Mexico

Fortalecer el combate a la corrupción

La semana anterior tuvo un saldo positivo para el Gobierno Federal, no sólo por la visita que realizó el presidente López Obrador a Estados Unidos —calificada incluso por los opositores como una visita exitosa—, sino también por la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y por la autorización de la extradición de España de Emilio Lozoya, quién aceptó colaborar con la justicia a cambio de beneficios que reduzcan su pena. Como muestra de su colaboración, se reveló que Lozoya ofreció grabaciones de audio y video en las que se exhibe el pago de sobornos para la aprobación de la reforma energética.

La detención de ambos personajes es relevante, no sólo para que sean juzgados y paguen por el desfalco que hicieron a las arcas nacionales, sino también para desmantelar el viejo régimen de privilegios que tenía la clase política, en el que cometían un delito y no pasaba nada. Además, la captura de estos personajes abre una oportunidad parar romper el círculo virtuoso de la corrupción, que comienza con las figuras más visibles, pero continúa con una gran cantidad de servidores públicos.

A la par de las detenciones, es necesario impulsar varias medidas que permitan que estos personajes solo sean una excepción y no una regla. No se debe permitir que robar del erario público sea un atractivo para ocupar puestos públicos, por lo que deben de llevarse a cabo las investigaciones hasta las últimas consecuencias, ya que, en reiteradas ocasiones, hemos visto a exfuncionarios que en el peor de las situaciones llegan a estar 4 o 5 años en la cárcel y al salir disfrutan de sus grandes fortunas acumuladas; en algunas ocasiones, incluso les regresan las cuentas congeladas con intereses, como sucedió con un conocido personaje en el sexenio anterior.

Aquí la labor de la Secretaría de la Función Pública es fundamental, porque es su deber investigar a aquellos que al llegar a un puesto público se enriquecen de la noche a la mañana, o a aquellos que al salir de éste, se benefician con la información que obtuvieron en el desempeño de su función. Si de verdad hay interés para que esto cambie, debe dotarse de más facultades para hacer mejor su trabajo.

Incluso que haya auditorías vitalicias y se eleven los castigos para evitar que cualquiera siquiera lo intente.

También es necesario recuperar la mayor cantidad de activos y destinarlos a donde más se necesiten.

A partir de la detención del exgobernador de Chihuahua se dio a conocer que durante su gestión adquirió más de 20 propiedades, y que incluso tenía un rancho más grande en extensión que la propia ciudad de Chihuahua. Imaginemos con el valor de un rancho de ese tamaño, cuántos hospitales se podrían equipar, o cuántos se podrían dotar del equipo necesario para hacerle frente a la pandemia del COVID-19; y eso únicamente corresponde a las propiedades de una persona, aún falta saber a cuánto ascienden los desfalcos de los otros personajes que han sido detenidos o que tienen procesos abiertos.

Consecuentemente, de recuperarse la mayor cantidad de recursos, éstos podrían destinarse a atender los principales problemas nacionales, como el sistema de salud pública o el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad. Hacen falta recursos en el país y lo cierto es que, si invirtiéramos todo ese dinero que se roban, no tendríamos tantos problemas.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).
@ArturoAvila_mx

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