco a poco va quedando más clara la intención detrás de la estrategia de control del sistema de justicia. No es que sea una práctica exclusiva de Guatemala, los regímenes autoritarios y los grupos de poder político y económico buscan las maneras de interferir con la independencia judicial para mantener blindados sus intereses y privilegios.
También lo hacen las redes ilícitas que necesitan un sistema poroso y débil que les permita operar sin contratiempos.
Por eso resulta determinante el rol que juegan operadores de justicia independientes en el sistema democrático. Además de ser garantes de que la justicia se aplique de forma imparcial y que no se convierta en una herramienta de persecución o castigo, protegen al sistema de las influencias indebidas que procuran impunidad.
Lamentablemente los despidos, solicitudes de retiro de inmunidad y denuncias espurias han derivado en el exilio forzado de jueces, juezas, investigadores y fiscales cuyo trabajo fue determinante en la investigación y procesamiento de personas involucradas en casos de gran corrupción o en graves violaciones a los derechos humanos. Otros operadores de justicia están enfrentando procesos penales y guardando prisión precisamente por haber sido parte de las fiscalías o juzgados que conocieron estos expedientes.
Cuando se utiliza el Derecho Penal como herramienta de persecución y castigo estamos frente al fenómeno de la criminalización o lo que los criminólogos llaman el “derecho penal del enemigo”. Esta práctica que se está volviendo una constante en contra de operadores de justicia, personas que defienden los derechos humanos, opositores políticos, abogados defensores y periodistas, tiene una intención clara: enviar un mensaje ejemplificante que disuada y paralice, porque “lo mismo nos puede pasar”. Con eso se asegura el “control” de las voces críticas que se ven disminuidas para no arriesgarse a enfrentar denuncias penales y se disuade a operadores de justicia de actuar de forma independiente a la hora de investigar y resolver.
La cooptación de la justicia tiene además un efecto paralelo. A las personas acusadas de graves delitos se les beneficia con resoluciones judiciales o sus procesos son archivados. Todo esto va acompañado de la fabricación de una narrativa de odio y descalificación para construir en el imaginario social al “enemigo”, al que se debe perseguir y destruir.
La captura de Orlando Salvador López, quien dirigió la Fiscalía de Derechos Humanos en el MP y condujo investigaciones y acusaciones para llevar a juicio a militares de alto rango a quienes se les comprobó participación en violaciones sistemáticas a los derechos humanos entre las décadas de 1980-1990 supone un escalón más en la ola de persecución y acoso en contra de funcionarios judiciales que, cumpliendo con su labor, contribuyeron a derribar la impunidad que protegió durante años a personas responsables de delitos de lesa humanidad.
López condujo la acusación contra Efraín Ríos Montt, condenado por un tribunal a 30 años de prisión por el delito de genocidio, y participó en otros procesos relacionados con la esclavitud y violencia sexual contra mujeres indígenas, asesinatos masivos, masacres y torturas. Su participación fue clave para lograr las condenas y brindar a las víctimas y a sus familiares justicia, después de décadas de buscarla.
Su captura se inscribe además en un contexto de retroceso en las causas de justicia transicional como los casos del Diario Militar o del secuestro y desaparición del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen, en 1981. Reitero: la persecución contra fiscales y jueces que investigaron corrupción y graves violaciones a los derechos humanos busca reedificar el muro de la impunidad que ellos y ellas lograron hacer tambalear.
