Nicaragua

¿A qué o quién le apuesta la Alianza Cívica?

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), tal y como lo hizo con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), rompió relación con la Coalición Nacional este pasado lunes 26 de octubre. De manera inmediata, las críticas por parte de defensores de la “Unidad” empezaron a aparecer en las redes sociales.

Las críticas al sector privado y, sobre todo, al COSEP son de las más comunes, sobre todo esa que reza “el COSEP sigue pactando con la dictadura”. Sin embargo, es preciso hacer una reflexión sobre esta imprecisión que creo que lejos de ser explicativa, nos aleja de la realidad de esta organización empresarial, su apuesta política y, aunque no representan su totalidad, de la apuesta de la Alianza Cívica misma.

El llamado modelo de alianza, diálogo y consenso entre el COSEP y el gobierno del FSLN está acabado. Seguir diciendo que el sector privado organizado sigue “pactando” con la dictadura es no comprender los deseos, temores, intereses y estrategias que este actor de tanto peso ha reconfigurado a partir de la matanza. Esto no quiere decir, claramente, que no existan vínculos empresariales o no entre capitales individuales y personeros ligados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Así pues, lo que los estudios han documentado por tantos años, es decir, la relación entre institucionalidad democrática y desarrollo económico sostenible, los empresarios lo comprendieron, o se terminaron de convencer,  por las imágenes crudas de jóvenes asesinados. Por tanto, el modelo COSEP ya no tiene cabida; no sólo es indeseable, sino poco estratégico.

¿Hacia dónde quiere ir el COSEP para saber dónde quiere ir la ACJD?

Primeramente, hay que tomar en cuenta que hay una tendencia cada vez más creciente en  América Latina, específicamente, en la relación entre los intereses organizados y su vínculo con el Estado y sus instituciones. Esto es, que los partidos políticos han entrado en una crisis de representatividad, provocando que las asociaciones, las organizaciones sectoriales o movimientos sociales desborden a estos vehículos políticos tradicionales y entren de manera directa en relación con las instituciones públicas, no solo incidiendo en sus agendas particulares, sino en el rumbo de las decisiones generales.

Dicha tendencia es precisamente lo que trataba de expresar la experiencia del Consejo de Planificación Económico y Social (CONPES), suerte de coordinadora amplia y plural en donde el sector privado organizado tenía presencia, teniendo que concertar visiones e intereses con otros sectores de la sociedad civil. Dicha experiencia fue desmantelada y luego, tras la llegada del FSLN al poder en 2006, se abrió paso para que el sector privado organizado en el COSEP, sin necesidad de concertar con otros sectores sociales y políticos, entrara en relación directa con dicho partido en el Ejecutivo, influyendo directa o indirectamente no solo en el rumbo económico del país, sino también en el rumbo político.

En consecuencia, el modelo de Alianza, Diálogo y Consenso entre COSEP y FSLN se convirtió en un modelo corporativo de gestión privada de las decisiones de interés público, precisamente porque la “concertación” se redujo a los intereses entre dos fuerzas con intereses empresariales sin contrapeso alguno: el capital histórico nicaragüense y el capital de los Ortega y Murillo.

En segundo lugar, es preciso agregar que dicha tendencia a que los deseos, visiones e intereses de la ciudadanía desborden a las instituciones partidarias e incluso al Estado, como es el caso de Chile en este momento, jamás se había expresado tanto en los últimos 30 años de historia política nicaragüense como desde el levantamiento popular de abril del 2018 y en la consecuente reconfiguración de la sociedad civil. Se podrían contar decenas de nuevas organizaciones sectoriales que hoy en día se oponen al régimen dictatorial.

Por tanto, frente al quiebre y destrucción del sistema de partidos nicaragüense y el surgimiento de nuevos actores en la escena política, no sería extraño que estos presionen hacia la construcción de una estructura de representación sectorial amplia para entrar en relación de forma más directa con las instancias institucionales del Estado, sin necesidad de tener como intermediarios a los partidos, pero tomándolos en cuenta en su función legislativa. Es decir, un modelo que de verdad represente una instancia de “Alianza, Diálogo y Consenso” entre sectores diversos para decidir el rumbo de la colectividad.

Frente a esto, al sector privado organizado le tocaría la ardua tarea de deliberar, consensuar y construir decisiones que jamás expresarían la totalidad de sus intereses, lo cual resultaría sumamente laborioso e incómodo para el empresariado, ampliamente acostumbrado a dialogar con “parecidos”, a través de su relación de diez años con el FSLN.

Por consiguiente, si el futuro de tal actor tendría que ser sentarse como igual con estudiantes y  campesinos frente al gobierno y el Estado, sería preferible ser Gobierno. Así, aunque los grandes capitales han influido históricamente sobre la política nicaragüense a través del financiamiento de campañas y otros mecanismos, hoy el empresariado organizado en el COSEP le está apostando no a ser un actor más dentro una instancia de concertación, sino a hacerse de las instancias del Estado a través de su capacidad en la ACJD para ganar las elecciones del 2021.

Así las cosas, los grandes capitales y el sector privado organizado buscan como salvaguardar los avances en materia de desarrollo económico logrados en diez años de relación con el FSLN. Sin embargo, ahora orientados por una visión “democrática” que construya y fortalezca institucionalidad y Estado de Derecho, y ya no desde una labor solamente gremial en la sociedad civil, sino tratando de que cuadros y técnicos provenientes de COSEP gestionen el interés de tal sector desde las instituciones públicas.

Esta estrategia está ampliamente documentada y se le ha categorizado como “puerta giratoria”. Para Ana Castellani, experta en estudios sobre Elites, tal mecanismo “alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales”. Esto podría generar muchas consecuencias negativas tales como conflicto de intereses, captura institucional y pérdida de autonomía estatal. En sí, una captura de la decisión pública por parte de las elites empresariales.

Ahora, que el sector privado organizado aspire a tener influencia directa en un próximo gobierno es totalmente legítimo. Sin embargo, es importante hacer notar, además de las consecuencias anteriormente mencionadas, que la plataforma en donde se aglomera este sector, la Alianza Cívica, desde ya actúa como un “gobierno verticalista” en su relación con las demás fuerzas sociales y políticas, con nula o poca voluntad de diálogo.

De esta forma, dicha Alianza ha tomado la decisión de hacer a un lado la Coalición Nacional que ella misma apoyó en su fundación. Esto se debe al cálculo político de que sus miembros podrían no resultar electos como candidatos a cargos públicos, lo cual estropearía el proyecto del sector privado organizado de acaparar las instancias estatales en pro de construir un proyecto con signo empresarial y los anhelos de algunos otros “nuevos políticos jóvenes o no” de hacerse de un pedazo de la Asamblea Nacional.

El sector privado con amplio peso en la Alianza Cívica se encuentra en la disyuntiva entre tener que gobernar en conjunto a otros sectores sociales y políticos en un futuro o perder. Y no hay peor error que seguir pensando que, tal y como sucedía en mayo del 2018, la ACJD posee un gran respaldo del Pueblo. Hace falta más que creerse bendecido por la iglesia, el capital y los EEUU para liderar de manera legítima a las fuerzas opositoras. Hace falta ser verdaderamente democrático y todavía la Alianza está a tiempo de demostrar que sí lo es.

*Ingeniero industrial y estudiante de sociología.

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