Por más que corran, los consejos departamentales de Desarrollo y las municipalidades difícilmente lograrán ejecutar con eficiencia y calidad los más de Q4 mil millones que el oficialismo les concedió para el año electoral, a fuerza de asignaciones clientelares y jugarretas legaloides, como el dejarles los vueltos del año pasado para que pudieran seguirlos ejecutando, en lugar de regresarlos al fondo común.
En mala hora comienza el Ejecutivo a empujar un nuevo ministerio para planificar, porque justamente esa es la mayor carencia que se observa con este dispendioso monto, cuyo correcto uso no está asegurado, a causa de la laxitud normativa y falta de candados de transparencia. De haber existido una correcta y madura previsión, como lo ofrecía el plan de gobierno de Vamos, no tendrían en este momento que arriesgarse a tratar de conquistar voluntades ediles en el último año, o mejor dicho, en el último semestre antes de las elecciones.
Apostar Q1 mil 292 millones en obras que todavía están en proceso —y otras ni siquiera han sido iniciadas— en los cinco departamentos que suman la mayor cantidad de empadronados suena a obvio clientelismo y a intento de sorprender a los ciudadanos con una repentina atención a necesidades relegadas en los tres años anteriores. La pandemia ha sido el pretexto más socorrido para tratar de justificar los retrasos; no obstante, el tiempo de restricciones a la movilidad fue la época en que más se habría podido avanzar con obra pública, especialmente en los planteles escolares, tomando en cuenta que el sector de la construcción fue el que más rápidamente retomó actividades. Por otro lado, también se intenta usar la pandemia como ariete propagandístico para presumir de un crecimiento económico que en buena medida fue rescatado por las remesas de migrantes.
Existe otro síntoma del uso politiquero de este voluminoso fondo: se agiliza la asignación para comunas cuyos alcaldes buscan la reelección con el sello oficial, pero se retiene o se entrega de manera parsimoniosa para aquellas encabezadas por rivales políticos o figuras que no se quisieron plegar a tan repetitivo plan.
A la larga, el mayor defecto de una estrategia de este tipo es que, como se dice coloquialmente, solo busca taparle el ojo al macho, al menos en lo que pasa la campaña. Tan solo se celebra la primera elección, el 25 de junio, y la misma recomposición del Legislativo, así como la definición de los finalistas de segunda ronda presidencial, le darán otra vuelta de tuerca a esta ejecución apresurada, tosca y con escasa auditoría. Prueba de ello es la afirmación del secretario ejecutivo de la Presidencia, Álvaro Díaz, acerca de que la calidad del uso de fondos por parte de los alcaldes es supervisada por dicha entidad. No menciona a la Contraloría General de Cuentas, como la principal encargada de velar por la calidad del gasto del erario.
Además arguye el secretario, para defender la calidad de la obra, todo un proceso de solicitud, evaluación, aval municipal y autorización de gobernatura o ministerio para emprender un proyecto. Ese alambique implica que en cuatro meses que faltan para las elecciones la mayoría de obras no estarán listas y se corre el riesgo de que sean mal construidas o queden como tantos elefantes blancos —mercados, comisarías, institutos, salones polideportivos, hospitales— de gobiernos anteriores.
