El Congreso se zafó, al pasarle a la Corte de Constitucionalidad la decisión acerca de la “Ley para el fortalecimiento de la paz”. La meta es aprobar la amnistía para los condenados por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna. Dejará libres a muchos militares y pocos guerrilleros porque hubo más numerosas anti-castrenses y pocas anti-URNG. Sus defensores la ven como única forma de cerrar ese terrible capítulo de la complicada y dolorosa historia guatemalteca, rebalsada de hechos carentes de toda ética. Esa ley será contraproducente. Despertará o desenterrará dolor y rencores porque en una guerra civil, los dos bandos y sus familiares comparten nacionalidad, pero difieren en cómo lograr el bien para el país.
Todas las guerras civiles se asemejan en su complejidad y la dificultad de dejarles pertenecer a una historia aceptada. Esto, porque es demasiado difícil lograr un perdón y un olvido por las atrocidades de los bandos participantes. La guerra civil de Estados Unidos entre el Sur y el Norte duró cuatro años, de 1861 a 1865, pero sus efectos aún permanecen hoy en ese país. La guerra civil de España se peleó también cuatro años, 1936-1939, y sólo el paso de tres generaciones permitió ir aceptando, aunque no olvidando, lo ocurrido. En todos los casos, no es igual decir “mataron a mi padre”, “mataron a mi abuelo” o “mataron a mi bisabuelo”. La muerte de las generaciones directamente afectadas, más el tiempo, permite a las siguientes pensar cada vez menos y así mitigar el dolor.
La guerra civil de Guatemala, como siempre pasa con todo lo relacionado con nuestro país, es difícil de encasillar. Duró oficialmente 36 años, de 1960 a 1996, y es la más larga del siglo pasado en América Latina; fue iniciada por una insurrección militar; se le denominó “conflicto armado interno” como decisión gubernativa de no darle importancia, pero la tenía. Las acciones militares más importantes no ocurrieron en la capital, pero sí fue escenario de numerosos asesinatos de militares y civiles comprometidos o inocentes. La mayoría de la población la desconocía o no le daba importancia por no sentirse directamente afectada. Hubo choques sangrientos de ideologías y países extranjeros involucrados directa o indirectamente. Nadie quedó indemne.
Por haber terminado en forma oficial en diciembre de 1996 gracias a un acuerdo poco conocido, permaneció oculto, en hibernación pero vivo, el rencor causado porque muchos lo consideraron una capitulación. Militarmente, la guerrilla perdió por muchas razones, a pesar del nacimiento de una URNG cuyas diferencias internas sólo entraron en somnolencia. Como resultado, no lograron satisfacer a nadie. Del inicio de la guerra han pasado 63 años y de su final, 27, equivalentes al 10.5% y 40%, respectivamente, de la población. El desconocimiento forzado de la historia en el segundo grupo no le permite comprender el conflicto, su final, ni el porqué de las condenas a responsables de atrocidades cometidas en ese largo tiempo por cualquiera de los bandos.
Existe la corriente de positivismo jurídico, negador del derecho natural y para mantener su posición de sólo hacer lo expresado en los textos, son necesarias nuevas leyes, muchas de ellas con dedicatoria. En las guerras civiles no todos los hechos violentos constituyen terrorismo o genocidio. Ambos incluyen matanzas indiscriminadas, pero el primero va dirigido a cualquier grupo no formal, como transeúntes, pasajeros de un autobús o avión. El segundo destruye sistemáticamente un grupo étnico, religioso, etc. Las amnistías ideológicas o políticas, por eso, son peligrosas y si están pensadas para enterrar tragedias humanas, solo logran lo contrario, porque es complicado decidir si pueden coexistir el perdón con el olvido. Aclaro: este artículo es un análisis de hechos, no un juicio de valor.
