Fue hace algunos años. Estábamos sentados uno al lado del otro, muy cerca del muro divisorio entre ambos países. Yo iba a reconocer el lugar como parte de un programa binacional de migración; él era un joven guatemalteco que había sido deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos hacia el lado mexicano. Le pregunté qué iba a hacer y si pensaba volver a Guatemala. Me respondió: “Mañana lo intentaré de nuevo”. Otros jóvenes centroamericanos que estaban cerca asintieron con la cabeza, secundando lo dicho por él.
Hoy, con alguna frecuencia, sigo escuchando la misma respuesta de jóvenes que han decidido migrar, para luego ser deportados. Y la seguiremos escuchando hasta que Guatemala ofrezca condiciones de vida digna y mejores oportunidades de desarrollo a su niñez, adolescencia y juventud. De enero a diciembre del 2022, 16 mil 845 personas migrantes menores de 18 años fueron deportadas desde Estados Unidos y México, por vía aérea y terrestre, hacia Guatemala; “endeudadas las familias y (…) en peores condiciones de pobreza que cuando se fueron del país, sin programas de asistencia por parte de instituciones vinculadas al tema migratorio”, según Fernando Castro Molina, analista migratorio.
Las cifras siguen siendo cifras de vergüenza para un Estado que tiene una deuda histórica con su niñez y adolescencia y para una sociedad que vive, en buena parte, de las remesas que envían sus migrantes en el exterior, y que ahora votarán en 15 centros de votación instalados en Estados Unidos, definiendo así también, de manera directa, nuestra política interna. Vuelvo a recordar que el rubro de remesas representa el 18% del PIB, más que el total de exportaciones del país.
Por otra parte, la expulsión de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos, aplicando el Título 42, iniciado durante el gobierno de Trump, afectó a más de 2.7 millones en el 2022 y socava el derecho internacional humanitario, así como los instrumentos internacionales en materia de refugiados, al negar el derecho de petición de asilo, contradiciendo el principio de no devolución y la prohibición de expulsión colectiva.
Aunado a lo anterior, hay rumores sobre la intención de reformar el Código Migratorio en Guatemala, medida que no solo afectar la libre locomoción de las personas migrantes, sino que violaría muchos de sus derechos. La reforma consistiría en señalar, como responsables de delito de tráfico ilegal de personas, a quienes alojen a personas en situación de migración irregular hacia otro país. Por ejemplo, las nueve casas del Migrante de la Iglesia Católica que atienden a, por lo menos, 25 mil migrantes cada año, tendrían que cerrar. Ordenar los flujos migratorios no debe ser sinónimo de criminalizar la migración o su protección.
La asistencia especializada a guatemaltecos migrantes menores de 18 años deportados, tanto hombres como mujeres, ha de ser prioritaria para los gobiernos que solo piensan en el voto migrante, y también para un sector productivo que ha sido miope en su visión de desarrollo y futuro. Construir un Estado de bienestar, contar con sólidas instituciones públicas, desarrollar integralmente los territorios, cambiar de raíz el sistema educativo para formar mejor ciudadanía, promover buenas inversiones en Guatemala, generar empleos dignos para los padres, son solo algunas de las tareas pendientes en ese sentido. Toca a la vicepresidencia hacer funcionar debidamente el Centro de Atención y Protección a Migrantes (CAP), así como a los alcaldes, presentes y futuros, en todos los municipios incluir prioritariamente dentro de sus planes de gobierno el tema migratorio, señala Castro.
Si comenzamos a actuar hoy, poniendo a la niñez, adolescencia y juventud en el centro de todas las agendas de Estado, el cambio será lento, pero llegará para quedarse. Si no, mañana ellos y ellas lo intentarán de nuevo.
