La indolencia, los pactos convenencieros y las obtusas dilaciones de la actual legislatura constituyen un histórico ejemplo de lo que un Congreso no debería ser. Fariseísmos y opacidades se han alternado para negociar nombramientos, evadir obligaciones, retrasar procesos y simular laboriosidades que no conducen a ninguna parte, excepto a la continuación de un círculo vicioso de rezagos.
La ciudadanía juzga por resultados concretos, evalúa la coherencia entre discurso y acción, no por ofrecimientos interesados de última hora acicateados por el temor a perder la jugosa curul junto con sus viáticos, cajas chicas, pago de dietas y otras prebendas. No son pocos los diputados que ahora buscan publicidad por impulsar leyes chapuceras, procurar beneficios lesivos para ciertos grupos o incluso agitar los extremismos.
Aunque todavía quedan nueve meses y 12 días a este período legislativo marcadamente improductivo y sobradamente opaco, son en realidad un trimestre el que resta para saber quiénes se van y quienes se quedan, aunque a partir de entonces tengan todavía un semestre más para empujar la “ley de Hidalgo”. Dadas las decepciones actuales, es posible que exista alguna depuración. También es obvio que entre los aspirantes al hemiciclo hay mentirosos reciclados como supuestos estadistas. Quieren venderse como moderados, a pesar de haberse demostrado ya su intolerancia en el Gobierno. Buscan pasar como estadistas, pero sus actos demuestran que no son ni honrados ni decentes. En todo caso, el ciudadano es el mejor y más implacable juez de estos histriones sobrevalorados. Desmanes pasados tendrán un alto costo para ellos, aunque su propaganda intente menospreciar la perspicacia del votante.
Sobre los incumplimientos que mayor factura pasarán se puede mencionar el grave e irresponsable retraso de tres años para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Los diputados de Vamos Allan Rodríguez y Shirley Rivera han entorpecido desde sus respectivas presidencias y directivas, con el apoyo de jefes de bloques afines, el relevo de cortes. Es previsible que una vez pasen las elecciones intenten procurarse tratos de impunidad e intercambios de favores para nombrar o reelegir magistrados afines para el año y medio restante.
Avalar presupuestos deficitarios, millonarias transferencias opacas, impedir la fiscalización de funcionarios del Ejecutivo o apoyar fallidas leyes represivas son otras afrentas cometidas. En los siguientes días y semanas llegarán congresistas distritales a buscar apoyos en sus comunidades. En algunos casos, lo intentarán a través de recursos y obra pública efectuada a la carrera.
Ningún presidenciable puede ofrecer nada si no se compromete con una agenda legislativa responsable de desarrollo. En vez de avalar normativas anodinas o mojigatas que únicamente buscan distraer, polarizar y aparentar creencias que no practican, la ciudadanía analizará acciones de beneficio o perjuicio. Así de simple. Por lo tanto, el requisito básico es el compromiso con una agenda nacional interpartidaria de desarrollo para los próximos 20 años, comenzando por la reforma electoral integral y siguiendo con la aprobación de leyes urgentes —de aguas o de vacunación, cuya primera aprobación fue un fiasco debido a incapacidad y conflictos de interés, y las de competencia, servicio público y compras y contrataciones—. Todo lo demás será palabrerío vacuo.
