Nicaragua

En Nicaragua “hay una censura de prensa física, jurídica, y simbólica”, dice Relator OEA

Ante la censura gubernamental que se sofistica y parece empezar a normalizarse en Nicaragua, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca, enaltece el compromiso social y heroísmo del periodismo nicaragüense que continúa su labor bajo una crisis sociopolítica y de derechos humanos que entra a su tercer año consecutivo. 

“Ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía. Los periodistas se enfrentan a un miedo constante, una zozobra. Nicaragua, es uno de los países donde el Estado se esfuerza más en que ese miedo exista, crezca y genere autocensura”, dijo en entrevista para el programa Esta Semana, a propósito del Día Nacional del Periodista que se celebra en Nicaragua este 1 de marzo. 

Señaló, además, con preocupación, que teme que la censura esté consolidándose y normalizándose en una sociedad en que no existe el Estado de derecho y con un Gobierno que ejerce esa censura desde lo físico, jurídico y simbólico.

Ante las confiscaciones a CONFIDENCIAL y 100% Noticias, leyes represivas, el cierre de organizaciones de sociedad civil, juicios contra periodistas, allanamientos a dueños de medios y el estado policial impuesto por el Gobierno actual, Vaca sostiene el diagnóstico que han hecho todos los organismos locales e internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional: en Nicaragua hay “una crisis de derechos humanos y de atropello a las libertades civiles” y señala que la narrativa oficial, que niega toda acusación e insiste en que en el país reina la normalidad, es un relato que “está empezando a entrar en lo delirante”.

Además, reiteró la disponibilidad de visitar Nicaragua e hizo eco del llamado reciente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, de acompañar en la resolución de la crisis, “pero la puerta la ha cerrado el Estado nicaragüense”.

Pregunta: La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA hace un monitoreo permanente sobre la libertad de expresión en todo el continente, ¿cómo evalúa la confiscación que ocurrió en Nicaragua de dos medios independientes, Confidencial y 100% Noticias?

 Respuesta: Esto es una usurpación arbitraria, que además se ha extendido en el tiempo y que yo creo que debería analizarse desde dos ámbitos. Primero, tal vez uno de los más delicados, es que es un reflejo de la ausencia de un Estado de Derecho. Estamos hablando de una decisión unilateral de usurpación arbitraria tomada por la rama Ejecutiva. 

Si existieran contrapesos institucionales, el Poder Judicial debería haber entrado por lo menos a que esto tuviera una discusión sobre el asidero legal, cosa que no tiene. En cambio, lo que tenemos es una usurpación de facto, una confiscación que refleja el deterioro del Estado de derecho. 

El segundo ámbito es que en Nicaragua  se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura, al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa la censura en el orden simbólico, que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que había intención de que dejaran de operar, un propósito que, al menos en ese edificio es efectivo, pero que es absolutamente estéril para lo que estamos viendo porque el periodismo no ha parado.

P: ¿Qué repercusiones tiene este cierre de medios, ejecutado por el Estado, en particular en un año de elecciones en Nicaragua?

R: La ecuación de la democracia parte de varios supuestos, uno fundamental es la protección a la libertad de prensa. Hablamos de diversidad y pluralidad de voces, no solo aquellas que puedan coincidir con los gobernantes de turno. Particularmente, se protege a aquellas que son críticas de cómo se ejerce el despliegue estatal. 

Lo que tenemos es un rechazo a la controversia, un ánimo a ser impermeable a la crítica y el despliegue institucional, al nivel de, incluso, crear leyes en caso de que le lleguen a faltar instrumentos para asfixiar el debate público.

Esto tiene un impacto en la vida cotidiana de los nicaragüenses. Aquí lo que está en juego y lo que se está intentando sacrificar es el derecho a la sociedad de informarse desde distintos puntos de vista.

Estas restricciones se acentúan en un contexto preelectoral, porque, precisamente, las limitaciones a compartir ideas pueden derivar en una muy reducida oferta de contenidos con los cuales los nicaragüenses irían a las urnas para tomar decisiones sobre su futuro.

 P: Recientemente se dio el segundo caso en menos de seis meses de una condena judicial contra un periodista por supuestas calumnias. Primero, la periodista Kalúa Salazar de Radio La Costeñísima, y hace unas semanas David Quintana, de Boletín Ecológico. ¿Qué piensa de los juicios contra los periodistas, bajo el sistema judicial de Nicaragua?

R: Aquí quisiera retomar lo que hablaba del atropello y la erosión al Estado de Derecho. Uno puede hacer un paralelo: de la forma en la que el Poder Judicial, a pesar de ser convocado, nunca llega a analizar, por ejemplo, la confiscación de sedes de medios de comunicación, (pero) sí llega muy rápido cuando se trata de imponer sanciones a quienes tienen voces disonantes. 

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso del derecho penal para sancionar la libertad de expresión genera una incompatibilidad, es decir, el arma más poderosa del Estado, que es el derecho penal, no debiera ser utilizado para sancionar discusiones de alto interés público, como en los casos que referencias.

P: La ley de ciberdelitos que entró en vigencia en Nicaragua establece como delito propagar información falsa y lo castiga con dos a cuatro años de cárcel. ¿Qué puede hacer la sociedad civil y la población en general para proteger sus derechos de libertad de expresión?

R: Nosotros hemos tenido oportunidad, no solo a nivel del Sistema Interamericano, sino en conjunto con cuatro relatores de Naciones Unidas, de referir nuestra preocupación sobre la ley conocida como de ciberdelitos, como también sobre la ley de agentes extranjeros, en tanto no cumplen los tests internacionales de legalidad, proporcionalidad, fin legítimo y necesariedad, para que este tipo de de leyes puedan ser compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. 

Aquí lo que tenemos es, insisto, un despliegue institucional que cuando falta alguna herramienta, la crea. Y vuelvo sobre la erosión del Estado de Derecho. El Parlamento pareciera emitir leyes, sin mayor debate, que entran directamente a limitar a restar espacio a la garantía de libertades civiles y políticas.

Yo me atrevería a decir que es el capricho y la terquedad del sentir de las posiciones que en este momento están gobernando, que van en total atropello a cualquier voz que pueda cuestionarlos. Y esto es muy serio sobre todo porque estamos atravesando tiempos en los cuales pareciera estar consolidándose.

Temo que esto pueda entrar en un proceso de normalización. La censura no es normal. La censura no es connatural a los regímenes democráticos, es absolutamente incompatible con lo que los países de la OEA se han comprometido internacionalmente a construir. Y temo que en Nicaragua pueda haber una suerte de proceso de normalización.

P: En Nicaragua se asocia la aprobación de esta ley y la ley de agentes extranjeros con el modelo  de la legislación represiva de Cuba y Venezuela. ¿Hay un patrón similar en las legislaciones con las de estos países? 

R: Hay un patrón de desprecio por lo que internacionalmente se conoce como libertad de expresión.

Si uno va a mirar en las actividades parlamentarias de distintos países de la región, claro que se está hablando de la libertad de expresión en Internet, claro que se está hablando de la libertad de funcionarios públicos, pero al nivel de sancionar, por ejemplo, con cárcel… esa expresión es algo que francamente hemos reservado a los lugares donde encontramos espacios más cerrados dentro de la deliberación pública, particularmente los países que mencionaste. 

Cuba, que desde su Constitución plantea una mirada de la libertad de expresión que no es democrática, que no es plural. Y Venezuela, donde, por ejemplo, a finales del año pasado se promulgó una ley anti bloqueo que empieza a ocultar información o a legalizar el ocultamiento de información, una suerte de protección de las medidas de bloqueo que están sobre este país. Entonces, sin duda, estamos hablando de inspirarse en los ejemplos más regresivos.

Pareciera haber una inclinación a tomar las medidas más severas, las medidas más caprichosas y las medidas, sobre todo, que no tienen en cuenta el pluralismo. La democracia no solo depende de la libertad especial, depende de que pueda ser ejercida sin temor a represalias por cualquier persona y esto es lo que está en riesgo.

P: También en Nicaragua vemos casos como el del director de Radio Darío, Aníbal Toruño, cuya casa ha sido allanada de manera ilegal por la policía en tres ocasiones. Aníbal tiene incluso medidas cautelares por parte de la CIDH, ¿ha tenido contacto con Toruño?

R: Me he visto recientemente con él. Tuvimos oportunidad de conversar largamente. Es un caso que nos preocupa mucho. Es un caso como varios en Nicaragua, que refleja tres capas de censura que hemos identificado: una censura física, el romper puertas, el alterar tu espacio privado; hay una censura jurídica, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar. Es clarísimo que Aníbal tiene temor de volver a Nicaragua, yo también lo tendría y cualquier persona en su situación también lo tendría; pero también hay un enfoque desde la violencia simbólica, ninguna persona quiere ver las puertas de su casa rotas, esto es algo que pasa ante personas que lo ven, que saben que él tiene una radio… la relación entre periodismo y esta violencia, a nuestro juicio, está absolutamente nítida y es una herramienta más de la sofisticación de la censura que hemos identificado en Nicaragua.

 P: Con este panorama de confiscaciones a medios, leyes represivas, cierre de organizaciones de sociedad civil, juicios contra periodistas y allanamientos arbitrarios a dueños de medios, ¿cómo se compara Nicaragua al resto de países bajo tu observación?

R: Yo creo que está en un lugar crítico, sería la palabra que yo usaría. Creo que es exageradamente difícil que en las evaluaciones que hace Naciones Unidas, el despliegue que hace diariamente el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, que después de toda la documentación que hacen muchísimas organizaciones civiles, nacionales e internacionales sobre Nicaragua, todos estemos equivocados.

La información rigurosamente recopilada por la Comisión Interamericana Derechos Humanos por varios años, de manera constante y con altos criterios profesionales, nos da la conclusión de que hay una crisis de derechos humanos y de atropello a las libertades civiles.

Del otro lado, encontramos un relato que, a mi juicio, está empezando a entrar en lo delirante. Y lo delirante, si solo operara sobre la casa de una persona, no tiene mucho impacto, pero estamos hablando de un relato delirante que impacta la vida de millones de nicaragüenses. 

Y aquí es donde uno debe insistir en la sensatez. ¿Y qué es lo que correspondería? Proteger a la sociedad civil nicaragüense, a la prensa nicaragüense, que a pesar de todo este entorno adverso, sigue trabajando con un esfuerzo importante, pero que además se puede acabar. Puede haber un agotamiento y para muchos periodistas puede terminar siendo más fácil dedicarse a cubrir otros asuntos, entrar en el mundo de la propaganda antes que seguir asumiendo los costos personales, sociales, gremiales que implica el hacer periodismo independiente.

Lo segundo es, y aquí retomo una invitación reiterada recientemente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas: el Gobierno nicaragüense todavía tiene oportunidad de dejarse acompañar por organismos internacionales, derechos humanos. 

Y un tercer nivel, donde a nosotros nos corresponde estar participando desde la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, es animar un diálogo regional. Puede haber vecinos u otros países de la región que empiecen a ver que si no hay ningún tipo de consecuencia para tener este modelo, por qué no implementarlo también. 

P: ¿En qué nivel de riesgo o peligrosidad ubica las condiciones en que se hace periodismo en Nicaragua?

R: Ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía. No es una labor fácil, creo que se enfrentan a un miedo constante, una zozobra.

Nicaragua, es uno de los países donde el Estado se esfuerza más en que ese miedo exista, crezca y genere autocensura.

P: Y sin embargo, aun los medios que han sido cerrados por el Estado siguen haciendo periodismo. ¿Cómo valora la calidad del periodismo nicaragüense? 

R: El periodismo latinoamericano en general, y ahí incluyo naturalmente al periodismo nicaragüense, tiene una enorme capacidad de resiliencia. Son mujeres y hombres de altísimo compromiso social, que a pesar de la adversidad y con muy pocos recursos logran transmitir contenidos que sirven para que la ciudadanía tome decisiones sobre el futuro, de ahí que sea tan importante tener esta conversación en un año preelectoral, que se pueda reclamar estas garantías a las libertades civiles.

En el momento en que esas voces, ese periodismo nicaragüense, se apague, externamente no vamos a poder tener ningún insumo para poder hacer análisis sobre lo que pasa en Nicaragua.

P: ¿La Relatoría, la CIDH y la OEA tienen alguna capacidad de incidencia ante el estado de Nicaragua, para frenar estas políticas de censura?

R: Nosotros hemos hecho un trabajo de análisis de situación, tanto a nivel legal como a nivel de monitoreo de lo que va a pasando. La disponibilidad de hacer una visita y mirar en terreno la situación la hemos refrendado constantemente, pero aquí se necesita una voluntad de ese acompañamiento. Lamentablemente, es algo que no se tiene en este momento y que ojalá se pueda tener.

La capacidad y la disponibilidad de entrar a ayudar in situ a que esta situación mejore está a la distancia de un mensaje. El problema es la disponibilidad y la apertura para enviar y recibir ese mensaje.

P: Y los Estados representados en la OEA, ¿tienen voz en esa crisis ? ¿Es este un asunto político o de libertad de prensa? 

R: La organización tiene distintas unidades de trabajo. A nosotros nos corresponde hacer un monitoreo, una evaluación, recomendaciones en materia de derechos humanos. 

La información está disponible, las recomendaciones son públicas. En el ámbito en el cual ojalá se pueda avanzar es mucho más el de diálogo político, que no corresponde tanto a la entidad en la cual yo estoy ubicado.

La disponibilidad de entrar como apoyo técnico en derechos humanos está, pero la puerta la ha cerrado políticamente, ni siquiera la CIDH, la ha cerrado el Estado nicaragüense.

Ojalá, más pronto que tarde, pueda haber una reconsideración de esa terquedad, porque lo que está en juego ni siquiera es un gobierno. Estamos hablando de que lo que está en el centro de la conversación son los derechos humanos de las y los nicaragüenses.

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