Mexico

Buscan certeza jurídica para los inquilinos; redactan iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras el rechazo que causó en la oposición la iniciativa que presentaron legisladoras de Morena para reformar el Código Civil en materia de inquilinos, expertos que participaron en la redacción de esa propuesta expusieron que un objetivo es dar certeza jurídica a los arrendatarios y lograr que en el 100 por ciento de los casos haya contrato de arrendamiento.

En México, de acuerdo con el Inegi, en el 59 por ciento de los casos los inquilinos no tienen contrato de arrendamiento, y esa situación ha sido provechosa para abusos que cometen los arrendadores”, dijo en entrevista, Kalycho Escoffié, abogado especializado en derecho a la vivienda,

Escoffié también contribuyó a la elaboración de la iniciativa que presentaron la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, y la diputada Valentina Batres.

Destacó que la propuesta de que no se permita el desalojo de un inquilino si no existe un contrato de arrendamiento por escrito busca generar incentivos para que los arrendadores “cumplan con el Código Civil”.

María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat consideró que “hemos visto casos donde a los inquilinos les dan sólo un mes para abandonar un edificio porque no hay contrato, y en la mentalidad común se considera que el propietario puede hacer lo que quiera con su inmueble; y son justamente este tipo de abusos los que queremos evitar”.

Emanuelli destacó que además de proponer una serie de reformas al Código Civil, el grupo de expertos del que forma parte está proponiendo al gobierno local poner en marcha una serie de medidas para proteger a los inquilinos en el contexto de la pandemia por covid-19.

En una encuesta que realizaron a mil 498 inquilinos en la ciudad y la zona conurbada detectaron que hubo 56 desalojos que afectaron a 256 personas, de los cuales 59 por ciento están vinculados a la imposibilidad de pago por parte de los inquilinos, muchos de los cuales perdieron su empleo durante la pandemia.

Emanuelli también dio a conocer que 61.5 por ciento de los encuestados expresó que “es muy probable que en los próximos tres meses tengan dificultades para pagar”, situación que pone al descubierto la necesidad de que el Estado intervenga.

Recordó que la recomendación de la ONU al respecto es bloquear los desalojos durante la pandemia “hasta que no se reestablezcan las condiciones previas al inicio de la epidemia”.

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