Nicaragua

Daniel Ortega aislado: 20 de 29 países en la ONU condenan represión en Nicaragua

Para el régimen de Daniel Ortega, el nuevo informe sobre Nicaragua, que presentó  la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fue una derrota diplomática al discurso de normalidad que persisten en intentar vender a nivel internacional. De las 29 intervenciones de los países de la ONU, 20 hicieron eco de las denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de circulación, amenazas y otras formas de intimidación a opositores, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

Solamente ocho países (Rusia, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Irán, Siria, Sri Lanka y Eritrea) respaldaron de alguna manera la posición del régimen de que el informe era “parcial e injerencista”. Una posición neutra tomó el representante de Corea del Norte, Han Tae Song, quien manifestó que la “presión política es contraproducente” y llamó al “diálogo y el entendimiento”.

Canadá (en representación además de Brasil, Costa Rica, Chile y Paraguay), Suecia, Francia, Ecuador, Suiza, Colombia, Países Bajos, Bélgica, Perú, España, Uruguay, México, Luxemburgo, Ucrania, Reino Unido, Alemania, Georgia, Estados Unidos y la representante de la Unión Europea respaldaron el llamado de Bachelet al régimen de Ortega de “adoptar urgentemente” una reforma electoral efectiva para garantizar elecciones “libres, justas y transparentes” así como la liberación de los presos políticos.

Durante la presentación, la representante de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, procuradora general de la República, afirmó que el régimen expresa “su no aceptación y rechazo absoluto” al informe por considerarlo “unilateral, parcializado, carente de objetividad”.

“Todo lo cual confirma la politización y manipulación de los Derechos Humanos en este momento de la historia”, apuntó la funcionaria orteguista que calificó de una “agresión” el documento, al que dijo se suman las voces “desnaturalizadas de los imperios”.

Morales Urbina, leyendo un discurso preparado desde El Carmen, calificó de “desacreditado, deslucido y desfigurado” al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales”, declaró.

Embajadores de países en la ONU denuncian abusos

La embajadora de Canadá, Leslie Norton, en representación de varios países, fue la primera en expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, especialmente por los “reportes de represión contra ciudadanos, periodistas e indígenas, así como los altos índices de crímenes contra las mujeres en 2020”.

“Una vez más llamamos a Nicaragua a que garantice a las víctimas de violaciones de derechos humanos, acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición. También demandamos a Nicaragua que investigue, rápido e imparcialmente las amplias violaciones a los derechos humanos perpetradas en abril de 2018”, manifestó.

Por su parte, el embajador de Ecuador, Alejandro Dávalos, lamentó la falta de cumplimiento del Gobierno de las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y que por ello “siguen impunes las múltiples violaciones a derechos humanos perpetradas desde 2018”.

Una de las recomendaciones del organismo es que se modifiquen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial sobre Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, “de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos”.

“Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes”, explicó Bachelet.

El representante de Ecuador expresó su preocupación “por la aprobación de reformas constitucionales ilegales, incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Preocupa falta de reformas electorales

La delegación de los Países Bajos hizo un llamado al Gobierno “a defender el rol de la sociedad civil, a respetar el derecho a la libertad de expresión, organización y asociación de todos los ciudadanos”.

“Elecciones libres, justas, transparentes y creíbles acorde a los estándares internacionales son esenciales para una solución democrática, pacífica y sostenible, a la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, insistió la embajadora Monique T.G. van Daalen.

El representante del Gobierno de Estados Unidos, Sean García, indicó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que les preocupa las continuas detenciones de manifestantes pacíficos y la represión en contra de medios de comunicación.

“Las amenazas a la vida, la tortura y violencia en las detenciones son inaceptables. Nos preocupan la falta de reformas electorales significativas previo a las elecciones de noviembre”, insistió.

García dijo que las leyes que “limitan la participación de los partidos políticos y los candidatos y que tratan el disentimiento como un crimen de odio o terrorismo, alejan a Nicaragua de las elecciones libres y justas”.

Lamentan más restricciones

La embajadora de Perú, Silvia Alfaro Espinoza, lamentó “que persista  la persecución, el hostigamiento y los ataques frente a los opositores  voces críticas al Gobierno” así como la “impunidad ante documentadas violaciones de derechos humanos”.

Criticó la “falta de cooperación” del Gobierno de Ortega con la OACNUDH y con otras organizaciones regionales de derechos humanos.

Para la embajadora de España, Aurora Díaz Rato, “las cárceles siguen llenas de presos de conciencia y manifestantes, no cesa el acoso y hostigamiento a defensores y periodistas opositores”.

Por ello, insistió que su Gobierno demanda el ingreso al país de los organismos de derechos humanos y el restablecimiento total de los derechos civiles de los nicaragüenses.

La representante de la UE, Linda Ekholm, declaró que las recientes legislaciones como la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la de Soberanía y Autodeterminación de los Pueblos, así como la reforma al Código Procesal Penal y la última reforma constitucional para introducir cadena perpetua, “que imprecisamente define los crímenes de odio, desprecia los derechos civiles y políticos y representa un paso atrás en el cumplimiento de las leyes”.

“Nicaragua carece de cooperación con los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales que han subrayado la necesidad de un mecanismo continuo de monitoreo que envíe actualizaciones regulares al Consejo. La Unión Europea demanda al Gobierno que retome su cooperación con los mecanismos regionales, incluyendo darles el acceso al país, particularmente previo a las elecciones de noviembre”, expresó.

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