Politiqueros que fueron señalados como participantes del entramado fraudulento del escándalo Odebrecht en Guatemala deberían medir el peso de sus pretensiones. Intentar convertirse de pronto en querellantes adhesivos en un caso que los implica, directamente o a través de allegados, es jugar con fuego o querer pasarse de listos. Dicho proceso toma un fuerte giro tras la anulación de las declaraciones de dos exdirectivos de la polémica constructora brasileña, devenidos en testigos en 2017 con aval judicial. Se retoma la expectativa de un resarcimiento proporcional al alto costo de oportunidad que representa la hasta hoy inconclusa ruta interfronteriza de la Costa Sur.
El 11 de octubre último se cumplieron diez años de que 108 diputados al Congreso de la República votaron, en solo 38 minutos de sesión, a favor de otorgar a Odebrecht la rehabilitación total a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, por un costo cercano a los US$400 millones. Dicha firma brasileña fue señalada de cometer sobornos en varios países para obtener contratos de obra pública. En Guatemala habrían sido pagados hasta Q250 mil por voto, extremo sobre el que aún siguen sin deducirse responsabilidades a los entonces congresistas, algunos de los cuales todavía tienen curules, aunque con otros partidos.
El proyecto carretero, entre Ciudad Pedro de Alvarado, fronteriza con El Salvador, hasta Ciudad Tecún Umán, fronteriza con México, quedó inconcluso y sigue así a la fecha, por cambios posteriores al contrato, entre ellos el aumento del precio por kilómetro construido y el destape de escándalos. Existen tramos de cuatro carriles, pero la mayoría continúa solo con dos, además de varios puentes y viaductos a medias o en ruinas.
Las consecuencias de este incumplimiento han sido colosales para los guatemaltecos y a diario se siguen padeciendo sus consecuencias: atascos, tiempo de viaje y riesgos de tránsito. Sin duda alguna, hasta ahora la mayor deuda es con la justicia. Si bien ya hubo al menos tres condenas de implicados en el fraude, siguen sin comparecer ni ser investigados los diputados que habrían recibido pagos por su voto. También están pendientes procesos contra el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el expresidenciable Manuel Baldizón, quienes presuntamente también habrían recibido cohechos; en efecto, este último ya purgó sentencia en EE. UU., confeso por lavado de activos relacionados con dicho ilícito.
Con la eliminación de los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Mameri y Marcos de Cequeira Lima, desaparece el relato que implicaba directamente a Sinibaldi y a Baldizón con las negociaciones. El fiscal Rafael Curruchiche argumenta que la ausencia de la Procuraduría General de la Nación invalida el acuerdo que fijó en US$17 millones el resarcimiento al país y por ello ha citado de nuevo a declarar, de manera presencial, a los brasileños mencionados, el 1 de febrero de 2023. Es una incógnita si acudirán, y más aún si refrendarán los detalles brindados en 2017.
Las deficiencias procesales que hoy argumenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad obran en uno de los casos en contra del anterior fiscal Juan Francisco Sandoval, ahora en el exilio, quien sostiene que lo actuado está en ley. En todo caso, la nueva dirección de la Fiscalía solo se justificará cuando llegue a presentar un sólido proceso judicial contra los amaños de la obra. De lo contrario, solo asfaltará un tramo más de la autopista de la impunidad.
