Múltiples urgencias viales recientes, de todo tamaño, causalidad y antecedentes exhiben deficientes gestiones, erróneas priorizaciones y discontinua —por no decir insignificante— supervisión de la calidad de proyectos viales a lo largo de varios gobiernos, incluyendo al actual. Con las lluvias de este año las complicaciones se han multiplicado con gravedad creciente en rutas de todo el país, lo cual acarrea costos monetarios, de oportunidad y, sobre todo, de vidas de guatemaltecos productivos.
Las reparaciones de daños carreteros suscitados prácticamente en cada invierno de las últimas dos décadas han sido invocadas por politicastros y funcionarios venales que ven en los desastres una piñata para repartir proyectos entre allegados y no una oportunidad para servir a su país. Evidencia de esta actitud dañosa es el botín de Q3 mil 191 millones para reparaciones viales aprobado por el Congreso presidido por la diputada oficialista Shirley Rivera hace un semestre. El efecto de tal gasto es imperceptible, por no decir inexistente, pero quienes pagan los atascos de movilidad cotidiana y logística son los ciudadanos, la población productiva, empresas de las cuales dependen cientos de salarios, y también pequeños emprendimientos. Es inaudito que hayan fungido ministros y viceministros de Comunicaciones, incluyendo al actual, sin ser ingenieros ni tener experiencia en infraestructura pública. Todo un país termina pagando tanta incapacidad.
El abasto de mercancías, combustibles, productos agrícolas y toda una cadena de suministros en Guatemala se encuentra en riesgo, no solo por los siniestros de Villa Nueva, sino también por posibles focos de derrumbe, mal atendidos o en total abandono, en las carreteras a El Salvador, la Interamericana y al Atlántico.
Las operaciones de exportación también se ven comprometidas por atrasos en llegadas a puertos, que a su vez impactan en costos de embarque y cumplimientos de contratos. Sin embargo, en lugar de rectificar, los oficialismos acuden a la evasión. Varios funcionarios, diputados oficialistas y hordas de netcenteros reaccionaron en redes sociales ante las críticas por el segundo desastre en Villa Nueva. Emprendieron una campaña delatada por utilizar la misma falacia: copian y pegan la excusa de que en todas partes ocurren derrumbes, incluso en países desarrollados.
En efecto, hay impacto climático en todo el planeta, pero en esos países existen rutas alternas de calidad para trasladar el tráfico, hay planos y diagramas de las redes de drenaje y los trabajos de reparación se efectúan con celeridad, sin descuidar la calidad de la obra, ya que se tienen reglas de cuentadancia resguardadas por entes reguladores técnicos y no coludidos.
Es posible —¡y necesario!— que Guatemala cuente con infraestructura de calidad, pero para comenzar la transformación se deben depurar los mecanismos para contratar y ejecutar obra pública, se debe vedar la participación electoral de cualquier contratista del Estado, de los cuales existen varios en la actual legislatura; la Contraloría General de Cuentas debe cumplir con su papel y por ello, entre la nómina para elegir al nuevo titular no debe haber ningún auditor afín al oficialismo. Ni uno.
Además, el Ministerio Público debe esforzarse por lograr condenas en casos como el libramiento de Chimaltenango, para sentar precedentes. La indignación ciudadana se mezcla con el temor a otros desastres, pero se necesita pasar del miedo a la acción para exigir cuentas a alcaldes, ministros y congresistas. A la larga, el peor alud ha sido el del fango de mediocridades, amaños y desvergonzados conflictos de interés.
