No puede negarse la sorpresa causada por esta Corte Suprema de Justicia con el amparo provisional otorgado contra el Tribunal Supremo Electoral por su inesperada decisión de contratar a una empresa con un precio de 48 millones de quetzales superior a otra para contar votos. Pero la extrañeza de cualquier persona interesada no puede terminar allí, pues la compra fue decidida por invitación, una modalidad nueva cuyo principal efecto es hacer a un lado el sistema de Guatecompras. El costo de un equipo para hacer lo mismo en los comicios anteriores fue de menos de la mitad, es decir hubo un aumento de más del cien por ciento, y para terminar de complicarlo todo, no ha habido forma de tener un informe oficial de las causas reales de esa adquisición.
La empresa beneficiada el 3 de marzo por el TSE fue la costarricense Datasys, con un historial de contrataciones por Q4.6 millones para el Estado guatemalteco y domiciliada en San José así: “Sabana Sur, de la esquina cococo. 400 metros sur Edificio a mano derecha, color gris metálico, fundada en 1998, teléfono 506, 2586 6464”. La entidad demandante de nulidad del contrato es la Public Broadcasting Service (Servicio Público de Radiodifusión) de Estados Unidos, sin fines de lucro, fundada en 1969, con sede en Arlington, Virginia, y con activos por 379.1 millones de dólares. (Datos vía Google). Pedir esa nulidad es posible, pero según el representante de los ganadores, Miguel Gramajo, es ya una decisión tomada, sin posibilidad de cambiarla.
En mi opinión, es conveniente recordar el necesario cambio de criterio del TSE en el caso de la erróneamente autorizada candidatura de Baldizón. Por ello, las decisiones de esos magistrados no están grabadas en piedra. La empresa ganadora tuvo problemas en Colombia, de lo cual habló el señor Gramajo, y con ello las admitió, aunque hayan logrado solventarlos. Una posibilidad, sólo posibilidad, podría ser un plan para tomar una decisión a todas luces inconveniente, provocar la reacción de los perdedores, esperar el veredicto de la CSJ, de fecha indefinida, y con ello reducir aún más el escaso tiempo para llenar todos los requisitos, como por ejemplo el número real de los candidatos, y con ello hasta hacer a un lado la realización de las elecciones. En Guatemala todo puede pasar porque quienes están al mando no destacan por su capacidad.
Si la CSJ después retira el amparo provisional otorgado, de todos modos se habrá perdido tiempo valioso. Contando con hoy, al TSE sólo le quedan 91 días. Todo se complica en las instituciones porque la confianza ciudadana en sus decisiones es una ave extraña en vías de extinción. El lunes, ojalá, se pueda saber quiénes serán aceptados para participar en los comicios de junio, pero ante el tropezón causado por obediencia de órdenes de “allá arriba”, la puerta está abierta de par en par para presentar toda clase de recursos legales y provocar un mayor atraso a las elecciones, con su daño colateral de disminuir la participación ciudadana, ya debilitada por tantos aspirantes y pseudopartidos sin posibilidad de sobrevivir, como ha ocurrido tantas veces en el país.
PENA IMPOSIBLE. La petición dentro del Congreso de regresar la pena de muerte, con la posibilidad de indulto presidencial, no es posible. Guatemala firmó la prohibición a esa sentencia y debería salir de muchas entidades mundiales, por lo cual se afianzaría la calidad de paria a causa de cómo se vive y se gobierna aquí. Sin embargo, la multiplicidad de los crímenes de todo tipo tiene desesperados a los ciudadanos, y por ser una petición eminentemente electorera, en efecto mucha gente la ve con buenos ojos. La solución va por otro lado: estricta aplicación de las leyes, condenas perpetuas en confinamiento porque de esa manera es posible disminuir el número de criminales. Es un tema difícil, complicado y con posiciones diametralmente opuestas.
