La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó por segunda vez el expediente 6408-2022 con la solicitud de opinión consultiva que presentó el Congreso de la República para analizar la iniciativa de ley de amnistía.
Según informó la CC, dispusieron rechazar la solicitud de opinión consultiva presentada por Mynor Rafael Prado Jacinto, en calidad de Mandatario Judicial con Representación del Congreso de la República de Guatemala.
Agrega que al analizar el planteamiento realizado por el Congreso de la República, esta Corte establece que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad al plantear la opinión consultiva.
Explican que por la fase en que se encuentra el proceso legislativo de aprobación del proyecto de decreto, contenido en el dictamen de la Iniciativa de ley con número de registro 6099, conocida como Ley de Fortalecimiento para la Paz, existe imposibilidad material para que la CC emita opinión.
La iniciativa
La iniciativa de ley 6099, que lleva por nombre Ley para el Fortalecimiento de la Paz, es una propuesta que aglutina 10 artículos que diputados oficialistas visualizan como una forma de conciliar las divisiones sociales que dejó la guerra interna en Guatemala, pero los opositores dicen que solo busca generar impunidad.
Fue presentada el 22 de junio del año 2022, posteriormente pasó a la Comisión de Derechos Humanos que le dio dictamen favorable el pasado 12 de septiembre.
Entre el contenido de la iniciativa se ordena una amnistía, tanto para integrantes del Ejército, miembros de otras fuerzas de seguridad del Estado y para miembros de la guerrilla.
Se menciona que, si ya existen condenas anteriores por estos hechos, las mismas quedarán anuladas y sin efecto, ordenando la inmediata libertad de quienes hayan sido declarados culpables ante un tribunal.
Si un juez, tribunal o bien fiscal, a criterio de alguna de las partes busca un retardo en la aplicación de la norma será sujeto a sanciones administrativas y procesos penales.
También la iniciativa estipula que ninguna persona puede solicitar al Estado de Guatemala el pago de algún tipo de resarcimiento, según el texto.
La iniciativa 6099 no había sido incluida en la propuesta original de la Junta Directiva, pero el diputado Manuel Conde, acuerpado de la mayoría de diputados de la instancia de Jefes de Bloque, logró incluir la iniciativa para su primera lectura en la sesión de Pleno del 27 de septiembre.
Ese día, la diputada Petrona Mejía propuso la consulta a la CC al considerar que se trata una iniciativa de ley que ha sido “muy criticada y cuestionada porque adolece de inconformidades”.
La moción se aprobó con 86 votos a favor, y posteriormente, se votó por la aprobación de un acuerdo legislativo para enviarla a consulta, obteniendo 95 votos a favor y 22 en contra.
El Congreso envió la solicitud de opinión consultiva de esa iniciativa de ley, pero el pasado 16 de octubre, la CC la rechazó pues según ellos esta carecía de algunos requisitos legales.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, explicó que se instruyó al Departamento Jurídico del ese organismo que subsanara todos los requisitos legales y que enviara nuevamente la solicitud a la CC, lo cual se hizo efectivo el pasado 19 de octubre.
Este 25 de octubre la CC informó que rechazó nuevamente la solicitud de opinión consultiva.
