Nicaragua

Analistas: OEA ya cuenta con los votos para suspender a Nicaragua

La Organización de Estados Americanos (OEA) ya cuenta, según analistas de temas internacionales, con los 24 votos necesarios para expulsar a Nicaragua del seno del organismo. Estiman que el hecho quedó en evidencia con la aprobación, dentro del Consejo Permanente de la OEA, de una resolución que condenó el arresto de opositores y exigió su liberación “inmediata”.

La resolución obtuvo 26 votos a favor; cinco abstenciones —México; Argentina; Belice; Dominica; y Honduras—; y tres votos en contra: Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, destacó que es la primera vez que una resolución sobre Nicaragua “obtiene un apoyo tan amplio” del Consejo Permanente. En promedio, las votaciones sobre Nicaragua alcanzaban los 20 votos a favor.

Los 26 votos exceden los ⅔ de los Estados miembros, que es el requisito indispensable para poder aplicar el artículo 20 o 21”, dijo el académico. Estos artículos contemplan la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que supone la suspensión del país en cuestión.

El catedrático Ricardo De León, máster en Relaciones Internacionales, comentó que en Nicaragua “muchos esperaban más de la resolución”, pero que “siendo objetivos” una resolución aprobada por 26 países, “muestra un mayor apoyo a la causa democrática en el país”.

Consulta de cancilleres

Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la OEA, adelantó que el próximo paso del Consejo Permanente será una convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres —donde se debatiría la suspensión de Nicaragua—, ya que “cuentan con los votos” para llamar a ese encuentro. 

De León indicó que no existe un plazo para una nueva reunión del Consejo Permanente, aunque puede darse en “un par de meses”. 

“Consideró que antes de noviembre tendrán que pronunciarse si no hay ningún cambio” dentro de Nicaragua, según el catedrático.

La reunión extraordinaria de este martes fue solicitada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y secundado por Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá, Perú, Paraguay y Costa Rica. El encuentro se da a raíz de una escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los dirigentes opositores.

En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado a cuatro precandidatos presidenciales —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga— y a nueve dirigentes de la oposición: José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais, Támara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. A ellos se suman Marco Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), investigada por la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de dinero. La noche de este 15 de junio también fue detenido el presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas Anduray.

En trece de los dieciséis casos, el régimen acusa a los opositores porque supuestamente cometieron “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar la injerencia extranjera”, según comunicados que la Policía y la Fiscalía han publicado para cada uno de los casos.

Caso de México y Argentina

Rocha alertó que “de no revertirse la represión en Nicaragua, es bastante probable que se cuenten con esos (26) votos y pueden aumentar. Hay que tomar en cuenta que entre las cinco abstenciones, dos de ellas son de países que están planteando una propuesta para buscar una salida alternativa al conflicto, que son Argentina y México”.

“De no darse o no cumplirse el hecho que ellos (México y Argentina) tengan acercamientos con el Gobierno; o si ellos también experimentan el mismo rechazo o la falta de voluntad del régimen para resolver (la crisis), hay que asumir que esos votos pasarán de una abstención a un sí. Eso ya sumarían 28 votos”, explicó el académico.

Después de la votación, el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, leyó un comunicado conjunto entre Argentina y México en el que señaló la “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”.

“No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”, continuó Raimundi.

El pasado 11 de junio, en su cuenta de Twitter, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, informó que habló con el canciller de Argentina, Felipe Solá, para “promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.

Para las mismas fechas, el medio de comunicación Infobae publicó que el canciller Solá le presentó a Blinken una “hoja de ruta” para solucionar la crisis en Nicaragua. El primer paso sería la liberación de todos los presos políticos, y la garantía de elecciones libres donde los candidatos opositores compitan en igualdad de condiciones con el régimen.

Última oportunidad al régimen

Para los analistas, la aprobación de la resolución es la “última” oportunidad que la OEA le da al régimen para que regrese a la senda democrática, ya que varios países que, antes se abstenían en las votaciones, ahora han reconocido un deterioro de la democracia nicaragüense.

“Puede ser vista como una de las últimas, sino la última posibilidad de hacer cambios en las políticas del régimen; de no hacerlo, se puede convocar  nuevamente al Consejo Permanente, y ahora sí aplicar el artículo 21”, subrayó De León.

“Ojalá el régimen tome nota de ello y comience acatar lo que la resolución manda. (Porque) no ha sido ambigua, sino bastante directa”, dijo Rocha.

El embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, afirmó que el Gobierno de Ortega no reconoce la legitimidad de la resolución y rechaza cualquier “intromisión” de la OEA por considerar que actúa bajo las órdenes de Washington.

“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, arremetió Alvarado, que interrumpió varias veces la sesión para expresar su desacuerdo.

En el primer punto, la resolución expresa una “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas”.

En el segundo punto, condenan “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”, y piden “la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.

Activistas de la Coalición por la Libertad de Nicaragua realizan un plantón frente a la sede de la OEA en Washington, el martes 15 de junio de 2021. Foto: Efe/ Lenin Nolly

“Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”, según el tercer punto de la resolución.

El documento establece en su último punto: “solicitar a la Secretaría General (de la OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”. 

Pese a que esta Asamblea General se llevará a cabo luego de las elecciones nicaragüenses, Rocha aclaró que estos informes serán presentados antes de los comicios.

“Son informes que se deben presentar sin demora. Es otra señal de que se contempla la posibilidad de aplicar los artículos 20 y 21 para Nicaragua”, aseguró el académico.

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