Nicaragua

Expertos internacionales: el tiempo “juega a favor” de las víctimas del régimen

Almudena Bernabéu y Reed Brody, reconocidos abogados en el ámbito internacional por llevar a violadores de derechos humanos ante la justicia, analizaron este miércoles algunas de las posibilidades que a nivel internacional existen para que las víctimas de la represión en Nicaragua tengan acceso a la justicia, afirmando que pese a que ésta puede —en algunas ocasiones— “tardar varios años” en llegar, en realidad ese tiempo puede traer “efectos positivos” en el proceso de búsqueda de justicia.

El análisis fue expuesto durante el conversatorio sobre “Casos de justicia universal ante crímenes de lesa humanidad, lecciones para Nicaragua”, moderado por el periodista salvadoreño Carlos Dada, y organizado por la revista digital Divergentes y la Coalición por la Justicia en Nicaragua.

Almudena Bernabéu, directora del Centro Guernica por la Justicia Internacional, explica que “el tiempo” que tardan las víctimas —de violaciones a derechos humanos como las que se han cometido en Nicaragua desde abril de 2018—, en tener acceso a la justicia “no debe ser visto como fuente de frustración, sino como fuente de posibilidades” y  “efectos  positivos”.

La abogada indica que, en muchas ocasiones, en el lapso que llega el acceso a la justicia se logra que “los malos” o perpetradores de violaciones a derechos humanos “se despisten”, “se descuiden”, “empiecen a viajar, a relajarse” y esto permite que se den las condiciones para que sean atrapados y juzgados fuera del país donde perpetraron los crímenes.

El abogado estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, afirma que para iniciar a procurar justicia para las víctimas de la represión en  Nicaragua, lo primero que se debe hacer —tal como organizaciones nicaragüenses de víctimas lo han hecho— es “movilizarse” y “documentar los crímenes con nombre, con fechas, y también el organigrama, toda la cadena de mando, saber quién dio la orden, en qué momento y encontrar documentos”.

Posibilidades de justicia en la CPI 

Explica que desde la arquitectura de la justicia internacional hay niveles, como la Corte Penal Internacional y lo que se conoce como jurisdicción o competencia universal, desde donde se podría intentar que los nicaragüenses, que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, accedan a la justicia.

Brody indica que parte de las limitaciones, en el caso de Nicaragua, para el acceso a la justicia a través de la Corte Penal Internacional es porque “depende mucho de que un Estado haya ratificado el tratado (de Roma) o que haya cometido crímenes en un territorio que haya ratificado”.  Nicaragua no es signatario de este tratado.

Destaca que los perpetradores de violaciones a derechos humanos pueden ser presentados ante la Corte Penal si el Consejo de Seguridad lo solicita, aunque recordó que el régimen de Daniel Ortega cuenta con aliados —como Rusia— en la Organización de las Naciones Unidas que, seguramente, se opondrán en caso que se diera dicha situación.

Transferencia de jurisdicción ante la Corte 

Bernabéu apunta que —aunque compleja— “existe una posibilidad de transferir jurisdicción ante la Corte”, para que el caso de Nicaragua sea investigado en esa instancia.

La experta explica que, aún si no ha iniciado una transición de Gobierno en Nicaragua, “un país que sufre las consecuencias de los acontecimientos” que ocurren en territorio nicaragüense, que sea “miembro o ha suscrito la jurisdicción de la Corte, puede solicitar a la Corte que investigue los hechos criminales, los acontecimientos al país en cuestión”.

La abogada ejemplifica, de manera “hipotética” porque considera que Costa Rica no está “políticamente en ese espacio”, diciendo que el Gobierno de Costa Rica al haber recibido un número importante de exiliados de Nicaragua como consecuencia de la represión estaría posibilitado a transferir esa jurisdicción ante la Corte.

Subraya que dicha opción es un referente de una exploración que han realizado con otras situaciones y “no hay una respuesta concreta de la Corte, es decir, no ha habido una respuesta definitiva, hay una respuesta de la Fiscalía, pero no hay una posición determinada de la Corte”.

Jurisdicción universal: trabas y oportunidades

En cuanto a la jurisdicción universal, a través de las cuales los países pueden juzgar a los violadores de derechos humanos de acuerdo a sus legislaciones, Brody indica que el trabajo es “político y jurídico”, pues depende de lo que cada país disponga, ya que en la mayoría se establece que “antes de empezar un caso contra alguien hay esa decisión de que tiene que estar en su territorio”. 

En otros países, detalla, también tienen como requisitos que algunas de las víctimas estén en sus territorios o que uno de sus ciudadanos haya sido víctima de dicho violador de derechos humanos.

Es por ello que, indica, “el trabajo que en realidad llegamos a llevar a cabo, personas como Almudena y yo, es 90% político, o sea, los crímenes están establecidos normalmente, como sería en Nicaragua, como han habido en otros países, y nuestro trabajo consiste en presionar y elevar el costo de los países de no aceptar su competencia, de ignorar los crímenes cometidos y, justamente en eso… es donde se podría iniciar un caso aún cuando el perpetrador acusado no se encuentra en ese país”.

Añade que parte del éxito de la justicia internacional a través de la jurisdicción universal tiene también mucho que ver con la organización de las víctimas o familiares de las víctimas, que estén dispuestas a monitorear, avisar, registrar y gestionar que el caso sea tramitado, una vez se cumplan con los requisitos que cada país dispone.

El Grupo de Expertos Independientes de Nicaragua (GIEI), en diciembre de 2018, señaló al régimen de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) registra un total de 328 víctimas asesinadas en el contexto de las protestas sociales que iniciaron en abril de 2018. Actualmente, más de 100 personas permanecen encarceladas por razones políticas y centenares tuvieron que exiliarse por la persecución orteguista.

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