Nicaragua

FSLN propone reformas “cosméticas” que mantienen control partidario en estructuras electorales

La bancada del Frente Sandinista presentó este lunes 12 de abril una iniciativa de reforma electoral que mantiene por igual el control partidario de las estructuras del sistema electoral, dominado por el orteguismo; le entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional, principal brazo represor del régimen, y restringe el financiamiento para los partidos políticos opositores. La iniciativa ya está en la agenda legislativa del parlamento, controlado por el orteguismo que cuenta con 70 de 91 votos.

La reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, además de las Juntas Receptoras de Votos.

Para disfrazar los supuestos cambios, los diputados orteguistas proponen que estas estructuras sean conformadas en el marco de una “equidad de género”, con un 50% de miembros hombres y el otro 50% mujeres.  Sin embargo, no hace una sola mención de cambios que garanticen que las estructuras electorales operen con independencia e imparcialidad.

La equidad de género igualmente tiene que ser cumplida en las listas de los candidatos a los cargos de elección popular, juntas directivas y fiscales de los partidos políticos que harán presencia en las Juntas Receptoras de Votos.

Reforma FSLN agrega segregación e inhibiciones

Otro punto propuesto por los diputados leales al régimen es que se establezca de manera expresa y tajante para prohibir a partidos políticos, alianzas o candidatos a cargos de elección popular recibir de manera directa e indirecta financiamiento para sus actividades electorales provenientes desde el exterior, “de ninguna índole, bajo ningún concepto y para ningún fin”.

También se propone como otras restricciones que esta iniciativa de reforma asuma lo establecido en las leyes represivas aprobadas por la dictadura, como la Ley Regulación de Agentes Extranjeros, una ley que abre las puertas al espionaje gubernamental de todas las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil y políticas opositoras y la Ley de Soberanía y Autodeterminación para la Paz, denominada como “Ley Guillotina”, que busca inhibir candidatos opositores, argumentando la supuesta vinculación de estos a las protestas civiles de 2018, que el régimen las califica como un “intento de golpe de Estado”.

Otro punto de reforma es el referido al artículo 89, el cual establece que será la Policía la que autorice las actividades de los partidos políticos en la vía pública. Los partidos políticos o alianzas de partidos políticos deberán presentar a la Policía, con copia al Consejo Supremo Electoral, una solicitud para la actividad en la vía pública con el todos los detalles de la misma: hora, día, lugar y trayecto. Esta tiene que ser presentada con una semana de anticipación, y la Policía tendrá 48 horas para resolver sobre la misma.

Actualmente, se establece que es el Consejo Supremo Electoral el que aprueba estas actividades en la vía pública, como mítines o marchas partidarias, y la Policía se encarga de brindar seguridad y acompañamiento a las actividades para prevenir cualquier incidente. Sin embargo, desde septiembre de 2018, tras la matanza y represión contra las protestas ciudadanas de ese año, Nicaragua vive bajo un estado policial de facto.

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